De turistas ucranios a refugiados de guerra

Hace menos de una semana la familia Nemchuk estaba tomando el sol en una playa de arena negra de Lanzarote. Habían encontrado unos billetes muy baratos, así que Anastasiia y Alex cerraron su casa de madera en Odesa, a orillas del mar Negro, y dejaron al loro y al rottweiler con unos amigos para irse de vacaciones con sus cinco hijos. “Queríamos enseñarles el océano Atlántico”, cuenta la madre. Anna, la mayor, de 15 años, insistió en llevarse su violín y ensayar para una audición que tenía en abril, pero sus padres, cargados de trastos, la convencieron: “Venga, es solo una semana, ya ensayarás a la vuelta”. Pero estalló la guerra.

La familia, con las mejillas aún sonrojadas por el sol, está hoy en un centro de acogida para refugiados del Ayuntamiento de Madrid. Pasaban por la capital con la idea de alquilar una autocaravana y pasearse por Toledo, pero al aterrizar en Barajas, el pasado día 24, justo con el comienzo de la ofensiva rusa, su aerolínea les informó de que su vuelo estaba cancelado. Sus tarjetas de crédito comenzaron a fallar y se les agotó el dinero.

Los más pequeños, de dos, cuatro, ocho y diez años, corretean por el recinto ajenos a todo, pero el matrimonio, un ingeniero y una fisioterapeuta dedicada a sus hijos, está aún en estado de shock. Les costó un par de días asumir que no volverían a casa. De hecho, aún no lo han asumido. “Poco a poco estamos asimilando que esto no van a ser unos días. Sabíamos que había problemas, pero no podíamos imaginarnos una guerra”, mantiene Anastasiia, de 36 años. “No sabemos muy bien qué vamos a hacer. No sé si vamos a ser refugiados, ¡hace dos días éramos turistas!”, añade. “¡Qué locura!”, exclama su marido, de 57, llevándose las manos a la cabeza.

Los Nemchuk, así como decenas de compatriotas que ya están varados en diferentes ciudades españolas, son unos de los primeros ucranios de los que España tiene que ocuparse. Pero que la primera palabra que hayan aprendido en español sea “cita” da una idea del reto que supondrá estirar un sistema al que hace tiempo le han estallado las costuras.

La cita, el primer trámite que hacen todos los solicitantes de asilo para registrar ante la policía que buscan protección, no existe. Al menos en Madrid. La página, con información solo en castellano, se cuelga y la gente navega de un enlace a otro desesperada. Dimitri, un joven ucranio, que huyó desde Rusia cuando estalló el conflicto, aparece con su móvil con la página del Ministerio del Interior abierta. “No hay, no se puede, no sé como hacerlo”, se queja.

El atasco burocrático que afrontan hoy los ucranios es el que llevan meses sorteando el resto de potenciales refugiados, latinoamericanos en su mayoría. De las 350 personas que el lunes estaban en este y en otros dos centros municipales, más del 80% no había conseguido aún hacer la entrevista que formalmente les da acceso a los recursos de acogida estatales. Y además el 36% ni siquiera existe para el sistema porque sin citas no han podido registrar que quieren pedir asilo. Sin la entrevista, Migraciones suele hacer una excepción y acoge, pero sin el registro de la voluntad de pedir asilo, que también depende de Interior, no se da la plaza.

Si Marina no tuviese dos hijos de cinco y nueve años volvería andando a Ucrania. A luchar, si hiciese falta, asegura. Esta cajera de una gasolinera, de 37 años, se debate entre la culpabilidad y el alivio. Su marido, que trabaja en una farmacia, les regaló unas vacaciones en Madrid y ahora ellos están aquí y él obligado a incorporarse a una milicia armada que protege su ciudad, Irpin, en la provincia de Kiev. “Me siento culpable porque quiero acompañarle, pero me alegro de que mis niños estén protegidos”, explica.

Tampoco ella se imaginó que comenzaría una guerra. “Tenemos un conflicto desde 2014, pero yo no me metía con la política. Me paso el día trabajando y ocupada en cuidar de mis hijos y la casa. Ni en sueños podría imaginarme esto”, explica. “Su hotel estaba pagado hasta el día 26 y, ya sin techo y sin apenas dinero, se sentó en el banco de un parque a llorar. Una mujer se acercó y aunque no se entendían llamó a Emergencias. El Samur la llevó al centro de acogida. Al preguntarle por sus planes, rompe a llorar. Primero, porque teme no volver a ver a su marido. Después, por qué no tiene idea de qué pasos seguir. “No sé qué hacer, dijeron que iban a ayudarme, pero aquí están todos muy ocupados. No sé sacar esa cita”.

Objetivo: agilizar las acogidas

Está previsto que este jueves el Consejo Europeo active por primera vez la directiva de protección temporal para acoger ucranios que huyen a raíz del conflicto. La norma permitirá dar autorizaciones de residencia y trabajo de forma inmediata, sin que sea necesario iniciar el largo proceso del asilo y una yincana por las citas, pero el Gobierno, según fuentes conocedoras del proceso, aún no sabe cómo hacerlo. Y hay discrepancias. Mientras que hay sectores de la Administración que abogan por ofrecer trámites automáticos para evitar tapones; otros defienden que se añadan procesos de filtrado como entrevistas. No está claro tampoco aún cómo afectará a los ucranios a los que les pilló la guerra mientras viajaban como turistas o por trabajo. La acogida, también garantizada por la directiva europea, será otro cuello de botella.

La propia existencia de este centro municipal de 300 camas, en un ámbito que es competencia nacional, es el reflejo de la saturación con la que España afronta este reto inédito. El Ayuntamiento de Madrid abrió este lugar a comienzos de 2020 después de meses en los que decenas de familias latinoamericanas que buscaban asilo acabaran durmiendo a la intemperie porque el sistema no podía atenderlas. No era un recurso permanente, pero sigue abierto —y lleno— hasta hoy. En noviembre, el alcalde José Luis Martínez-Almeida acabó escribiendo una carta al ministro José Luis Escrivá, con quien tiene buena relación, para recordarle que su ministerio tardaba “cada vez más” en asumir la acogida de los solicitantes. Una media de 75 días, en vez de los 15 pactados. La carta aceleró las derivaciones, pero no tanto como le gustaría al Ayuntamiento.

Ayuntamientos y comunidades autónomas entregarán una relación de plazas que pueden ofrecer, para que a su vez España informe a la Unión Europea de sus capacidades. Pero la política de brazos abiertos que en momentos como este se pregona en los medios es mucho más compleja —y menos generosa— cuando hay que ponerla sobre el papel. De momento, la Secretaría de Estado de Migraciones, que afronta este momento con poco más de 150 camas libres, ha anunciado la apertura inmediata de 500 plazas en Madrid. Migraciones no descarta que haya que abrir hoteles. La capital incluso contempla habilitar polideportivos.

Cae la noche del lunes en el centro de acogida y decenas de personas peregrinan hasta la cocina para recoger las cestas de alimentos para la cena. Los ucranios se despiden ansiosos por más información que pueda aclararles su futuro en España. En la puerta, con el frío ya calando en los huesos, Pedro, su mujer y sus dos hijos, venezolanos recién llegados a la capital buscando refugio, preparaban unas mantas para pasar la noche a la intemperie.