El Gobierno se aferra al respaldo social de la primera reducción de jornada en 40 años para presionar a PP y Junts

Yolanda Díaz tiene de nuevo un hito de gestión al que aferrarse para dar la batalla política y demostrar la utilidad del Gobierno de coalición: el Consejo de Ministros ha aprobado al fin la primera reducción de jornada laboral, de 40 a 37,5 horas semanales, en los últimos 42 años, después de la que hizo Felipe González en 1983, nada más llegar al poder. Entonces, como ahora, la patronal también estuvo en contra. En 1983 se pasó de 48 (8 horas diarias, seis días a la semana) a las 40 horas actuales (8 horas diarias, cinco días). Y justo este miércoles se cumplen 106 años del otro gran hito: la durísima huelga de la Canadiense, en Cataluña en 1919, que logró la implantación de las 8 horas diarias de trabajo en España.

La gran diferencia con 1983 es que ahora el Gobierno no tiene mayoría absoluta, al contrario que González, y la patronal cree contar con mecanismos de presión, especialmente en el PP y en Junts, para que rechacen la medida cuando llegue al Congreso. Sin embargo, tanto Díaz como el sector socialista del Gobierno, que han pactado de momento ocultar en público las diferencias fuertes que han mantenido y que siguen latentes sobre esta reforma, empezaron este martes a desplegar una estrategia de presión y negociación. Ambos partidos confían en aprobarla con dificultades pero con éxito, de la misma manera que en el último momento, de rebote y por un error del PP, salió adelante la reforma laboral: apelando a la calle y a los beneficios para los trabajadores.

“Cuando una reforma está ganada en la calle, es muy difícil buscar razones para tumbarla. Negociaremos todo lo que sea necesario”, aseguró Díaz, que abrió la puerta a tratar con Junts, algo que de hecho ya ha empezado de forma discreta —ella misma ha hablado con Carles Puigdemont de este asunto— pero sobre todo está centrando su estrategia en presionar al PP. Díaz está convencida de que Alberto Núñez Feijóo se equivocará si vota “no” a la reducción de jornada, como hizo Pablo Casado con la reforma laboral en 2022, algo que en la cúpula actual del PP está asumido como un error. Díaz apela al Feijóo que fue al congreso de UGT, que en Galicia siempre reivindicaba al PP como el “partido de los trabajadores”, para que rompa con Vox y se anime al menos a abstenerse, como ella cree que debería haber hecho con el decreto ómnibus que contenía la subida de las pensiones.

La base política de la que parte Díaz y el Gobierno es que la reducción de la jornada, según las encuestas, tiene mucho apoyo (dos de cada tres consultados) no solo entre los progresistas sino también entre los trabajadores que votan al PP. “El PP tiene que decidir si va a utilizar esta reforma para reconciliarse con los trabajadores, entre los que están millones de sus votantes, o va a cometer el mismo error que tuvo con la reforma laboral. 137 diputados [los que tiene el PP] que tiene que elegir. Quiero recordar que este debate [el de la reducción] ya se produjo en el Congreso y el PP se abstuvo. Vamos a negociar con todos”; explicó la vicepresidenta segunda, que trató de mostrar sintonía en público en este asunto con Carlos Cuerpo, ministro de Economía, que la acompañaba en la rueda de prensa y con quien mantuvo un fuerte rifirrafe público al inicio del año.

Esas diferencias entre Díaz y Cuerpo no han desaparecido, y en el Consejo de Ministros tuvieron un encontronazo, según varios de los presentes, cuando él respondió a la intervención de la vicepresidenta segunda y dijo que le preocupa el efecto que pueda tener sobre algunas empresas y ella le dijo que tendría que demostrar con datos esas dudas que tiene. Ambos se reprocharon además las declaraciones públicas y pidieron cuidarla. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que presidía el consejo porque no estaba Sánchez, tuvo que cerrar el debate, y los dos sectores acordaron no trasladarlas en público y ambos ministros hicieron suya en la rueda de prensa la reforma con la propia Alegría, que insistía en que ahora el texto es de todo el Gobierno.

