Militantes del PSOE recelan de la financiación singular de Cataluña en las enmiendas al 41º congreso

El debate sobre la financiación autonómica será una de los ejes centrales del 41º Congreso Federal que el PSOE celebrará del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Sevilla. De las 6.742 enmiendas presentadas a la ponencia marco que marcará la hoja de ruta ideológica de los socialistas hasta el ciclo electoral de 2027, hay 400 que ponen el acento en la financiación y 63 formuladas con el propósito de asegurar un modelo de financiación que no rompa con el principio de igualdad entre las comunidades autónomas, según el documento de 1.829 páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Aceptar la singularidad de un territorio nunca implicará un régimen de financiación singular más allá de los ya contemplados por la Constitución”, defienden dos enmiendas de la federacion de Aragon, una presentada por militantes de Teruel y otra por afiliados de Zaragoza, similar a otras de bases de Madrid, Badajoz, Soria y Mallorca.

Los socialistas eludieron en la ponencia marco toda referencia directa a la financiación singular que PSC y ERC acordaron en verano para Cataluña y posibilitó la investidura de Salvador Illa. Un pacto que tensionó a las federaciones del PSOE ante el temor de algunos barones de que se convierta en un trato de favor a los catalanes en detrimento de las demás autonomías de régimen común. El compromiso del PSOE en la ponencia es que todas las comunidades autónomas dispondrán “de más recursos que en la actualidad” y que el futuro sistema de financiación autonómico —el vigente se tendría que haber renovado en 2014— “refuerce la equidad, eficiencia y solidaridad” y “garantice la corresponsabilidad” de los territorios. Pero aun asi no despejó el recelo y las dudas en el partido, como demuestran cientos de las enmiendas aprobadas en las agrupaciones de toda España. “El acuerdo PSC/ERC para dotar a la Generalitat de Cataluña de un modelo singular de financiación puede comprometer tanto el principio de solidaridad como la autonomía financiera del Gobierno Central. La pretensión de que puede ser beneficioso para todas las partes no es verosímil. Su modelo debe negociarse de manera multilateral entre el Estado y todas las comunidades que integran el sistema común de financiación autonómica”, discrepa una enmienda presentada desde Leon y unificada con otra de Teruel.

Rechazo al principio de ordinalidad

El rechazo al principio de ordinalidad, que defiende Illa para Cataluña, tambien cuenta con varios ejemplos. “Rechazamos la asunción del principio de ordinalidad en el sistema de financiación autonómico”, recoge una enmienda de La Rioja, en contraposicion a lo que plantea Illa, que no quiere “privilegios” pero reclama que se corrija la desproporción que supone que Cataluña sea la tercera comunidad en aportar a la caja de las comunidades de regimen común y la 14ª en recibir. “El sistema de financiación no incorporará el principio de ordinalidad”, coincide en la misma linea otra enmienda de León. “El nuevo sistema resultará en un reparto más justo de la financiación para que los ciudadanos vivan donde vivan y con independencia de la capacidad fiscal de los territorios reciban un nivel equivalente de servicios públicos, por lo que no cabe aplicar un principio de ordinalidad que implique una financiación privilegiada para determinados territorios”, es mas prolija una de Asturias. Tan solo hay una alusión expresa a Cataluña en cuatro enmiendas: la mitad reivindican que la convivencia ha vuelto a la comunidad “y se han reconstruido puentes de diálogo que nunca deberían haberse roto”. En una tercera se plantea que la bajada de precios de alquiler en Cataluña en zonas tensionadas “es un ejemplo de su impacto, al que se sumarán el País Vasco y Navarra”.

La sustitucion de la igualdad, desigualdad o brecha “de género” por la igualdad, desigualdad o brecha “entre hombres y mujeres” se solicita en una decena de enmiendas. “En diferentes partes del texto se utiliza indistintamente los términos ‘sexo’ y ‘género’, como si fueran sinónimos o palabras intercambiables. Esto genera incongruencias conceptuales y legales que no deben aparecer en la ponencia del PSOE”, se justifica en una enmienda presentada en Extremadura. Y hay casi un centenar de enmiendas en las que se exige que se elimine de la ponencia el acrónimo LGTBIQ+ y su sustitucion por el termino LGTBI “conforme a los acuerdos adoptados en el 40º Congreso”, segun enmiendas de Asturias, A Coruña o Madrid. “Eliminar de todos los párrafos en los que aparezca el acrónimo LGTBIQ+, la letra Q y el signo + por su significado misógino, ultraliberal y antifeminista”, son calcadas dos enmiendas registradas en Granada, Caceres, Ciudad Real, Mallorca y Pontevedra.

Las Juventudes vuelven a la carga contra la Monarquía

El espiritu republicano del PSOE, evitado en la ponencia, queda reflejado en seis enmiendas. Las Juventudes Socialistas reclaman “avanzar hacia la abolición de la monarquía” en España “con el fin de lograr la República Federal Española”. Otra enmienda presentada en Valencia y en Madrid propone incorporar a la ponencia que se convoque un referéndum para consultar a la ciudadanía española qué modelo de Estado quiere: “si mantener la actual monarquía (parlamentaria) o instaurar una nueva república (federal)”. De forma casi identica se pronuncia la corriente de Izquierda Socialista, que pide que los socialistas se comprometan, “como defendimos en el debate constitucional, a que las nuevas generaciones puedan ser consultadas y manifestarse acerca del modelo de Estado que quieren”. La monarquía “es sencillamente incompatible con la democracia que se sustenta en la idea de la igualdad política. No hay nada mas contrario a la igualdad política que la principal institución que representa al Estado se base en el principio de desigualdad”, esgrime una enmienda de Badajoz.

El paquete de enmiendas también van mas allá de la ponencia acerca de la laicidad del Estado. El “impulso del laicismo como principio fundamental del Estado” y una “profunda reforma” de la relación entre el Estado y las confesiones religiosas, “basada en un modelo de laicismo radical que garantice una separación absoluta entre el poder público y las influencias religiosas, sin renunciar a la libertad religiosa de los individuos”, es el propósito de una enmienda de la federación socialista de Madrid. “El PSOE propone sustituir el concepto de aconfesionalismo por el principio de laicismo en la Constitución, entendiendo que el Estado debe ser un ente absolutamente neutral respecto a todas las religiones”, abunda. La “completa laicidad” del sistema educativo público mediante la eliminación de la enseñanza de la religión “y de cualquier tipo de formación espiritual” en las escuelas públicas en la educación primaria y secundaria se recoge en una enmienda en Euskadi.