Hacerse el enfermo para dormir en un hospital: la odisea de una familia venezolana en busca de asilo y techo
El colapso del sistema para solicitar protección internacional satura los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid y deja a miles de migrantes a la deriva
La primera noche después de quedarse sin techo por impago de su habitación, y tras peregrinar por un par de albergues municipales, la familia de los Peña Mora se plantó en la puerta del Samur social hasta las 22.00. Necesitaban un lugar para refugiarse, el termómetro rozaba los cinco grados y descontando. Marisela Mora (Venezuela, 38 años) se empezó a desesperar: “Los niños temblaban de frío, lloraban y yo no tenía cobijas [mantas]”, señala esta madre de tres niños, que confiesa que se le “partió el alma” al ver así a los críos. Una empleada del Samur les advirtió de la falta de plazas. Les sugirió irse al aeropuerto, donde decenas de personas sin hogar se refugian cada noche, o a un hospital cercano.
Eligieron la segunda opción. Se fueron a La Paz. “Nos quedamos a un ladito, como si fuéramos a una urgencia, casi que escondidos para que no nos fueran a sacar”, describe la madre. Pasaron la noche de este miércoles sentados en la sala de espera y el jueves se levantaron al despuntar el sol para llevar a los niños al colegio al que asisten en el norte de Madrid. Desde que llegaron a la capital, en noviembre de 2023, intentan solicitar asilo diariamente.
Al ser de Venezuela, un país sumido en una debacle económica y social, tienen una altísima tasa de acogida por razones humanitarias, pero el sistema está colapsado, no hay citas y ni siquiera han logrado presentar la documentación. España recibió 163.000 solicitudes en 2023, el número más alto registrado, un tercio más que en 2022. El Ayuntamiento se queja del desborde de los servicios de emergencia por el atasco de solicitantes de asilo que esperan en un limbo a que alguien conteste el teléfono para darles una cita.
La familia llegó a España el 29 de noviembre de 2023 con la ilusión de encontrar “un trabajo y buscar un mejor futuro”. Bastaron días para que se esfumara el espejismo. “No sabíamos que eran tan difícil conseguir la cita del asilo para comenzar a trabajar”, confiesa Mora, quien llama ininterrumpidamente en busca de una citación. Se pasa el día de un lado para el otro, en busca de una habitación para su familia, siempre con el teléfono en altavoz dentro del bolsillo de la chaqueta, en llamadas con la Oficina de Asilo y con algunas comisarias que pueden alargarse varios minutos. Nadie contesta.
Ella telefonea hasta las 20.00, incluso cuando sabe que el horario de atención termina una hora antes. Esta impotencia es bien conocida por cientos de migrantes de todo el mundo que, cansados de esperar una respuesta al otro lado de la línea, han presentado sus quejas este martes ante el Defensor del Pueblo, respaldados por una veintena de ONG, para denunciar la imposibilidad de iniciar el trámite, que por ley debería realizarse en un plazo máximo de un mes a partir de la llegada a España.
El Ministerio de Interior afirma que han aumentado la plantilla de 60 a 300 funcionarios ante el crecimiento desbordado de solicitudes: 163.218 en 2023, aunque solo 12 de cada 100 registros se resolvieron a favor de los solicitantes. La situación ha empeorado con el cambio del sistema de los turnos para solicitar el asilo. Con el argumento de evitar que hackers acapararan las citas para revenderlas, el Gobierno dio a cada comisaría la potestad de elegir cómo gestionar los trámites, ya sea por correo electrónico o por teléfono, pero el personal no ha dado abasto. El ministerio no contempla más medidas para agilizar la tramitación de asilo, ha puntualizado a EL PAÍS.
Sin soluciones del Ejecutivo, el Ayuntamiento sostiene que no quiere pagar los platos rotos por una problemática que considera que no le corresponde. El Consistorio ha señalado a este diario por escrito: “Si el Gobierno central no drena, el Ayuntamiento pierde su capacidad de dar entrada a nuevas personas”. Afirma que sus albergues están al 100% de ocupación. “Esta atención municipal, que debería ser transitoria, se está prolongando y cronificando en el tiempo”, escribe Cibeles, que cifra en 48 días el promedio de permanencia de los migrantes en los refugios temporales.
