Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar ante el juez Peinado

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, donde ha comparecido ante el magistrado Juan Carlos Peinado, que la investiga desde el pasado abril por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La pareja del dirigente socialista, que ha mantenido hasta el último minuto la incógnita sobre si iba a contestar al juez y al resto de partes, ha abandonado a las 10.30 el edificio, adonde había llegado en coche apenas 45 minutos antes, según fuentes jurídicas.

“Mi clienta no ha declarado, no porque tenga algo que esconder, no porque no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no declare”, ha señalado el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, tras la comparecencia. El letrado ha afirmado que el juez no ha aclarado los extremos de su instrucción, vulnerando así el derecho de defensa. Según Antonio Camacho, el magistrado Peinado ha impulsado una investigación “expansiva” que sobrepasa los límites que le marcó la Audiencia Provincial de Madrid, una tesis que comparte la Fiscalía. “Un juez de instrucción no debe investigar cualquier cosa, debe citar cuál es el objeto de la investigación. No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor”, ha insistido el abogado.

Vox, que está personado como acusación popular en el caso, ha cargado contra Gómez: “La negativa de la mujer de Sánchez a declarar supone una burla a todos los españoles y al Poder Judicial”, ha dicho el eurodiputado ultra Jorge Buxadé, coordinador de los servicios jurídicos del partido. Buxadé ha añadido que la formación va a pedir que Pedro Sánchez declare como testigo en la causa.

Las pesquisas contra Begoña Gómez comenzaron el 16 de abril, cuando el juez Peinado abrió diligencias tras recibir por reparto una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Los extremos de la instrucción no se han aclarado hasta ahora. Pero de las resoluciones del magistrado se desprende que se investiga la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés; su conexión con Javier Hidalgo, quien fuera consejero delegado de Globalia, grupo propietario de Air Europa —compañía rescatada por el Consejo de Ministros en 2020—; y los vínculos de la esposa del presidente con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde codirigió una cátedra.

Precisamente, tras la comparecencia de la esposa del jefe del Ejecutivo, han desfilado ante el juez como testigos el actual vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal, y a su predecesor en el puesto, Juan Carlos Doadrio. El magistrado decidió llamarlos a declarar después de que, hace dos semanas, el rector de la institución, Joaquín Goyache, explicase que no detectó la existencia de irregularidades en la relación de Gómez con la UCM. Y este viernes, según fuentes jurídicas presentes en sus declaraciones, los dos vicerrectores se han movido en una línea similar.

Según estas fuentes, Coello ha explicado cómo se desarrollaba el control de la cátedra. Y Doadrio, que ha admitido ser miembro del PP, ha dicho que el rector contactó con él para la creación de la cátedra; y que le dio luz verde porque lo vio todo correcto. Además, el juez ha declarado impertinentes varias preguntas de Vox por referirse a facturas que no se encuentran bajo sospecha; y ha advertido a los abogados de las partes que no deben desvelar a terceros lo ocurrido durante estas declaraciones o podrían multarlos.

Ultras expulsados

Begoña Gómez volvía este viernes al ojo del huracán. En plena ofensiva de la oposición contra el presidente del Gobierno por la investigación judicial abierta contra ella, la defensa de Gómez contaba a su favor con dos informes de la Guardia Civil que no han detectado ilegalidades en su labor profesional, así como un tercero de la Complutense que señala que no ha podido alcanzar ninguna “conclusión definitiva” sobre supuestas irregularidades a pesar de los “indicios”. Sin embargo, la esposa de Sánchez ha preferido guardar silencio.

El interrogatorio había sido fijado para las 10.00 y generaba una enorme expectación, al igual que sucedió el pasado 5 de julio, cuando fue citada por primera vez. Esa comparecencia se suspendió finalmente después de que Begoña Gómez asegurase al juez Peinado que no sabía los hechos por los que le investigaba y el magistrado admitiese que no se le había notificado toda la documentación del caso. Decenas de personas se concentraron en aquella ocasión ante los juzgados de Plaza de Castilla para increparla. Y varios ultras se colaron en el interior del edificio judicial para insultarla y grabarla en los pasillos, algo prohibido por la normativa.

Este viernes ha vuelto a ocurrir: un grupo se ha colado de nuevo en el edificio y ha llegado hasta la planta sexta, donde se iba a producir la declaración, pero el servicio de seguridad los ha detectado y los ha echado. En esa planta había personal de la seguridad habitual del edificio y también de La Moncloa, según fuentes presentes en el juzgado. Aun así, una web sensacionalista ha vuelto a grabar a Gómez en los pasillos.

Todo ello, pese a que la jueza decana de los juzgados de Plaza Castilla, María Jesús del Barco, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), había ordenado incrementar la seguridad y limitar el acceso a la planta donde se encuentra el Juzgado de Instrucción 41. También, al igual que en la anterior ocasión, había autorizado a Gómez a entrar en coche por el garaje, ante el “riesgo” para su integridad física. Esta circunstancia ha permitido a la esposa del presidente ahorrarse el paseíllo ante las cámaras de televisión y los periodistas. Vestida de negro, ha subido por el ascensor hasta la sexta planta y se ha encaminado directamente a la sala de vistas, según fuentes presentes en el Juzgado 41 de Instrucción.

Mientras tanto, fuera del inmueble, se sucedían los gritos contra la investigada. El grupo ultracatólico Hazte Oír, que está personada como acusación popular en la causa, ha vuelto a convocar una manifestación a las puertas del inmueble con lemas como “ya no le quedan excusas, Begoña tendrá que responder” y “yo senté a Begoña en el banquillo”.

Tres informes

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elaborado ya dos informes sobre el caso, enviados al juez. Ninguno de esos dos análisis ha detectado irregularidades. La Audiencia Provincial de Madrid, por su parte, tras analizar la denuncia inicial de Manos Limpias, calificó el asunto de Globalia como una “simple conjetura, más allá de llamativas coincidencias temporales y personales”, aunque avaló que el juez siguiera investigando la parte referida a algunos de los contratos de Barrabés.

La oposición se ha aferrado ahora al informe que la Complutense ha elaborado sobre la investigación interna que abrió por su vinculación con Begoña Gómez, y que salió a la luz el miércoles. Sin embargo, ese documento, que la universidad envió al magistrado Peinado el pasado 1 de julio, no concluye la existencia de ninguna irregularidad: pide únicamente al juez que, si este detecta que se ha producido algún perjuicio para la Complutense, le avise para personarse ella como acusación.

En el informe, no obstante, la Complutense señalaba que la esposa del presidente, sin que la universidad lo supiera, había registrado unas marcas y una empresa con una denominación similar al nombre de la cátedra que ella codirigió en la institución pública. El abogado de Gómez ha calificado este viernes de “sorprendentes” esas afirmaciones: “Mi cliente puede acreditar que la UCM siempre tuvo conocimiento del registro de ese nombre”, ha asegurado. “Hay correos donde queda claro que la universidad sabía de este registro e incluso dio instrucciones de cómo y dónde debía hacerse”.