La ponencia del PSOE defiende “ahondar” en el Estado federal y evita referencias a la financiación singular catalana

El PSOE propone en la ponencia que debatirá en el 41º Congreso Federal del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Sevilla y marcará su hoja de ruta ideológica hasta el ciclo electoral de 2027 “ahondar” en el Estado federal y la adopción de un nuevo sistema de financiación autonómico “que refuerce” la equidad, eficiencia y solidaridad y que al mismo tiempo “garantice la corresponsabilidad” de las comunidades autónomas y evite la competición desleal entre ellas. Los socialistas eluden toda referencia directa a la financiación singular para Cataluña que PSC y ERC acordaron en verano y valió la investidura de Salvador Illa, pero que también tensionó al PSOE por el temor de sus líderes territoriales a que supusiera un trato de favor a esa comunidad en detrimento de las demás autonomías de régimen común. La única alusión explícita a Cataluña es que “la convivencia” ha vuelto a la comunidad con el Gobierno de Pedro Sánchez “y se han reconstruido puentes de diálogo que nunca deberían haberse roto”, según el documento de 171 páginas, que incluye los estatutos, adelantado por EL PAÍS.

El compromiso del PSOE para vencer las resistencias internas del resto de territorios es que todas las autonomías dispondrán “de más recursos que en la actualidad” en una ponencia lo suficientemente ambigua para contentar a todas las partes y evitar el revuelo interno y el choque con sus aliados nacionalistas. El “mantenimiento de la solidaridad a igual esfuerzo fiscal” es otra de las máximas de los socialistas, en una alusión implícita a la política fiscal de bajada de impuestos de las comunidades del PP, de las que las rentas más altas suelen ser las más favorecidas, para obtener un sistema “perfectamente conciliable con el adecuado, que no privilegiado, tratamiento de las singularidades”.

La ponencia remitida a las federaciones socialistas, a la que las asambleas de las agrupaciones de militantes podrán presentar enmiendas hasta el 9 de noviembre, es tajante: el desafío “más urgente” que España afronta hasta 2030 es lograr un modelo de financiación “más justo y sostenible” que reemplace el sistema vigente, que se aprobó en 2009 y debía haberse actualizado en 2014. “Persisten desigualdades injustificadas en la financiación por habitante ajustado, lo que genera una redistribución donde las comunidades autónomas con mayor capacidad fiscal acaban recibiendo menos recursos que otros territorios”, se advierte en el documento. El PSOE sostiene además que el sistema actual tiene una “fuerte descentralización del gasto” pero una “corresponsabilidad limitada en los ingresos” de la que se estarían beneficiando comunidades como Madrid, que han hecho de la rebaja de impuestos una de sus banderas.

La consecuencia, a juicio del PSOE, es que se “desincentiva una gestión tributaria responsable y permite que algunos gobiernos autonómicos jueguen al populismo fiscal, practicando el dumping y bajando los impuestos a sus élites económicas mientras solicitan más fondos al Gobierno central”. Una de las medidas para contrarrestar esas políticas es la revisión de la composición y armonización de la cesta de tributos para evitar la competencia a la baja en impuestos como Patrimonio, Sucesiones o los tramos más altos del IRPF.

El PSOE también considera que el actual sistema tampoco resuelve “adecuadamente el problema de las singularidades territoriales”, e “impide recaudar los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas realidades demográficas y climáticas” que exigen mayores niveles de inversión en servicios básicos e infraestructuras. El partido que más años ha gobernado España desde la restauración de la democracia reivindica su “apuesta notable” por el modelo autonómico, en el que ha transferido casi 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas y un 35% a las entidades locales respecto al último Ejecutivo del PP.

La ponencia despliega una serie de objetivos para “reducir a la mitad la diferencia de recursos por habitante ajustado” que recibe cada comunidad del sistema de financiación y reducir la brecha del 30% entre las mejor y peor financiadas. La meta es “impulsar” la convergencia de la renta per cápita entre todas las comunidades, a día de hoy lejana: Madrid registró el PIB per cápita más elevado en 2022 con 38.435 euros por habitante seguida de País Vasco (35.832) y Navarra (33.798); en el otro extremo se situaban Melilla (20.698), Andalucía (21.091) y Extremadura (21.343).

