Los testimonios de los dos etarras convertidos en testigos protegidos se incorporan a los sumarios de nueve atentados

Los testimonios de los dos etarras convertidos en testigos protegidos se han incorporado ya, al menos, a nueve sumarios de la Audiencia Nacional, según la documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS. Los exterroristas arrepentidos, que se han prestado a colaborar con la justicia, declararon por primera vez en 2023 ante el juez Alejandro Abascal en la causa abierta por el atentado de Gregorio Ordóñez, concejal del PP de San Sebastián, a quien un comando de ETA mató de un disparo en la nuca en 1995. En abril de 2024, hicieron lo mismo ante el magistrado Manuel García-Castellón, que reabrió las pesquisas sobre el secuestro y asesinato en 1997 de Miguel Ángel Blanco, edil popular de Ermua (Bizkaia). Pero, además, posteriormente, sus palabras se han enviado —como mínimo— a otras siete investigaciones, según consta en varias resoluciones judiciales.

En concreto, estas otras siete causas son las siguientes: el sumario abierto por el asesinato del empresario Francisco Arratibel en 1997 (en el que se han incorporado las declaraciones de los dos exetarras ante el juez Alejandro Abascal por el asesinato de Gregorio Ordóñez); los atentados mortales contra Jesús María Pedrosa (concejal del PP en Durango), el magistrado José Francisco Querol, el fiscal Luis Portero y el teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco, todos ellos cometidos a lo largo de 2000; el coche bomba colocado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) en agosto de 2002, en el que murieron dos personas, entre ellas una niña de seis años; y el atentado contra la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, en Madrid, que costó la vida a los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate.

En sus declaraciones, los dos exterroristas ofrecieron detalles del funcionamiento interno de la banda y de los comandos, señalaron a dirigentes concretos de ETA por dar las órdenes para atentar, y especificaron quién y cómo se elegía a los objetivos. Tras publicar EL PAÍS más detalles de sus testimonios este lunes, Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo), ha afirmado: “Estos testigos protegidos sí están arrepentidos de verdad. No hay mejor prueba de ello: colaborar con la justicia. Les agradecí públicamente hace un año, cuando declararon en el sumario de mi hermano que impulsé en 2015. Son quienes más contribuyen a deslegitimar el terror de ETA”, ha tuiteado en la red social X.

Precisamente, la Audiencia Nacional ha acogido este lunes dos vistas para estudiar los recursos presentados por tres exjefes de ETA (Mikel Albisu, alias Mikel Antza; María Soledad Iparraguirre, Anboto; e Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería) por su procesamiento por el atentado de Miguel Ángel Blanco. El juez García-Castellón propuso juzgarlos por este crimen el pasado abril —además de a José Javier Arizcuren, Kantauri—, apenas unos días después de recabar el testimonio de los dos etarras convertidos en testigos protegidos. Sin embargo, la Fiscalía se opone a juzgar a Antza, Anboto y Rentería por el asesinato del edil de Ermua al considerar que, en su caso, la causa se dirigió contra ellos cuando el delito ya había prescrito.

Otros atentados mencionados

Durante el interrogatorio ante el magistrado Manuel García-Castellón, que ha dirigido el Juzgado Central de Instrucción 6 hasta su jubilación este septiembre, el juez y el fiscal preguntaron a los testigos por otros cuatro atentados. Uno es el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que fue liberado en 1997 por la Guardia Civil tras 532 días de cautiverio, acción policial que provocó la reacción de ETA con el secuestro de Blanco. Otro fue el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza de diciembre de 1987, en el que murieron 11 personas, seis de ellos menores de edad. Por este atentado está procesado José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, sobre el que el juez preguntó a uno de los testigos protegidos. Sin embargo, este arrepentido no vinculó la colocación de ese coche bomba con el histórico jefe de ETA, para el que la Fiscalía pide 2.354 años de cárcel por esta masacre.

Los otros dos atentados sobre los que les preguntaron se remontan a la década de los setenta y fueron amnistiados por la ley de 1977. Se trata de la investigación por la desaparición y posible asesinato en 1973 en el sur de Francia de los jóvenes gallegos José Humberto Fouz, Jorge Juan García y Fernando Quiroga Veiga, a los que la organización terrorista supuestamente confundió con policías; y el asesinato en 1976 del presidente de la Diputación de Gipuzkoa, Juan María de Araluce, su chófer y tres escoltas en San Sebastián. Sobre el primero, el juez planteó a los dos antiguos terroristas si había hablado alguna vez con algún miembro de la organización de aquel suceso, que se produjo cuando aún ninguno de ellos aún militaba en la banda armada. García-Castellón quería saber “dónde pudieran esta escondidos sus cuerpos” y “quién lo hizo”. “La historia me suena, pero no sé nada concreto”, dijo uno. El segundo afirmó que, cuando se produjo aquel suceso, “era muy joven” y que “oyó que estuvo involucrado Peixoto [José Manuel Gallastegi, exdirigente histórico de ETA]”, sin más concreción. En noviembre de 2018, meses después de anunciar su disolución, ETA publicó en su revista interna Zutabe un comunicado en el que admitía varios atentados que hasta entonces no había reconocido, pero no hizo ninguna alusión a este suceso.

Sobre el segundo atentado de los años setenta, en el que un comando ametralló en el centro de la capital donostiarra a Araluce y sus cuatro acompañantes, el juez planteó si aquel hecho reunía “las características de las muertes [que], de alguna forma, trataban de expulsar al Estado español [del País Vasco] a través de sus representantes”. La respuesta del testigo protegido fue que “podría decirse así”. Tanto esto como el de los jóvenes gallegos están en la lista de más de 300 crímenes de la organización terrorista que no han sido resueltos hasta ahora. El magistrado también planteó a uno de ellos cuestiones sobre las llamadas conversaciones de Argel, el diálogo fallido mantenido en 1989 por el Gobierno socialista de Felipe González con dirigentes de ETA en el país norteafricano. En concreto, el juez quería saber si en ellas estuvo Josu Ternera. El testigo dijo que no, que en aquellas conversaciones participaron Domingo Iturbe, Txomin ―que fallecería en un accidente en Argelia― y Eugenio Etxebeste, Antxon, como ya era conocido.