Jornada política de 3 de julio de 2024 | Pedro Sánchez: “La mejor manera de combatir a la ultraderecha es gobernar”
Sumar se desmarca del PSOE y se abstendrá mañana en la votación de la reforma de la ley del Poder Judicial | El PP insiste en las críticas al Constitucional por anular parte de la pena a cuatro condenados en el caso de los ERE
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la actualidad política. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
El Gobierno se ha pronunciado sobre la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar a Carles Puigdemont y otros líderes independentistas por dejar fuera de la norma el delito de malversación. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha afirmado que respeta las decisiones judiciales, pero que el texto y la voluntad del legislador son claros y “ahora lo que tiene que suceder es que los jueces la apliquen”. En cambio, los 46 agentes del Cuerpo Nacional de Policía procesados por cargas desproporcionadas durante la jornada del referéndum independentista ilegal del 1-O en 2017 sí que han sido amnistiados. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que su partido desconfía de la neutralidad del Constitucional, de mayoría progresista, y asegura que recurrirá la ley que absuelve a los encausados del procés. “Un tribunal trufado con dos magistrados del Gobierno es inmoral”, señaló el líder popular. El Gobierno considera de “máxima gravedad” estas declaraciones.
Los mensajes de este hilo están ordenados de forma cronológica, del más antiguo al más reciente
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este miércoles, marcada un día más por la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación, del que están acusados varios líderes independentistas, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont. La decisión, recibida con indignación por los socios del Gobierno, complica el horizonte judicial del expresident y su posible regreso a España que había previsto —y en teoría mantiene— para la sesión de investidura en el Parlament, a finales de agosto.
Este miércoles, los líderes de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, se centran en la actualidad internacional. Alberto Núñez Feijóo viaja a Portugal a una jornada del PP Europeo, mientras que Pedro Sánchez interviene en el acto de presentación de la Fundación Avanza, un think tank progresista, en el que pronunciará un discurso sobre el papel de Europa en el mundo.
La tregua ha durado menos de una semana. La ley de amnistía y la forma de interpretarla del Tribunal Supremo, que de nuevo enmienda la plana al Congreso ―ya lo hizo con la reforma de la sedición y la malversación― ha dinamitado el ambiente de cierta calma entre los dos grandes partidos después del primer gran pacto entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Del siempre más comedido PNV a la contundencia de EH Bildu, Podemos o BNG, los aliados parlamentarios del Gobierno descalifican al Tribunal Supremo por negarse a aplicar a los delitos de malversación la ley de amnistía que apoyaron en el Congreso. Estas formaciones lo interpretan como un ataque a la potestad legislativa de las Cortes. Lo que ha hecho el Supremo equivale a “no reconocer la soberanía popular que se expresa en el Parlamento”, denunció el secretario de la Mesa del Congreso y miembro de Sumar, Gerardo Pisarello, quien añadió: “Los jueces tienen que aplicar la ley, porque lo contrario es prevaricar”. El PNV también recordó que es en el legislativo “donde reside la soberanía popular” para lamentar que la ley elaborada en las Cortes “se vea interpretada ahora de un modo restrictivo” por el Supremo.
Apenas unos días después de haber garantizado la “solidaridad” de las comunidades autónomas en las que gobierna el PP, Feijóo ha endurecido su discurso ante la crisis de acogida de menores migrantes que afronta Canarias. El líder de los populares cambió el paso este martes y —en línea con los barones más reticentes a imponer por ley la redistribución de menores extranjeros— aseguró que sus autonomías cumplirán con sus obligaciones de acogida “hasta el máximo disponible”, pero advirtió de que son necesarios “límites”. Feijóo, que aún no ha logrado una posición común de sus Gobiernos autonómicos, incidió: “A partir del máximo disponible nadie puede dar lo que no tiene”. En paralelo, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, coqueteó con las tesis de la extrema derecha y acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de provocar “el efecto llamada” y de no “defender las fronteras”.
