El PSOE se reivindica como “baluarte de la izquierda”: las medidas que debatirán en el 41º Congreso de Sevilla

El PSOE reivindicará en el 41º Congreso Federal del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Sevilla su condición de “baluarte” de la izquierda y dique de contención de una ultraderecha que se expande por los cuatro puntos cardinales. “Hubo un tiempo en el que al PSOE le bastaba con importar ideas de fuera. España ya no puede copiar, porque está a la vanguardia de la socialdemocracia. Esta posición de liderazgo implica una gran responsabilidad, tenemos que mostrar al mundo que existe un modelo alternativo en el que los derechos sociales, la sostenibilidad medioambiental y la competitividad económica pueden avanzar juntos”, asumen los socialistas su rol de “referentes” progresistas en la ponencia, adelantada por EL PAÍS, que será su hoja de ruta ideológica hasta el ciclo electoral de 2027, frente a los nacionalpopulismos y su influencia cada vez mayor en la derecha tradicional.

“De nuestra capacidad para resolver los grandes retos dependerá el porvenir de la izquierda, no solo de España, sino de toda Europa”. Con esa declaración de intenciones encara el partido su congreso, de donde el PSOE saldrá con el compromiso de blindar derechos como el aborto y el matrimonio igualitario en la Constitución. El compromiso tradicional de reforzar el estado del bienestar va ligado a la apuesta por “ahondar” en el Estado federal y la adopción de un nuevo sistema de financiación autonómico “que refuerce” la equidad, eficiencia y solidaridad y que al mismo tiempo “garantice la corresponsabilidad” de las comunidades autónomas y evite la competición desleal entre ellas. Los socialistas eluden toda referencia directa en la ponencia, que lleva por título España 2030. Un socialismo que avanza, una España que lidera, adelantada por EL PAÍS, a la financiación singular para Cataluña que PSC y ERC acordaron en verano y valió la investidura de Salvador Illa. Un pacto que tensionó al PSOE por el temor de sus líderes territoriales a que supusiera un trato de favor a esa comunidad en detrimento de las demás autonomías de régimen común. La única alusión explícita a Cataluña es que “la convivencia” ha vuelto a la comunidad con el Gobierno de Pedro Sánchez “y se han reconstruido puentes de diálogo que nunca deberían haberse roto”, según el documento de 171 páginas, que incluye los estatutos. Las agrupaciones de militantes celebrarán asambleas y podrán presentar enmiendas hasta el 9 de noviembre.

Financiación autonómica. El compromiso del PSOE para vencer las resistencias internas del resto de territorios es que todas las autonomías dispondrán “de más recursos que en la actualidad” en una ponencia lo suficientemente ambigua para contentar a todas las partes y evitar el revuelo interno y el choque con sus aliados nacionalistas. El “mantenimiento de la solidaridad a igual esfuerzo fiscal” es otra de las máximas de los socialistas, en una alusión implícita a la política fiscal de bajada de impuestos de las comunidades del PP, de las que las rentas más altas suelen ser las más favorecidas, para obtener un sistema “perfectamente conciliable con el adecuado, que no privilegiado, tratamiento de las singularidades”.

El PSOE sostiene que el sistema actual tiene una “fuerte descentralización del gasto” pero una “corresponsabilidad limitada en los ingresos” de la que se estarían beneficiando comunidades como Madrid, que han hecho de la rebaja de impuestos una de sus banderas. “Persisten desigualdades injustificadas en la financiación por habitante ajustado, lo que genera una redistribución donde las comunidades autónomas con mayor capacidad fiscal acaban recibiendo menos recursos que otros territorios”, se advierte en el documento.

Una de las medidas para contrarrestar esas políticas es la revisión de la composición y armonización de la cesta de tributos para evitar la competencia a la baja en impuestos como Patrimonio, Sucesiones o los tramos más altos del IRPF. Otra propuesta concreta es la modificación de la fórmula de población ajustada “para mejorar el cálculo de necesidades y de la capacidad fiscal normativa a competencias homogéneas”. La definición de la población ajustada no pone de acuerdo a las comunidades del PP, que ahora preside 11 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, como la legislatura pasada le pasó al PSOE, cuando estaba al mando de nueve territorios. Los intereses son muy diferentes y varían en función de la despoblación, envejecimiento, dispersión de la población, su concentración o la presión turística. El PSOE también es partidario de que se negocie un “alivio de la deuda pública” de las comunidades autónomas generada durante la crisis financiera de 2008. El acuerdo entre el PSOE y ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez hace un año incluía la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña. El Gobierno ha dicho desde entonces que esa medida se podría extender al resto del país.

