Begoña Gómez también se querella contra el juez Peinado por revelación de secretos y prevaricación

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella contra el magistrado Juan Carlos Peinado, que la mantiene imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La mujer del jefe del Ejecutivo atribuye al juez los delitos de prevaricación y revelación de actuaciones declaradas secretas. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se dirige al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya tiene sobre la mesa la otra querella presentada el pasado martes por la Abogacía del Estado en nombre del presidente, esta solo por prevaricación.

La defensa de Begoña Gómez, ejercida por el abogado Antonio Camacho, exministro socialista, ha decidido mover ficha este viernes, después de que la causa contra la esposa de Sánchez haya cerrado esta semana otra ronda de interrogatorios sin avances de calado. Entre el lunes y el jueves, cinco personas se sentaron ante el juez (dos imputados y tres testigos, incluido el propio jefe del Ejecutivo), pero ninguna de ellas desveló nuevos indicios. Es más, el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés negaron irregularidades en su relación profesional con la principal señalada en dicha instrucción.

La querella firmada por el abogado de Gómez, de 53 páginas y fechada este mismo viernes, se centra primero en el supuesto delito de revelación de secretos. El documento recuerda que el magistrado abrió la causa el pasado 16 de abril, cuando admitió a trámite una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias —basada en supuestas noticias de prensa, que incluían incluso un bulo—. Desde ese mismo día, Peinado declaró el secreto de sumario, que no levantó hasta el 24 de mayo. Sin embargo, según señala la denuncia, el juez “dio traslado” el 17 de mayo a la formación ultraderechista Vox, personada como acusación popular, de unas “declaraciones y documentos de una causa aún secreta”. “Y del mismo modo”, según ahonda el letrado Antonio Camacho, una resolución dictada el 23 de mayo revela que se “dio traslado a las acusaciones populares” de otras “diligencias, documentos y testificales [...], sin que en ningún momento se hubiese acordado un levantamiento parcial del [secreto] mediante resolución alguna”.

A lo largo del documento, la defensa de Gómez también censura que, dentro de ese periodo, el juzgado usara al gabinete de prensa del TSJM para “filtrar” a la opinión pública la apertura de la causa y otras decisiones tomadas en la instrucción, como la citación de testigos. Aunque, en el primer caso, el departamento de comunicación informó del inicio de la investigación después de que la prensa ya lo hubiese publicado —una práctica que no es solo habitual en este órgano judicial, sino también en otros como la Audiencia Nacional, aunque la causa se encuentre declarada secreta—.

“Esas resoluciones de 17 y 23 de mayo de 2024 son manifiestamente arbitrarias e injustas, y podrían constituir en sí un delito de prevaricación judicial”, agrega la querella al introducir el segundo delito que le atribuye al juez. Precisamente, la Abogacía del Estado imputó este mismo delito al magistrado el pasado martes, por haber impedido a Sánchez declarar por escrito en la causa abierta contra su esposa, como permite la ley a los miembros del Gobierno cuando van a comparecer en una instrucción como testigos por hechos que han conocido por razón de su cargo. Para justificarlo, Peinado alegó que quería preguntarle por temas que no tenían que ver con su puesto, sino con su condición de marido.

Una vez que reciba el escrito de Gómez contra Peinado, el TSJM deberá decidir si lo admite a trámite, al igual que tiene que hacer con la querella del presidente del Gobierno; y con otra anterior que tiene pendiente de resolver —esta última, presentada por el periodista Máximo Pradera por revelación de secretos—. Además, según fuentes jurídicas, aunque el tribunal acepte abrir una causa contra el instructor, eso no implica que el magistrado quede apartado automáticamente de las pesquisas que mantiene abiertas contra la mujer de Sánchez, pero sí podría hacerlo motu proprio o, en su caso, una de las partes podría presentar una petición de recusación contra él.

“La revelación de los elementos de la causa declarada secreta han perjudicado gravemente a los derechos [de Begoña Gómez], vulnerando su derecho a la defensa desde el inicio, en una causa de la que no podía conocer en su integridad por la declaración del secreto —tan solo permitiéndola acudir mediante representación a las testificales, pero sin conocer el motivo de las acusaciones formalmente —, pero de la que públicamente se divulgaban informaciones sobre una causa secreta, causándola un grave perjuicio ante la sociedad [...] y sometiéndola a la pena de banquillo como normalmente se conoce a esta situación”, remacha la denuncia de la esposa del presidente del Gobierno.

“Protagonismo mediático”

La querella amplía el presunto delito de prevaricación cometido por Peinado a más decisiones tomadas por él dentro de la causa contra Begoña Gómez. Según expone Camacho, el juez ha impulsado “a sabiendas” una investigación “inusual, errática y prospectiva”, con la que busca mantener una “causa general” contra la mujer del jefe del Ejecutivo, “lo cual está expresamente prohibido por nuestro ordenamiento jurídico”. La defensa insiste en que lleva a cabo una “instrucción perversa”. “Si bien, en este momento no podemos determinar si estas decisiones tienen la finalidad premeditada de buscar un impacto político y social, o si tan solo obedecen a un desmedido afán de protagonismo mediático”.

“Ha dictado a sabiendas resoluciones manifiestamente injustas, injustificadas y sin amparo legal, conculcando las normas procesales y causando grave perjuicio”, continúa el abogado en su escrito, que añade: “Ha forzado las normas y ha adoptado decisiones no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias. Además, dada la premura con la que ha venido acordando la práctica de diligencias de investigación, los recursos interpuestos por esta parte en innumerables ocasiones han sido tramitados por el juzgado una vez que la diligencia se había practicado”.

Más documentación

Por su parte, el juez Peinado sigue con su instrucción y, según consta en una resolución del 30 de julio, ha reclamado más documentación a varias instituciones. El magistrado ha pedido a la Universidad Complutense, donde Begoña Gómez dirigió una cátedra, “los convenios de fundación de todas las cátedras extraordinarias creadas” y “los currículum vitae de los directores y codirectores”. A su vez, ha exigido al Instituto de Empresa (IE) que facilite “el contrato laboral realizado entre IE Africa Center y la investigada”. Igualmente, ha comunicado a la Fundación Deporte Joven que le envíe “los contratos realizados con Innova Next”, una de las empresas de Barrabés.