El Gobierno ofrecerá una inyección directa de dinero a las pymes para compensar la reducción de jornada

La negociación para la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas sin recorte salarial, un cambio trascendental en la vida de millones de trabajadores que se tocaría por primera vez desde 1983, cuando se fijaron las 40, ha llegado a un momento decisivo. El Gobierno está absolutamente decidido a hacer la reforma, que lidera Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, pero tiene el respaldo político claro de Pedro Sánchez, que arrancó el curso político en septiembre renovando este compromiso, y además está en el acuerdo de gobierno de la coalición. La norma tiene que estar cerrada antes de final de año, así que la negociación se acelera en estos días. Los sindicatos están ya dentro, pero la patronal se resiste, sobre todo por el efecto que puede tener para las pymes, las pequeñas y medianas empresas, porque la mayoría de las grandes ya tienen incorporados en sus convenios esta reducción u otras similares.

El Gobierno ha decidido, según fuentes del Ejecutivo, hacer una oferta a la patronal que, además de todo lo que ya ha puesto encima de la mesa, de momento no ha bastado. Se trata de proponer un plan de ayudas directas, esto es, subvenciones, a todas las empresas menores de cinco trabajadores para compensarlas por esta reducción de 2,5 horas semanales, 10 al mes, de sus trabajadores. Se trataría de líneas de ayuda para mejorar la productividad, para digitalización y otras formas de adaptarse. La propuesta está pensada sobre todo para cuatro sectores en los que hay decenas de miles de pymes de menos de cinco trabajadores, que son las que se beneficiarían: comercio, hostelería, limpieza y peluquerías. Las tiendas, los bares y las peluquerías están basadas mayoritariamente en microempresas a las que esta oferta podría compensarles el coste de una reducción de 2,5 horas de la jornada laboral, entienden en el Gobierno. Mientras en las grandes empresas la media efectiva ya está muy cerca de las 37,5 horas semanales, estas microempresas son las que están más cerca de las 40.

El Ejecutivo ya ha ofrecido un plan completo con deducciones de las cotizaciones sociales a empresas de menos de 10 trabajadores, que se mantiene dentro de la oferta a la patronal, pero entiende que a las pymes de menos de cinco trabajadores esto no les sirve porque no van a poder contratar a un nuevo trabajador, no les compensa. Así que opta por esta fórmula de ayudas, que ahora se tendrá que negociar en la mesa, pero que supone un salto importante porque implica que el Estado pondrá dinero para compensar a las pymes por esta reducción de jornada. Con esta decisión, el Ejecutivo confía en atraerse a la patronal y especialmente a las pymes, el sector más reticente y muy influyente en las negociaciones.

La negociación está en un momento especialmente relevante y el Ejecutivo intenta convencer a la patronal de que entre con esta oferta. El incentivo es el habitual en todas las negociaciones: esta oferta, así como la de las deducciones, decaería si no hay acuerdo con la patronal. El mensaje es claro: conviene estar dentro, como en la reforma laboral, para evitar que se impongan posiciones más alejadas de los intereses de la patronal. En los cuatro años y medio del Gobierno de coalición, la patronal casi siempre ha asumido esta lógica, y ha preferido estar dentro para condicionar el resultado. No lo hizo así, sin embargo, en la última subida del salario mínimo, y en vez de la oferta que tenía encima de la mesa de un 4%, vio como se subía un 5% al quedarse fuera. Las reticencias ahora son muy evidentes, pero el Ejecutivo confía en mover la negociación con esta última oferta.

Desde el punto de vista político, el mensaje del Gobierno es claro: el Plan A es que esté la patronal, pero la reforma se hará con o sin ella. Sánchez, y no solo Díaz, ha dejado muy claro que el plan seguirá adelante. Algunos sectores creen que la reforma podría no tener votos en el Congreso si la patronal no firma, pero el Ejecutivo confía en el apoyo del PNV, porque en el País Vasco ya funcionan de facto las 37,5 horas, y en el caso de Junts, muy sensible a lo que digan las pymes, esta última oferta dirigida a ellas también podría facilitar su respaldo, aunque con el grupo de Carles Puigdemont nunca hay garantías hasta el día de la votación. De hecho, Yolanda Díaz hizo un viaje reciente a Cataluña acompañada de su mano derecha y gran negociador de la reforma, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, para reunirse, entre otros, con Pimec, representante de pymes catalanas, y sondear qué podría hacerles apoyar la reforma.

Díaz insiste siempre en que tiene “una paciencia infinita” y nunca se levanta de las mesas de negociación, pero el tiempo apremia. La mesa de diálogo social para la reducción de jornada se abrió hace más de un año, y ha celebrado más de una veintena de reuniones. Pero la discusión sigue bloqueada en el mismo punto: el Gobierno y las centrales sindicales persiguen trasladar este recorte de jornada a la ley, mientras que las patronales CEOE-Cepyme abogan porque la reducción se siga llevando a cabo a través de la negociación colectiva. La negociación ha llegado al punto de maduración, y ahora las patronales, con esta última oferta, tendrán que decidir si entran o no a la redacción de la ley que el Gobierno ha comprometido.

La oferta anterior, que consiste en una batería de ayudas, denominado Plan 375, no ha convencido a los empresarios, según las distintas fuentes consultadas. Este plan está exclusivamente dirigido a las empresas de menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio no exceda de 2 millones de euros anuales. Las medidas consisten fundamentalmente en bonificaciones en las cotizaciones empresariales por contingencias comunes, para las nuevas contrataciones o ampliaciones horarias de contratos a tiempo parcial a tiempo completo que hagan estas empresas para suplir el recorte de jornada.

Trabajo ha dejado abierto el porcentaje de esta bonificación para negociarla con los empresarios en próximas reuniones y se han mostrado dispuestos a que lleguen hasta el 100% de la cuota que la empresa debe pagar a la Seguridad Social por el trabajador. Sin embargo, la propuesta del Ministerio incluye una serie de límites, como que solo pueda haber una bonificación por empresa y se tenga que mantener ese empleo durante tres años para mantener la ayuda, que hacen que las medidas sean “insignificantes e inaceptables”, según opinan fuentes patronales. Desde otra importante organización empresarial señalan: “nos proponen miserias para que traguemos con que la reducción sea por ley”. Ahora habrá que ver si la nueva oferta cambia algo la realidad o la patronal asume el riesgo de quedarse fuera a expensas de lo que pueda pasar en el Congreso.

En la patronal opinan que las ayudas propuestas no serán suficientes para que la pequeña empresa contrate, aunque se reduzca la jornada, porque tienen muy poco margen. “Ninguna microempresa va a hacer una sola contratación” con el plan propuesto, asegura un alto directivo de CEOE. Precisamente por eso, para contrarrestar ese argumento, se ha diseñado esta última oferta de un plan de ayudas directas pensadas para compensar la reducción de jornada en las microempresas aunque no contraten a nadie nuevo. Según cálculos patronales, el recorte de la jornada puede tener un impacto de entre 11.800 y 40.000 millones de euros, “mientras que las medidas del Gobierno para compensar no son reales”. El Ejecutivo, por el contrario, cree que el paquete de medidas que ha puesto encima de la mesa, sumado a estas nuevas ayudas directas, es más que suficiente para compensar la reducción de jornada y es una base muy sólida para negociar, sobre todo con el incentivo de que la patronal perdería todo lo ofrecido si se queda fuera del acuerdo.