El ‘decíamos ayer’ de la profesora Resurrección Galera

Viendo la cara de felicidad de Resurrección Galera Navarro, llegando tan puntual al colegio público Ferrer Guardia, en Los Llanos de la Cañada (Almería), para organizar sus clases de religión y moral católicas, nadie diría que se ha enfrentado en los últimos 17 años a todos los poderes, reales o fácticos, del Estado español, y que los ha vencido de manera clamorosa. La profesora Galera podría mostrar rabia. También podría demostrar la euforia del triunfador. Podría, incluso, cobrarse alguna venganza. Razones no le faltan. Después de cuatro sentencias de los juzgados de lo Social de Almería, dos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, una del Constitucional otorgándole el amparo por atropello de derechos fundamentales, y dos del Tribunal Supremo, ha tenido que esperar 17 años para recuperar su trabajo porque los obispos, el Ministerio de Educación, la Junta de Andalucía y algunos jueces retrasaban la ejecución de las sentencias una y otra vez, o el pago de las indemnizaciones a que tenía derecho la docente. Finalmente, los responsables han procedido a su readmisión para evitar ser sancionados con multas por insumisión a la Justicia.

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La profesora Galera Navarro está feliz, tranquila y serena. No guarda rencores, ni siquiera se acuerda del nombre del obispo que la mandó al paro en 2001. Si llega esta mañana la primera al colegio de su vida —donde piensa jubilarse sin otros sobresaltos ni más pleitos—, si apenas se permite una sonrisa, como si tuviera que disculparse por estar contenta, es porque no quiere alterar la vida de un centro que debe empezar el curso con la normalidad de siempre. “Por favor, por favor”, dice. No quiere hacer declaraciones, pero habla con confianza para EL PAÍS, convencida de que este periódico la ha ayudado a soportar y ganar el largo proceso, desde que destapó el caso el 17 de mayo de 2001 con el título: “Despedida por casarse con un divorciado”.

No hay declaraciones ni habla con otros medios de comunicación, pero es inevitable que la vuelta de Resurrección Galera al colegio Ferrer Guardia, con los mismos derechos que tenía el año 2001, esté siendo celebrada con alegría, de manera especial por unos profesores que vestían pantalones cortos cuando la despidieron.

De los 26 docentes de entonces, solo queda en el centro una profesora. El nuevo claustro es joven, también el director, y recibe a Galera con un cariño especial, “como si volviera de la cárcel”, según uno de sus nuevos compañeros, con todo el derecho a exclamar un “decíamos ayer” tan alto e irónico como el que pronunció en enero de 1577 fray Luis de León después de pasarse cuatro años en las cárceles de la Inquisición en Salamanca.

No habla Resurrección Galera, pero sí su marido, el exfuncionario del Parlamento alemán Johannes María Romes, por quien la joven profesora de catolicismo perdió su trabajo acusada de casarse con él solo por lo civil. Galera, que tenía entonces 36 años, era —y es— creyente católica, y llevaba siete años de profesora de religión con el beneplácito —renovado cada año— del obispado. Pero en la primavera de 1999 conoció a Romes. Se enamoraron. Un año después se casaban en el Juzgado de Paz de Níjar. Romes es alemán (de Bad Neuenahr, cerca de Bonn), y llevaba 12 años en Almería, donde se ganaba la vida como traductor. A los 20 años había contraído matrimonio católico en su país, pero se divorció en 1975 y estaba a la espera de que el Obispado de Treveris le concediese la nulidad de aquel enlace.

Podían, mientras tanto, haber seguido como novios —“Yo, en mi casa; y él, en la suya, hasta resolver los papeleos”, dijo entonces Galera a EL PAÍS—, pero decidieron formalizar las relaciones ante el Estado a la espera de poder casarse por la Iglesia. Así se lo dictaba a Galera su conciencia católica y así se lo dijo al delegado del obispado que investigó su vida privada pisoteando uno de los derechos fundamentales de los españoles. No imaginó que su sinceridad le iba a costar el trabajo y la salud, durante años. Cuando un obispo no solo deja de ser casto sino también cauto, y se conocen sus amoríos, la jerarquía lo traslada de diócesis. Acaba de ocurrir dos veces en España. El papa Francisco ha relajado incluso la norma de que un divorciado vuelto a casar quede excomulgado. Con Galera no hubo contemplaciones.

Irrelevancia episcopal

Pero Romes no quiere hablar de obispos. Los considera irrelevantes en el proceso, casi en extinción como Iglesia. Su crítica apunta al Estado, que en este pleito se ha demostrado fallido. “En un país carente de una justicia efectiva no existe la democracia. Han sido 17 años de pleitos y media vida de derechos, convicciones, esperanzas, alegrías y anhelos frustrados. Hoy vemos el resultado de una lucha individual y tenaz contra los poderes ejecutivo y judicial, pero sufrimos graves consecuencias, entre otras, la ruina económica”.

Johannes Romes decidió venir a España cuando cayó el muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989. Demasiados alemanes a partir de ahora, se dijo. No ha vuelto y apenas conserva amigos de su tiempo como funcionario del Parlamento de su país. Pero sigue siendo alemán de pura cepa: interesado por el funcionamiento del Estado, resistente, lector de una docena de periódicos diarios, españoles o extranjeros.

Por eso impresiona su relato meticuloso sobre el proceso Galera. El Tribunal Constitucional sentenció la nulidad del despido el 14 de abril de 2011, siete años después de admitir el recurso de amparo, en el 2004, que se había presentado en el 2002. Van casi nueve años, “el tiempo que vive un niño desde su nacimiento hasta la finalización de la escuela primaria”, subraya. ¿Victoria, por fin? Qué va. El poder judicial tardó otros cinco años más en sentenciar, por el Tribunal Supremo, en octubre de 2016, que había que cumplir lo dicho por el Constitucional y la sentencia del Supremo descansó todavía casi dos años más en un cajón de uno de los juzgados de lo Social de Almería, “hasta que un nuevo juez, recién llegado, que se merece por mérito propio el calificativo de un juez en mayúscula, hizo cumplir este verano lo ordenado por el Supremo en octubre de 2016”, añade Romes.

Su conclusión va de suyo, como suele decirse: “Una justicia que tarda diecisiete años en dilucidar sobre el despido de una trabajadora, sencillamente, no se puede llamar Justicia. En un país en el que no existe una justicia efectiva no existe democracia. Me pregunto cómo es posible que nuestros representantes políticos se sorprendan del auge de las distintas formas de populismo que todo el mundo occidental, llamado democrático”.