Bustinduy acusa a PP y Vox de mantener una “estrategia de deslegitimación permanente del Gobierno”
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha acusado al PP y a Vox de mantener desde las elecciones del 23J una “estrategia de deslegitimación permanente del Gobierno, arrasando retóricamente todas las instituciones del Estado y cuestionando los principios básicos del ordenamiento democrático”. Considera que esa estrategia es peligrosa y afecta a la “salud y la calidad del debate democrático” y aboga por responder “profundizando la agenda democrática y social y avanzando en el bienestar de las mayorías, porque eso reafirmará el compromiso con las instituciones democráticas”.
Preguntado por las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Tribunal Constitucional —el martes dudó abiertamente de su imparcialidad—, pero también de Yolanda Díaz, líder de su partido, Sumar, al Supremo, ha defendido que “en democracia todo es opinable y criticable, también las instituciones y poderes del Estado” y que esa crítica es compatible con el respeto a las resoluciones, siempre que se haga con honestidad y se argumenta. “Soy defensor de que nada sea hurtado al debate, pero con honestidad y probidad, diciendo la verdad, pero no de utilizar las instituciones como herramientas para perseguir fines de parte” o de decir “una cosa cuando se está en una posición y la contraria cuando se está en otra”. “La democracia sería mejor si la crítica se ejerciera teniendo en cuenta el interés general y menos las estrategias de corto plazo de los actores políticos”, ha sentenciado.
Marta Rovira dice que se investigará el caso Maragall y niega la existencia de facciones en ERC
La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado que se ha abierto un expediente para investigar la responsabilidad de la campaña contra Ernest Maragall desde las filas de la propia formación, caso que desmarca de un enfrentamiento entre distintos sectores del partido “porque en Esquerra no existen”.
En un mensaje difundido anoche en su cuenta de X, Rovira informa de que “se ha abierto un expediente en el canal ético” y se está trabajando” para, en su caso, sancionar a los responsables. Además, ha recordado que “el sistema de garantías es imparcial e independiente de la dirección”.
“Y esto no va de sectores porque en Esquerra no existen. El Rovirismo no existe. Mi labor hasta el Congreso Nacional es la de garantizar las condiciones de democracia interna para que todo el mundo pueda opinar, participar y decidir en términos de igualdad. Somos republicanos”, concluye la secretaria general de ERC.
Diversos dirigentes de ERC habían pedido a la dirección del partido que depure responsabilidades tras admitir que unos carteles contra Ernest Maragall salieron de las propias filas de la formación. Según una información publicada por el diario Ara el pasado lunes, tras esos carteles estaba un militante de la comarca de Anoia en contacto directo con la cúpula de comunicación de ERC e informó de lo sucedido a la dirección del partido cuando se vio cercado por la investigación policial.
En los citados carteles, el lema “Fuera el alzhéimer de Barcelona” acompañaba la imagen del entonces alcaldable de ERC en Barcelona junto a la de su hermano y expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que padece esta enfermedad.
El exlíder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, admitió ayer haber vivido “vergüenza y horror” al ser conocedor de que esos carteles denigratorios contra él provenían de las filas del propio partido, mientras afirmó creer en la “indudable honestidad del conjunto de la organización republicana”. (EFE)
El PP insiste en sus ataques contra el Tribunal Constitucional
La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha cargado contra las sentencias del tribunal de garantías en el caso de los ERE, y se ha quejado de que “el Tribunal Constitucional haya entrado a ser una sala de casación en vez de un tribunal de garantías, que es lo que debe de ser”. “Yo creo que lo que nos separa a los ciudadanos de la justicia es estar viviendo ante el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia, el caso de los ERE, y lo que estamos viendo ahora es cómo el Tribunal Constitucional, un tribunal de garantías, está actuando como un tribunal de casación y está revisando esas sentencias y anulando delitos de corrupción que afectan a políticos del Partido Socialista”, ha censurado la ‘número dos’ del PP en una entrevista en Telecinco.