El futuro sistema de financiación debería, según los socialistas, “optimizar” el cálculo de los pagos a cuenta y retenciones de IRPF para que el impacto de las decisiones de las comunidades “sea más inmediato”. Otra propuesta concreta es la modificación de la fórmula de población ajustada “para mejorar el cálculo de necesidades y de la capacidad fiscal normativa a competencias homogéneas”. La definición de la población ajustada no pone de acuerdo a las comunidades del PP, que ahora preside 11 autonomías además de Ceuta y Melilla, como la legislatura pasada le pasó al PSOE, cuando estaba al mando de nueve territorios. Los intereses son muy diferentes y varían en función de la despoblación, envejecimiento, dispersión de la población, su concentración o la presión turística.

El PSOE también es partidario de que se negocie un “alivio de la deuda pública” de las comunidades autónomas generada durante la crisis financiera de 2008. El acuerdo entre el PSOE y ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez hace un año incluía la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña. El Gobierno ha dicho desde entonces que esa medida se podría extender al resto del país. En esa línea, el nuevo modelo de financiación debería permitir “la federalización” de la dirección de la Agencia Tributaria “para dar más capacidad de decisión” a las comunidades autónomas y permita el “despliegue de una estrategia en red con las haciendas autonómicas”. La Agencia Tributaria de Cataluña, puesta en marcha en 2007, se convertirá, según con el pacto cerrado con ERC para permitir la investidura de Illa, en la encargada de recaudar en el futuro todos los impuestos que se pagan en la comunidad autónoma, el mayor salto de soberanía del Gobierno catalán desde la aprobación del Estatut.

La financiación de las entidades locales también se revisaría. El PSOE aboga por “reequilibrar” los recursos disponibles entre Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Consejos y Cabildos insulares y “determinar” el mapa de sus competencias para mejorar la prestación de los servicios públicos de proximidad. El partido también promueve “avanzar” en la “corresponsabilidad fiscal” de la administración local, “reduciendo la condicionalidad de sus recursos e incorporando de forma explícita el principio de lealtad institucional”. Y apoyaría el uso de inversiones “financieramente sostenibles” para la ejecución de proyectos de viviendas sociales y asequibles. Es decir, cerraría la puerta a los fondos buitre, que aprovecharon la crisis financiera para comprar miles de viviendas sociales.

“Ahondar” en una España federal

Para alcanzar un mejor equilibrio territorial, el PSOE ha concluido que la fórmula idónea es “ahondar” en el proceso de federalización del Estado que ya recogía en la Declaración de Granada de 2013, en los albores de la crisis territorial que desembocó en el procés. “España es un caso de éxito en su proceso de descentralización. En muy poco tiempo, hemos pasado de ser un Estado fuertemente centralizado a ser considerado un país casi federal. Sin embargo, quedan pendientes de desarrollar herramientas federales de coordinación, armonización y participación territorial en las cuestiones estatales que mejoren el funcionamiento de nuestro modelo territorial, la cogobernanza y la prestación de servicios a los ciudadanos”, es la reflexión que hacen los socialistas.

La solución consistiría en “mejorar la claridad del reparto competencial”, el papel del Senado como cámara de representación territorial o “institucionalizar” las relaciones entre comunidades autónomas. El ejemplo que se pone para conseguir un Estado más engrasado es que no resulta razonable que pacientes graves tengan que trasladarse “cientos de kilómetros” para recibir un tratamiento médico cuando pueden hacerlo más cerca en una comunidad autónoma vecina. El propósito es construir un modelo estatal “menos centralista y más solidario, que ayude más a los territorios menos desarrollados”.

Entre otras propuestas incluidas en el documento, el PSOE está decidido a la rebaja de los 18 a los 16 años de la edad para votar. Para cumplir con esta demanda de las Juventudes Socialistas y “ampliar la participación ciudadana en los procesos democráticos”, los socialistas, que hasta ahora se mostraban titubeantes, están por modificar la LOREG “para que los y las menores de edad mayores de 16 años disfruten del derecho al voto”. El PSOE defendía en las resoluciones del 40º Congreso Federal de 2021 que se debía abrir el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a las personas jóvenes de 16 y 17 años.