La cronología del colapso de Venezuela se puede narrar a través de la historia de la familia Peña Mora. En el 2011 tuvieron al hijo mayor, Ferdinand Santiago, de 12 años, para quien lo más agobiante del actual peregrinaje en busca de techo es no cumplir con los deberes del colegio. En ese entonces la escasez apenas asomaba la cabeza, pero dos años después, cuando nace David Fernando, de 10 años, Mora recuerda que “ya era una odisea conseguir pañales y leche”. La menor, Diana Marisela, de ocho años, conoció el mundo cuando la crisis mostraba su cara más feroz. La madre “improvisaba los pañales con bolsas de plástico y trapitos, no se conseguía leche y el azúcar ya la vendían por cucharitas”.
El padre, que llegó en 1992 a Venezuela tras huir de la guerrilla en Colombia, fue policía en la ciudad de Barinas para después dedicarse a la construcción, aprendida de su padre, hasta que los materiales comenzaron a escasear y la industria se paralizó. Arrinconados por pérdida de poder adquisitivo, comenzaron a meditar la idea de migrar a España, siempre disuadidos por el temor a lo que pudiera salir mal, “principalmente por los niños”, repiten ambos padres. Un día, pusieron en venta la casa que Peña había construido con sus propias manos.
“Si la vendemos, nos vamos”, pensaron. Meses después, recibieron 7.000 dólares por el patrimonio de toda su vida. Alcanzó para comprar los billetes a España y pudieron reservar mil euros para los primeros días. Poco más. No alcanzó para sacar los pasaportes —que en Venezuela son carísimos y difíciles de tramitar—. Así que Ferdinand cruzó la frontera con sus hijos para conseguir el documento de viaje en Colombia. Finalmente, dejaron Barinas, una pequeña ciudad en las llanuras del río Santo Domingo, donde Ferdinand y Marisela se habían conocido casi 20 años atrás, mientras él patrullaba el barrio donde vivía ella.
El Estado español tramita favorablemente el 99% de las solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos, principalmente por razones humanitarias, vía por la que 40.574 venezolanos obtuvieron protección del Estado en 2023, según cifras del Ministerio del Interior. Tal grado de aceptación solo es comparable con países como Ucrania, con el 100% de solicitudes aprobadas, o con países de África en crisis, como Malí y Sudán, con tasas por encima del 90%. Ferdinand parece consciente de eso porque repite constantemente: “Nosotros solo necesitamos que nos den la cita para pedir el asilo”. El resto, se lo quieren ganar trabajando.
Con la tarjeta blanca, concedida a los solicitantes de asilo cuyo trámite está en proceso, esta familia podría aspirar a un empleo en seis meses y, mientras tanto, a la ayuda de organismos como la Cruz Roja para aliviar su situación habitacional. Pero sin ese documento, solo pueden apelar a los servicios de emergencia del Ayuntamiento o alberges de ONG, disponibles apenas por días. “Es horrible esta situación. Me preocupan mis niños, verlos de un lado para otro, estresados, llorando. El mayor me decía que tenía deberes que hacer. Es horrible mandarlos así al colegio”, lamenta Mora.
Ferdinand ha probado conseguir dinero en plaza Elíptica —esa rotonda donde decenas de inmigrantes esperan cada día a que venga una furgoneta desconocida con una oferta laboral efímera—. “A veces logra que se lo lleven por horas a botar escombros o como ayudante de construcción”, relata Mora. No quieren forrarse. En palabras de Peña: “Queremos conseguir nuestras cosas aquí, que los niños elijan qué quieren estudiar y tengan un mejor futuro…”. El padre desenfoca la mirada en el horizonte, como hurgando en un pasado lejano antes de terminar la frase: “Tener las cosas aquí, normal, como las tuvimos en Venezuela el tiempo que estuvimos tan bien”.
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