La Audiencia de Madrid debate si respalda, archiva o delimita la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez

La Audiencia de Madrid tomará este lunes la palabra en la causa más mediática del magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene bajo sospecha a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El tribunal provincial tiene sobre la mesa los recursos de la Fiscalía y del abogado de la esposa del jefe del Ejecutivo, que alegan que el instructor ha impulsado una investigación repleta de irregularidades y “carente de indicios”. La defensa de Gómez ha solicitado el archivo de toda la causa, aunque la Audiencia podría solo delimitar el objeto de las pesquisas —una posibilidad que ha planteado el propio ministerio público—. También podría, por el contrario, avalar todas las actuaciones de Peinado. Pase lo que pase, la decisión que se adopte tendrá una enorme repercusión. Y no solo en el plano judicial.

La expectación se concentra desde hace más de dos meses en la Audiencia. El pasado 23 de julio, el tribunal fijó el 30 de septiembre como la fecha elegida para “deliberar” y “votar” los recursos contra la instrucción de Peinado. A través de un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya avanzó que este lunes no se sabrán los pormenores del debate —“la resolución derivada de esa sesión de deliberación y fallo se conocerá con posterioridad, tras la redacción por parte de su ponente y de la notificación del correspondiente auto”—. Sin embargo, en ciertas ocasiones, los tribunales avanzan sucintamente el sentido de su fallo: es decir, primero comunican simplemente su decisión y posteriormente facilitan las resoluciones con la argumentación.

Para poder estudiar a fondo el caso antes de pronunciarse, la Audiencia de Madrid requirió al juez Peinado que le enviase todo el sumario. Entre toda esa documentación se encuentran los dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que descartaron la existencia de irregularidades.

El juez Peinado no ha frenado su causa desde que la inició el pasado abril. El magistrado ha practicado varias rondas de interrogatorios en julio y agosto, que no han supuesto avances significativos. Este mismo septiembre, aunque sigue sin concretar el objeto de sus pesquisas, ha reactivado también diferentes líneas de investigación: ha solicitado más información a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a la Fundación La Caixa y a la aseguradora Reale sobre el máster dirigido por Begoña Gómez; y ha apremiado a la Guardia Civil para que le entregue un informe sobre la documentación aportada por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) relativa al rescate del Gobierno a la aerolínea Air Europa.

Peinado ha fijado, incluso, indagaciones para mediados de octubre, sin esperar a ver si la Audiencia de Madrid delimita o invalida el sumario. En este sentido, el juez ha citado a declarar el próximo día 16 a Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, responsable de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE), donde la esposa de Sánchez dirigió el IE Africa Center.

Una investigación “genérica”

En su recurso, la defensa de Begoña Gómez acusó al juez Peinado de haber construido una “investigación prospectiva” para “indagar en la vida de una persona”, con el objetivo de “ver si se encuentra algún hecho delictivo”. “Lo cual está prohibido en un Estado de Derecho”, subrayó en el escrito el abogado de la esposa del presidente, el exministro socialista Antonio Camacho, que pide archivar toda la causa. La Fiscalía, que mantiene una línea argumental parecida, insistió en que el magistrado tampoco ha “definido el objeto” y “alcance” de su instrucción y ha lanzado toda una batería de iniciativas “genéricas y carentes de concreción”.

El ministerio público añadía que el magistrado ha sobrepasado, incluso, los límites que previamente le había marcado la Audiencia de Madrid, que a finales de mayo se pronunció sobre la admisión a trámite de la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, origen del procedimiento. La Fiscalía considera que el tribunal provincial, que validó entonces la apertura de las pesquisas, ya restringió la causa al descartar todos los hechos basados en datos “erróneos” y “conjeturas” (como las sospechas sobre el rescate de Air Europa), y solo avaló que se siguiera adelante con las averiguaciones sobre una serie de contratos públicos concedidos a compañías vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés —una parte que, en opinión del ministerio público, ha asumido ya la Fiscalía Europea—.

Sin embargo, el 1 de julio, el juez Peinado emitió un auto para comunicar que continuaba indagando en toda la relación de Gómez con este empresario, así como “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno (limitados a aquellos que se contienen en la denuncia inicial [de Manos limpias])”. Según ha manifestado la defensa de Begoña Gómez en la querella por prevaricación que presentó contra el magistrado —una denuncia que el TSJM aún no ha dicho si admite a trámite—, esas palabras del instructor “dejan en evidencia y de manifiesto que está llevando a cabo una investigación ilegal, y en la que subyace un elemento intencionado de enfocar la investigación hacia el presidente del Gobierno, con una absoluta falta de imparcialidad”.