La desesperación de quienes quieren pedir asilo en España: “Es frustrante poner tu vida en pausa porque no te responden al teléfono”

Como cada mañana desde hace cinco meses, Harouna Conte, un guineano de 22 años, ha llamado al 91 322 01 89 con la esperanza de que, por fin, su futuro pueda empezar a aclararse. La respuesta ha sido la de siempre: nadie responde el teléfono. Escuchar una voz al otro lado de la línea es su única opción para conseguir la cita necesaria para iniciar su procedimiento de petición de asilo. Su caso es el de cientos de personas en toda España. Este martes, más de un centenar de afectados y una veintena de ONG han presentado una queja conjunta ante el Defensor del Pueblo para denunciar la situación. La falta de citas, advierten, “niega a los migrantes el acceso a derechos básicos” y lleva a España a” incumplir la legislación europea” en materia de asilo.

Nunca antes ha habido tantos demandantes de asilo en España, pero a la vez, cada vez es más complicado iniciar un trámite que exige una cita previa a la vez obligatoria y prácticamente imposible de obtener. Hasta mayo de 2023, las citas se pedían por internet, pero el sistema era vulnerable a ataques de hackers que acaparaban las citas y luego las vendían por hasta 200 euros. Y se pagaban, porque era la única forma de lograrlas. La Policía acabó deteniendo al supuesto hacker que presuntamente controlaba un pelotón de bots para controlarlas, pero el problema continuó y se acabó con la opción de pedirlas en línea. Para resolver la cuestión de los ciberataques, la Policía decidió, unilateralmente, dar a las comisarías la potestad de elegir su propia manera de gestionar las solicitudes. Se ofrecieron correos electrónicos y teléfonos a los que dirigirse, pero la insuficiencia de personal para atender al aluvión de peticiones ha complicado aún más el acceso, según denuncian las ONG. Esta solución era provisional, en teoría, pero no hay visos de que haya una nueva alternativa en el horizonte.

Fuentes policiales reconocen el problema, pero esgrimen que no está en sus manos encontrar una solución, que pasaría por crear un sistema informático capaz de ofrecer citas en internet, pero también de frenar a los hackers. El Ministerio del Interior destaca que la Oficina de Asilo y Refugio ha multiplicado por cinco (de 60 a 300) sus empleados para reforzar la plantilla y hacer frente al aumento de solicitudes. Interior obvia que este aumento en la plantilla no tiene impacto en lo que los migrantes demandan, es decir, en el acceso al procedimiento, ni tampoco en las entrevistas que deben hacer los solicitantes posteriormente, sino que son funcionarios que se dedican a estudiar los expedientes una vez formalizada su petición.

A pesar de las dificultades de acceso, España batió el récord en 2023 con 163.218 solicitudes registradas. Vistas las denuncias constantes desde hace meses, esta cifra no representa la cantidad de personas que hoy en día tienen la intención de pedir asilo. El problema preocupa a Acnur. La agencia de la ONU para los refugiados valora que, en los últimos años, hayan aumentado los recursos destinados a resolver los problemas de acceso, pero advierte de que el esfuerzo es “insuficiente”. Y añade: “Es fundamental que quienes quieran pedir asilo en España puedan ejercer ese derecho dentro de unos plazos razonables. La situación de demoras está dejando a muchas personas en situación de vulnerabilidad”.

La vulnerabilidad a la que se refiere Acnur está muy vinculada a la situación de irregularidad en la que se quedan aquellos que quieren pedir asilo y no pueden. Un maliense que huye de la guerra, por ejemplo, acaba llegando en cayuco a España para vivir en un lugar seguro y, aunque su nacionalidad es una de las que tienen una tasa de reconocimiento más alta, encontrará múltiples obstáculos —entre otros el idioma— para pedir una cita y terminar su proceso. Sin poder iniciar el procedimiento, es considerado un inmigrante en situación irregular, sin derecho a trabajar, con dificultades para el acceso a la Sanidad, según la comunidad autónoma en la que viva, y problemas para alquilar un lugar en el que vivir. Tampoco podrá abrir una cuenta bancaria ni matricularse en multitud de opciones formativas. Si tuviese más facilidades para acceder al procedimiento, tendría garantizados unos derechos mínimos hasta que se resolviese su solicitud y podría, por ejemplo, trabajar a los seis meses.

Una situación parecida es la que viven cientos de personas que han llegado en los últimos meses a Canarias. En la manifestación de este martes, por ejemplo, había muchos de los residentes del campamento militar que se ha habilitado en Alcalá de Henares para acoger a 1.700 —algunos, menores de edad—. Ninguno ha podido pedir asilo hasta ahora, algo que los deja sin opciones para abandonar un centro de acogida en el que las condiciones son “durísimas” según sus testimonios. Algunos de ellos han conversado con EL PAÍS para contar su situación.

Harouna Conte, guineano de 22 años, ha vivido de todo a su corta edad. Con solo siete años, vio cómo su familia era asesinada por el ejército durante las protestas del 27 de septiembre de 2009 en Conakri, en las que 157 personas perdieron la vida por manifestarse en contra de la junta militar que gobernaba el país. Tras escapar vivo de milagro, fue adoptado por otra familia que se encargó de él hasta que cumplió 18 años. Entonces, su padre adoptivo lo enseñó a conducir y lo llevó a Marruecos para que encontrase trabajo, pero acabó en condiciones de semiesclavitud en una plantación de tomates en la que permaneció unos años. Tiene miedo de volver a su país, afirma, ya que conoce varios casos de persecución de personas que, como él, son testigos de lo sucedido en 2009. Llegó a Canarias en una patera en noviembre junto a otros 54 migrantes y desde diciembre, permanece en un limbo en el CAED de Alcalá de Henares. Su objetivo: poner en práctica lo aprendido por su padre adoptivo y ser conductor de autobuses en Madrid.

Al ser cuestionado por la historia que lo empujó a dejar su país, Senegal, Abdou Khadar, de 33 años, se da cuenta de que es un desplazado climático. Era pescador en Saint-Louis, al noroeste de Senegal, hasta que el avance del mar acabó por tragarse su casa. La población local protestó por la situación y demandó al gobierno senegalés que los trasladasen a otro lugar en el que poder vivir, pero la respuesta siempre fue la misma: represión. Por protestar, acabó fichado por las autoridades y escapó del país por miedo a represalias. Explica que en los últimos años, la crecida del nivel del mar se hacía cada vez más patente, pero que ese no era su único problema. “Cada vez venían más barcos internacionales a pescar con permiso del gobierno senegalés a cambio de dinero, pero los que lo sufrían eran las poblaciones locales, que cada vez tenían más difícil encontrar peces”. La falta de respuesta por parte de las administraciones españolas le tiene angustiado. Su único objetivo es “trabajar de cualquier cosa”. De cualquier cosa, menos una: “preferiría no volver a ser pescador”, sentencia.