El PSOE propone acabar con 45 años de acuerdo educativo de España con el Vaticano

En un mitin socialista, nunca falla. Si el orador promete mano dura con la Iglesia, la ovación es segura. Lo sabe Pedro Sánchez, que tiró de este recurso en las primarias en las que derrotó a Eduardo Madina en 2014 y a Susana Díaz en 2017. Y lo saben los obispos, acostumbrados tanto a las arengas del PSOE como a las negociaciones para rebajar su alcance. De todas las ideas que ha manejado el PSOE para aumentar la separación Iglesia-Estado, la que más amenaza la posición del clero es la de finiquitar la actual relación bilateral con el Vaticano sellada en la Transición. Una idea que, como buena parte del programa laicista del PSOE, ha experimentado vaivenes. Ahora los socialistas la han retomado, aunque rebajada.

Anuncio recurrente del primer Sánchez, el que conquistó el liderazgo del PSOE hace más de diez años, lo perdió y lo recuperó en 2017, la “derogación” de los Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979 apareció por última vez en las resoluciones del congreso socialista de hace ocho años. Desde entonces, la idea de rebajar los pactos bilaterales ha desaparecido, aparecido de nuevo —nunca con el compromiso de derogación total de 2017— y vuelto a desaparecer de los documentos del partido. Ahora, en la ponencia del congreso federal que se celebra en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, el PSOE retoma la pretensión de derogación, pero con una fórmula nueva: la ruptura se limita a uno solo de los acuerdos, el educativo.

Unos acuerdos históricos

Los Acuerdos de España con el Vaticano son una obra de ingeniería jurídica y política. Su objetivo era renovar las relaciones Iglesia-Estado, reguladas desde 1953 por el Concordato, piedra angular del nacionalcatolicismo, que en la Transición se había convertido en un incómodo recordatorio de la colaboración de la cúpula católica con la dictadura. Para establecer un statu quo compatible con la apertura democrática, el ministro de Exteriores, Marcelino Oreja (UCD), y el cardenal Jean Villot, secretario de Estado de la Santa Sede con Pablo VI, firmaron en 1976 un acuerdo marco que daba por amortizado el Concordato, pero justificaba el mantenimiento de una relación bilateral alegando que “la mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica”, línea que sigue hoy cincelada en el BOE.

El texto general de 1976 es la percha de la que colgaron cuatro acuerdos firmados en 1979 sobre sendos temas específicos: asistencia religiosa en el Ejército; asuntos jurídicos; economía; y educación y cultura. Desde su firma, los detractores han visto los Acuerdos contrarios a la aconfesionalidad constitucional por otorgar un especial estatus a la Iglesia, que se garantiza financiación pública a través de la casilla de la Iglesia del IRPF, múltiples exenciones fiscales, curas pagados con fondos del Estado y presencia destacada en la enseñanza pública.

El propio Pedro Sánchez ha sido un destacado opositor a los Acuerdos. El programa del PSOE de las generales de 2016, con Sánchez como candidato, no solo recogía la “denuncia” de los pactos, sino incluso la supresión de la referencia a la Iglesia en la Constitución. Era un momento singular: Podemos apretaba. Sánchez mantuvo este ímpetu en las primarias del PSOE de 2017. El programa de su candidatura recogía la “denuncia” y “derogación” de los Acuerdos. También las resoluciones del congreso socialista de aquel año anunciaban su completa derogación, dado que los pactos eran herederos del “Concordato establecido en 1953 entre el Régimen franquista y la Santa Sede”.

De la oposición al poder

Desde su llegada a La Moncloa en 2018, Sánchez mantiene intacto el escrúpulo laicista en el terreno simbólico, con sus gobiernos tomando posesión sin Biblia ni crucifijo y un homenaje aconfesional a las víctimas del covid-19. En cuanto a las medidas, ha habido una rebaja con respecto al listón que el propio Sánchez colocó no ya en 2016 y 2017, sino incluso en su acuerdo con Unidas Podemos (UP) de 2020. Por ejemplo, no ha llegado a aprobarse la Ley de Libertad de Conciencia prevista por los socios, ni se introdujeron los cambios legales para recuperar los bienes inmatriculados “indebidamente” por la Iglesia, como habían pactado. La rebaja de beneficios fiscales de 2023 quedó por debajo de las expectativas generadas por el Ejecutivo, ya que se limitaron a un recorte de unos 16 millones al año y no afectaron al IBI.

En el otro lado de la balanza, el Gobierno PSOE-UP forzó a la Iglesia de una mayor transparencia sobre las inmatriculaciones, rebajó el estatus académico de la asignatura de Religión e impulsó la ley que suprime la financiación pública de la educación que separa a niños y niñas, en su mayoría del Opus Dei. A ello se sumó el impulso a la investigación del Defensor del Pueblo sobre pederastia en la Iglesia. Y también el desarrollo de una legislación sobre eutanasia o aborto. “Aunque hemos avanzado mucho en derechos civiles, queda camino por recorrer”, sintetiza un cargo institucional del PSOE.

