Un histórico consejero del PP valenciano admite su implicación en una trama corrupta

Serafín Castellano, histórico conseller de la Generalitat Valenciana por el PP, ha tomado este martes la palabra en la Audiencia Nacional para admitir su implicación en una red de corrupción que operó en esa comunidad y en Cataluña, entre otros puntos del país: el bautizado como cártel del fuego, una supuesta organización criminal que se concertó para alterar la adjudicación de los contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea mediante la corrupción de funcionarios y autoridades. El ex alto cargo popular ha reconocido su participación en la trama tras pactar con la Fiscalía para que se le imponga una pena mínima (2 años y 7 meses de prisión) y así evitar su entrada en la cárcel, al igual que han hecho otros 11 acusados.

—Usted ha reconocido los hechos del escrito de acusación e igualmente todos los delitos, ¿lo ratifica? —le ha preguntado el fiscal a Castellano.

—Sí —ha contestado brevemente el exdirigente del PP.

—Dado la anterior, ¿comprende el alcance de esa conformidad? —ha insistido el representante del ministerio público.

—Sí, así es.

Durante su etapa como político del PP, Castellano acumuló un enorme poder en la Comunidad Valenciana. Llegó a la cima de la mano de la formación conservadora, dentro de la cual ostentó cargos de enorme responsabilidad. Fue presidente provincial del PP en Valencia; secretario general del partido autonómico; diputado regional; alcalde de Benisanó (Valencia)... También, durante varios periodos de 1999 a 2014, conseller de la Generalitat (de Justicia y Administraciones Públicas, de Sanidad, y de Gobernación) con cuatro presidentes distintos (Eduardo Zaplana, Francisco Camps, José Luis Olivas y Alberto Fabra). Y el Gobierno de Mariano Rajoy lo designó como delegado del Ejecutivo en la comunidad, posición que ejercía cuando fue detenido en 2015.

El juicio sobre el cartel del fuego debía haber comenzado este lunes, pero el tribunal decidió retrasar su inicio a este martes debido a las negociaciones de última hora que algunas defensas han abierto con la Fiscalía. De hecho, el ministerio público ha insistido en que algunos acusados —como el propio Serafín Castellano— no se han ofrecido a reconocer los hechos hasta prácticamente el arranque de la vista oral. “Ha sido con el juicio ya encima”, ha precisado el fiscal.

Además de Castellano, otros 11 acusados (de los 16 que se sientan en el banquillo) han cerrado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público ha rebajado sensiblemente su solicitud de penas para esta docena de imputados que han pactado, a los que reclama ahora un castigo que oscila de los 14 meses de reclusión hasta los 3 años y medio. En el caso del exconseller popular, para quien exigía inicialmente 21 años de cárcel, se ha reducido hasta los 2 años y 7 meses por los delitos de falsedad de documento público, cohecho y asociación ilícita, entre otros. Además, el fiscal ha avanzado que no se opone a que se suspenda el ingreso en prisión del expolítico, aunque será el tribunal quien lo decida finalmente.

Amaños y regalos

En mayo de 2022, cuando se procesó a los implicados en la red corrupta, el juez instructor Manuel García-Castellón explicó que los sospechosos se concertaron para “alterar” los procesos de contratación y adjudicación pública, “corrompiendo” con “dádivas” y “compensaciones económicas a múltiples funcionarios y autoridades”, encargadas de la toma de decisiones clave. La trama recurría a diferentes “ardides”: por ejemplo, se aliaron para “expulsar” a competidores; incrementaron el gasto “indebidamente”; y se permitían “prórrogas o modificaciones contractuales” de forma irregular. “Se ha constatado una sistemática actuación de generación de actitudes clientelares en el ámbito de la administración interviniente en el sector”, subrayó el magistrado.

El sumario enumera los regalos recibidos por los corrompidos, como dinero en metálico, vehículos, cacerías, armas de fuego, relojes, joyas y estancias en hoteles. Así, respecto a Serafín Castellano, el juez instructor precisó que, para conseguir su favor, se le entregaron múltiples “dádivas” —solo las relacionadas con las actividades cinegéticas superaron los 160.000 euros, según apuntó el juez—.