El ‘cártel del fuego’ generó un fraude de 100 millones de euros

El llamado cártel del fuego, la trama de corrupción en la adjudicación de contratos de extinción aérea de incendios destapada en la Comunidad Valenciana en mayo de 2015, generó un fraude a la administración pública que pudo superar los 100 millones de euros. Así lo establece la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en un auto —resolución razonada— por el que acepta la competencia sobre esta investigación, que se llevaba hasta ahora en el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) y en la que están imputados el exdelegado del Gobierno en esa comunidad Serafín Castellano, el empresario Vicente Huerta y otras 24 personas.

La juez Lamela, encargada del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tras la salida del magistrado Eloy Velasco, ha aceptado la inhibición planteada el pasado diciembre por el juzgado de Sagunto. Lamela considera que la trama para alterar el precio de concursos y contratos públicos para los servicios de extinción de incendios forestales no solo afectó a la Comunidad Valenciana, sino que se extiende a otras regiones como Cataluña, Extremadura, Islas Baleares, Andalucía o las dos Castillas, y a la propia Administración Central del Estado, con el Ministerio de Medio Ambiente.

En varios países

La investigación también ha hallado ramificaciones de esta red de supuesta corrupción fuera de España, concretamente en Chile, Italia y Portugal.

Los delitos que se investigan son falsedad, cohecho, malversación, prevaricación, negociación prohibida, pertenencia a grupo criminal y alteración del precio de concursos públicos. Además de las 26 personas imputadas, en la investigación se incluye a 14 empresas asociadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) y dedicadas a prestar servicios comerciales, agrícolas, de protección civil y de prevención y extinción de incendios forestales.

La magistrada de la Audiencia Nacional asume la competencia sobre el caso del cartel del fuego por varios motivos. Por un lado, entiende que la trama causó un “grave quebranto a la seguridad del tráfico mercantil” y tuvo “grave repercusión en la economía nacional”. También justifica su competencia por la propia “complejidad” de la causa.