¿Qué fue de la promesa estrella, la derogación de los Acuerdos? Se desdibujó. El programa del PSOE para las generales de abril de 2019 no lo recogía. El de noviembre preveía su sustitución por otros acuerdos. Tras quedar fuera del pacto de PSOE y Unidas Podemos de 2020, las resoluciones del congreso socialista de 2021 recogieron una redacción ambivalente: por una parte, fijaba el compromiso de una “revisión” de los Acuerdos “buscando el consenso” de la Iglesia para “unos nuevos acuerdos”; por otra, expresaba la “voluntad” de “culminar un sistema educativo laico” con el nuevo acuerdo sobre esta materia. Pero nada de eso quedó recogido en el programa del PSOE de las generales de julio de 2023, ni en el acuerdo posterior con Sumar.

El PSOE resucita ahora la cuestión en la ponencia de su próximo congreso, donde no hace ninguna referencia a los Acuerdos en sentido global, pero sí recoge la derogación del educativo. Y sin referencia a su sustitución por otro. El texto —que cambiará durante el congreso al debatirse miles de enmiendas— recoge lo siguiente entre sus “objetivos y medidas”: “Continuaremos impulsando la laicidad del Estado [...] derogando el Acuerdo de 1979 sobre asuntos educativos y culturales con la Santa Sede”.

En vigor desde diciembre de 1979, este acuerdo tiene una delicada relación con la aconfesionalidad. Su articulado recoge que los “centros docentes públicos” enseñarán de forma “respetuosa con los valores de la ética cristiana”. Los colegios e institutos, añade, impartirán Religión en condiciones “equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. El pacto ampara que los obispados elijan a los docentes, remunerados por el Estado, lo que ha llevado a situaciones como la no renovación de Resurrección Galera, profesora de Religión en un colegio público, tras casarse con un hombre divorciado, si bien la justicia ordenó su readmisión. El texto, que da un amplio reconocimiento de las universidades católicas, establece que los medios de comunicación públicos velarán para que los “sentimientos” de los católicos “sean respetados”.

¿Por qué la ponencia recoge la derogación del acuerdo educativo y no del resto? El PSOE, a través de un portavoz, se limita a señalar que la ponencia es un “documento de trabajo” y que podrá ser reformado mediante enmiendas. De hecho, entre las más de 6.700 presentadas las hay que van más allá de la ponencia en laicidad. La Conferencia Episcopal declina valorar esta propuesta socialista y, en respuesta por escrito, señala que “no ha habido variación” en su postura”, de defensa de la vigencia de los Acuerdos.

Más difícil de lo que parece

Dos juristas especializados en relaciones Iglesia-Estado coinciden en que la propuesta de derogación del PSOE invita a pensar en una anulación sencilla, cuando no lo es. “Los Acuerdos tienen rango de tratado internacional y se rigen por el Tratado de Viena. El Gobierno no puede derogarlos unilateralmente, ni todos ni uno solo. Lo que podría hacer es denunciarlos. Y no es sencillo, porque no contienen estipulaciones que regulen una denuncia. Por lo tanto, como prevé la Ley de Tratados y Acuerdos, la denuncia necesitaría la autorización de las Cortes, que prestaron consentimiento para su ratificación”, explica Víctor Vázquez profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Sevilla. Autor del ensayo Laicidad y Constitución, añade que su “ruptura unilateral” podría tener “consecuencias” para España en caso de reclamación del Vaticano.

Alejandro Torres, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pública de Navarra, añade: “El Gobierno no puede derogar directamente los Acuerdos, ni todos ni uno de ellos, pero sí denunciarlos ante la Santa Sede para forzar una negociación. Ahora bien, crearía un problema político y seguramente electoral, porque lo previsible sería una reacción contundente de la Iglesia. No creo que el PSOE lo lleve a la práctica”.

Más escéptico aún se muestra Juanjo Picó, miembro de Europa Laica: “La inclusión taxativa de la derogación llama la atención, porque esta posibilidad parecía enterrada. Pero, si lo analizamos, es una propuesta sin detalle ni credibilidad, que no concreta si supondría la salida de la asignatura de Religión de la escuela. En la Conferencia Episcopal pueden estar tranquilos”, afirma Picó, que lamenta que la ponencia recoja que los contribuyentes puedan destinar el 0,7% de su IRPF no solo a la Iglesia o a fines sociales, sino también a “investigación” o “lucha contra el cambio climático”. “Es una coartada para mantener la casilla de la Iglesia”, añade, descontento con el balance de los gobiernos progresistas.

El Ministerio de Presidencia, en respuesta por escrito, reivindica, en cambio, los avances de la anterior legislatura —como el recorte de las exenciones fiscales o la publicación por parte de la Iglesia de un listado de inmatriculaciones— y fija entre sus objetivos la participación en un “órgano mixto” para reparar a las víctimas de abusos “con cargo a la Iglesia” y la “resignificación” del Valle de los Caídos.