Díaz habló además de “día histórico” y reivindicó que este hito justifica la propia existencia del Gobierno de coalición. “Hoy es un día en el que merece la pena formar parte del Gobierno de España. Esto no es una variable más, es un proyecto de país, es una medida que sirve para modernizar España. Tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos, ser más productivos. Es la medida que están esperando los trabajadores. Desde 1983, cuando se redujo la jornada, la productividad se incrementó el 53%. No se trata de echar horas en el trabajo. Se trata de ser eficientes. A partir de unas horas la productividad decrece. Además, esta medida reduce el absentismo. No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir”, clamó Díaz.

La estrategia de presión al PP es muy clara, y es la apuesta de Díaz y del Gobierno, que ha visto cómo Feijóo se ha metido en un problema interno importante por votar primero no y ahora sí al decreto de las pensiones. Por ahí podría haber algo de espacio, pero si el PP repite el no que mantuvo con la reforma laboral con el argumento de que ahora los empresarios no respaldan esta reducción de jornada, la coalición tendrá que recurrir a su mayoría y ahí Junts es el último escollo. Díaz ha hablado con el resto de socios de izquierda y con el PNV y confía en que apoyarán esta reducción de jornada, aunque es probable que tenga que negociar algunas cuestiones en la tramitación parlamentaria para incluirlos a todos. El PNV ya ha dicho con claridad que dado que en Euskadi ya rige esta reducción, ellos no se van a oponer.

Las ayudas a pymes que ya ofrecieron a la patronal

Junts se muestra reticente, pero se ha abierto a una negociación. De hecho, este martes ya estaban previstas algunas reuniones iniciales para analizar el proyecto. Será una negociación difícil pero en el Gobierno confían en ofrecer aún mayores compensaciones a las pymes con inyecciones directas de dinero, algo que ya estuvo encima de la mesa y la patronal no aceptó pero podría servir en la negociación con Junts, además de otras cuestiones con las que trabajan los equipos. En el Ejecutivo creen que la patronal ha tomado una decisión más política que de fondo, porque vive un momento de tensión interna con la batalla entre sus dos dirigentes más destacados, Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (CEPYME).

La negociación no será fácil, pero tampoco en el Gobierno creen que sea imposible. De hecho, con Junts hay varias negociaciones en marcha. Alegría señaló que la de la delegación a la Generalitat de la competencia de inmigración está “muy avanzada” aunque no aclaró si finalmente el Gobierno aceptará que los mossos tengan participación en el control de fronteras. Solo se limitó a señalar que todo lo que se acuerde “estará dentro de la Constitución”. La Mesa del Congreso avanzó en otra parte del pacto entre el Gobierno y Junts, y aceptó la tramitación de la proposición no de ley de Puigdemont para que el Congreso invite a Sánchez a presentar una cuestión de confianza. La semana que viene se votará la convalidación del nuevo decreto ómnibus de las pensiones, con 29 medidas del llamado escudo social. El Ejecutivo negocia el resto del decreto que cayó, con todas las medidas económicas, y una vez hecho poder empezar después con la más difícil de todas y la más importante políticamente: la de los Presupuestos, que nadie sabe aún si saldrán o no. Pero mientras se discute eso en negociaciones discretas, el Gobierno tiene un nuevo hito sobre el que trabajar, esto es, la reducción de jornada, y la semana que viene con toda probabilidad tendrá otro con la subida de 50 euros del SMI. Díaz insistió en que hay cuatro cosas de mucho impacto que demuestran la gran diferencia entre el Gobierno de coalición y uno del PP: los ERTE, que han evitado millones de despidos, la subida del 61% del SMI, la reforma laboral y ahora la reducción de jornada. Pero ahora necesita los votos para aprobar esta última y convertirla también en realidad.