Modelo territorial. Para alcanzar un mejor equilibrio territorial, el PSOE concluye que la fórmula idónea es “ahondar” en el proceso de federalización del Estado que ya recogía en la Declaración de Granada de 2013, en los albores de la crisis territorial que desembocó en el procés. La solución consistiría en “mejorar la claridad del reparto competencial”, el papel del Senado como cámara de representación territorial o “institucionalizar” las relaciones entre comunidades autónomas.

Fiscalidad. Los socialistas defienden un sistema fiscal más progresivo “que incluya también a los tributos cedidos a las comunidades autónomas y las administraciones locales” que gravaría más a las rentas más altas. El PSOE propone subir el actual tipo impositivo del impuesto sobre el patrimonio “de los megarricos” hasta un 5% y establecer una tributación mínima del 50% en la tarifa general del IRPF para las rentas superiores a 300.000 euros anuales. El principal partido del Gobierno también quiere establecer un impuesto estatal sobre las grandes herencias y donaciones que actúe como impuesto mínimo “e impida que algunas comunidades autónomas dejen sin efecto el actual”, como ya sucedió con los intentos de Madrid de seguir bonificando al 100% el impuesto de Patrimonio. El PSOE tiene la intención de incrementar el impuesto de Sociedades a las empresas en las que los ejecutivos cobren “40 veces más que la media de las personas trabajadoras”, de forma que cada vez que se supere ese ratio el gravamen aumente en 3 puntos porcentuales, desde el tipo general del 25%.

Vivienda. La venta de vivienda pública a particulares, empresas y fondos buitre ha reducido el parque de vivienda de titularidad pública a tan solo el 2,5% en plena crisis habitacional, frente al 9,3% de media de la UE y el 20% de algunos Estados miembros. El PSOE se pone como meta aumentar progresivamente el parque público hasta superar al menos el 6% del total antes de que termine la década y reforzar en la Constitución el derecho a la vivienda “manteniendo de forma permanente la titularidad publica en el caso de las viviendas de promoción pública”. Para 2030 espera, si sigue gobernando, haber eliminado todas las viviendas turísticas ilegales. Otras medidas para combatir la especulación inmobiliaria sería un impuesto especial progresivo a la propiedad a partir de la tercera vivienda y prohibir la conversión de viviendas residenciales en viviendas turísticas y de temporada en zonas de alta demanda estaría prohibido.

Inmigración. En la ponencia se aboga por un modelo “que garantice un flujo constante” de trabajadores integrados en la sociedad. “España necesitará incorporar nuevos migrantes cada año para cubrir las vacantes del mercado laboral y mantener en buena forma su Estado del Bienestar. Para ello, será necesario generar canales de migración segura y ordenada”, defiende el PSOE ante la presión de la inmigración irregular que se concentra en Canarias. La creación de un “sistema ágil” de homologación de títulos que permita “aprovechar al máximo” el talento que llega a España responde a la falta de personal en ámbitos como el sanitario.

Transición Ecológica. Uno de los objetivos para 2030 es lograr que el 80% de la energía eléctrica proceda de fuentes renovables preservando la actividad agropecuaria y la biodiversidad. El PSOE promete aprobar una ley que establezca una participación del 20% para los actores locales (habitantes, ayuntamientos, etcétera) en todos los nuevos proyectos de parques eólicos y plantas solares, así como agilizar la entrega de ayudas para la creación de comunidades energéticas y el autoconsumo. En cuanto al agua, promueven un uso “más racional” del agua y reducir su consumo en, al menos, un 5% en los próximos seis años, combinado con un mayor peso de la desalación y el agua reutilizada para que representen el 15% del total.

Transportes. El PSOE pretende conseguir, en el marco del diálogo social, que las grandes empresas de más de 250 trabajadores costeen el 50% del transporte público a sus empleados en los días laborables. Otra propuesta consiste en instaurar un billete único de transporte público que incentive y permita la movilidad nacional a un precio asequible (sin concretar), así como la concesión de ayudas y/o incentivos fiscales a los trabajadores y/o empresas que usen la bicicleta para sus desplazamientos cotidianos de casa al trabajo. Un cuarto compromiso es agilizar las ayudas a los hogares de renta media y baja y pymes para la adquisición de turismos y furgonetas eléctricos, nuevos o adaptados, y que en lugar de tener que esperar al reembolso puedan descontar la ayuda directamente del precio de compra.

Voto joven. El PSOE está decidido a la rebaja de los 18 a los 16 años de la edad para votar, una demanda de las Juventudes Socialistas que obligaría a la modificación de la LOREG.