Acuerdo fiscal Iglesia-Estado: el monte ha parido un ratón

Digámoslo en el latín de la fábula de Horacio, como gustaría a los obispos que aún hablan la lengua de Cicerón: Parturient montes, nascetur ridiculus mus (“parirán los montes; nacerá un ridículo ratón”). Como en la leyenda, la parafernalia comunicativa de prelados y Gobierno es extravagante. Sin despreciar lo acordado sobre el impuesto municipal de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), ni se han tocado los incontables privilegios de la Iglesia romana en España, ni los ayuntamientos logran grandes beneficios. Como ocurrió con la exención del IVA, la “renuncia” anunciada esta mañana es, de nuevo, una exigencia fiscal insoslayable para la Iglesia católica. La legislación estatal y de la Unión Europea solo contempla tres excepciones a ese impuesto: las obras ejecutadas por el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, y no en todos los casos.

No es casualidad que el anuncio del acuerdo llegue en plena campaña de la Conferencia Episcopal para excitar a sus fieles a marcar una equis confesional en las declaraciones de la renta (IRPF). Es la única institución que goza de ese privilegio, por el que en 2023 recibe de Hacienda 320,7 millones sin que los católicos pongan nada de su bolsillo (“ni pagas más, ni te devuelven menos”, dice la propaganda). En la terminología clásica, semejante casilla podría denominarse como el fisco episcopal, a la manera como en el Imperio Romano se apartaba en un canasto los impuestos (fiscus imperial) para sostener los fastos del emperador y su corte.

El acuerdo parece ofrecer otros mensajes. Por parte de los prelados, sumidos en una grave crisis de imagen y moralidad, pueden presumir de que se desprenden de regalías poco edificantes y mal vistas en el Vaticano, donde el papa Francisco no para de insistir en que los quiere pobres para los pobres y oliendo a oveja (en reciente entrevista, con motivo de sus diez años en el pontificado, ha vuelto a recordar que no fue con un cheque del banco del César con lo que Jesús envió a sus apóstoles a anunciar el reino de Dios). Y por parte del PSOE, que lleva décadas prometiendo la denuncia de los Acuerdos contraídos con el Vaticano en 1976 y 1979, o al menos una reforma profunda, estaría indicando que algún paso da en esa dirección.

En todo caso, los privilegios de la Iglesia Católica siguen siendo descomunales. Organizaciones como Europa Laica y el sindicato Comisiones Obreras calculan que recibe del Estado en torno a 10.000 millones anuales. Sin duda, como argumentan los prelados, muchas de esas partidas son ahorros que se hace el Estado: en sanidad, en educación, en asistencia social... Otras partidas tienen menos justificación, como los miles de millones destinados a salarios de obispos y sacerdotes, a pagar a decenas de miles de profesores de catolicismo y a cientos de capellanes en cárceles, hospitales, cementerios, universidades o cuarteles, aparte el ahorro por disfrutar de un paraíso fiscal casi pleno, en torno a 4.000 millones de euros, de los que la partida más llamativa es el IBI.