El Gobierno aprueba la jornada laboral de 40 horas semanales

Viene de la primera páginaEl ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, que en esta ocasión acompañaba a Sotillos en la habitual conferencia de Prensa tras el Consejo, calificó como una reivindicacion "ampliamente sentida" la jornada laboral de cuarenta horas semanales y subrayó que se trata de una medida que, además, "nos acerca a los niveles europeos" y afectará a cuatro millones y medio de trabajadores. Con su habitual estilo parco y lacónico, Leguina trató de restar importancia a los ataques que CEOE y banca hicieron ayer a esta reducción de la jornada laboral (establecida antes en 43 ó 42 horas semanales, según se tratase de jornada continuada o partida). El proyecto de ley que el Gobierno presentará inmediatamente a las Cortes no contribuirá a aumentar las dificultades de la negociación colectiva ni tampoco el número de horas extraordinarias, aunque no especificó cómo piensa el Gobierno evitar una cosa y otra. También opinó, igualmente sin dar mayores explicaciones, que la reducción de la jornada laboral "tendrá efectos beneficiosos para la creación de enipleo" y potenciará la racionalización de los índices de productividad en el trabajo, "algo que está muy abandonado en este país".

Los ministros también discutieron largamente, al parecer, los criterios para la modificación de la legislación sobre elecciones locales, tema que será abordado, y presumiblemente aprobado, en el próximo Consejo. Sin embargo, se sabe que las líneas generales no se apartarán de lo que ya ha publicado la Prensa en los últimos días y, en todo caso, se mantendrá la modificación principal: que el alcalde sea el cabeza de la lista más votada.

Conforme a lo esperado, el Consejo dio su visto bueno a las subidas en los precios de los transportes, subidas acordadas el pasado lunes por la comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Los incrementos se producirán en las cuantías y plazos previstos por esta comisión, es decir, que entrarán en vigor a partir del próximo día 19 de enero, excepto la regulación específica prevista para el tráfico aéreo, que se pretende no repercuta en los precios de los billetes comprados durante estas vacaciones. También dio su visto bueno el Consejo a la reducción en un 50% en determinadas tarifas telefónicas con motivo de estas fiestas de Navidad, procurando que la medida beneficie fundamentalmente a las familias de los emigrantes.

El Consejo también aprobó, conforme a lo esperado, un acuerdo que modifica la estructura del Mando Único de la Lucha Contraterrorista (MULC). Se trata de que el director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, asuma directamente la coordinación del MULC, cuyos órganos de dirección y subdirección se suprimen. Para concretar las actividades que debe desarrollar este organismo, de polémica trayectoria hasta el momento, el ministro del Interior decidió crear una comisión permanente, presidida por el propio Barrionuevo, de la que forman parte el director de la Seguridad del Estado, el director general de la Guardia Civil, director general de la Policía, general inspector de la Policía Nacional, director del CESID y comisario general de Información. También se constituye un Consejo, igualmente bajo la presidencia del ministro del Interior, para el asesoramiento y asistencia del organismo antiterrorista en sus diversas áreas. Se prevé una ejecución descentralizada del plan de acción antiterrorista, conectado con esta reestructuración del MULC, a cuyo efecto, para el territorio de la comunidad autónoma vasca y Navarra, será el máximo coordinador el jefe superior de la Policía de Bilbao.

La situación de la población reclusa

Entre los informes presentados por los diversos ministros destaca el del titular de Justicia, Fernando Ledesma, quien dijo que actualmente existen en España 23.236 reclusos, de ellos tan sólo 805 mujeres. El ministro destacó, como aspecto negativo, la existencia de un índice excesivamente elevado de internos preventivos, índice que afecta al 49% de los reclusos masculinos y al 66% de los femeninos.

Los ministros de Obras Públicas, Agricultura y Administración Territorial presentaron un informe conjunto sobre la actuación llevada a cabo hasta el momento en las zonas de Levante afectadas por las inundaciones del pasado mes de octubre. Se destaca que el acuerdo más importante en este campo fue el de aumentar en mil millones de pesetas la ayuda a los damnificados por esta catástrofe.

El Consejo no llegó a discutir ayer la aceptación definitiva de la firma del contrato de 84 aviones F-18A. Sin embargo, el ministro de Defensa, Narcís Serra, despachó en solitario, tras el Consejo, con el presidente González en torno a este tema. Una nota oficial informó anoche que el presidente había dado instrucciones al ministro de Defensa, Narcís Serra, para que se proceda a la firma de Id carta de intenciones del programa FACA del Ejército del Aire, en vista de la imperiosa necesidad para la defensa nacional de mantener en el futuro inmediato la suficiente capacidad de disuasión.

Esta información, contenida en la nota oficial -que no menciona si el Consejo estudió o no formalmente la cuestión del FACA- daba a entender que la firma de la carta de intenciones no implica una decisión definitiva sobre el F-18A, ya que añadía que el jefe del Gobierno ha ordenado la "evaluación en profundidad de los aviones europeos alternativos a la opción norteamericana, de forma que, antes de la fecha tope de la firma del acuerdo definitivo (31 de mayo de 1983) pueda ser informado tanto del resultado de dicha evaluación como de los avances en la negociación de las compensaciones".