Vox solicitará al Supremo que active de nuevo la euroorden contra Puigdemont
Vox solicitará al Tribunal Supremo que active una orden europea de detención y entrega (euroorden) contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, una vez que el magistrado Pablo Llarena ha rechazado amnistiarle por el delito de malversación.
Fuentes de Vox han confirmado a EFE que presentarán la solicitud como parte implicada en el proceso que mantiene abierto el Supremo para que Puigdemont pueda ser entregado a España desde Bélgica.
La decisión del juez Llarena de no amnistiar el delito de malversación al expresidente catalán despeja el camino al juez para activar la euroorden, más aún cuando Puigdemont ha perdido su blindaje parlamentario al dejar de ser eurodiputado. Sin la cobertura de la amnistía ni el blindaje que le otorgaba su escaño en Estrasburgo, su posición procesal en Europa vuelve a la casilla de salida, cuando huyó de España el 29 de octubre de 2017 para refugiarse en Bélgica.
Por eso, según fuentes consultadas por EFE, el juez no tiene ningún obstáculo para dictar una euroorden, aunque no puede actuar de oficio, sino a instancias de una parte, como es Vox. (EFE)
Bolaños dice que no comparte “ni los argumentos políticos ni jurídicos” del Supremo para no amnistiar la malversación
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que, aunque respeta la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación del procés, no comparte “ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos que contienen los autos” de los magistrados. Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa en el marco de la inauguración de un curso de verano de la UCM sobre desigualdad.
Bolaños ha incidido en que la ley de amnistía “se está aplicando con normalidad”. “De hecho, ya hay más de 70 personas que han sido amnistiadas”, ha señalado. Al hilo, ha enviado un mensaje a la sociedad catalana y “española en su conjunto”: “La normalización en Cataluña es un hecho y es imparable”. Así las cosas, el ministro ha incidido en que “España es un Estado de derecho” y tiene “un sistema garantista de recursos para proteger precisamente los derechos de los ciudadanos y también para garantizar que la ley se aplica”.
Preguntado sobre las declaraciones de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, de que el Tribunal Constitucional (TC) está haciendo un “revisionismo” del caso de los ERE, Bolaños ha pedido “respeto” a las resoluciones judiciales. “Me preocupan estas declaraciones que hace el Partido Popular, porque deslegitiman al Tribunal Constitucional y a las instituciones democráticas. En definitiva, le sitúa fuera del sistema institucional que es lo que hacen los partidos ultraderechistas”, ha apuntado, al tiempo que ha calificado de “cacería” la actuación del PP hacia la corte de garantías. (EP)
Feijóo pide ayuda europea para controlar la inmigración: “Me preocupa el aumento de inmigrantes irregulares en España”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, persiste en el endurecimiento de su discurso sobre el fenómeno migratorio y ha dado un paso más al reclamar ayuda a la UE para un mayor control de la inmigración, unas palabras que ha pronunciado en un encuentro con líderes del PP Europeo en Cascais (Portugal), en el que participa también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.
“Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en España”, ha alertado Feijóo ante la mandataria europea, con quien se ha reunido esta mañana y le ha compartido la situación de los menores extranjeros no acompañados en Canarias.
El líder del PP ha insistido además en el supuesto “efecto llamada” de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, pero no ha sido explícito sobre cuáles son las que rechaza exactamente. “Tomar medidas diferentes a las adoptadas por otros países, que han tenido resultados exitosos, puede derivar y deriva en un efecto llamada para este verano del que les quiero alertar. Europa no puede ser ajena. Las fronteras españolas son fronteras europeas. Debemos coordinarnos a nivel europeo”.
Sánchez: “La mejor manera de frenar a la ultraderecha es gobernar”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en la presentación de la Fundación Avanza, un think tank —Sánchez prefiere el término “laboratorio de ideas”— progresista, con una defensa de la labor de su Gobierno para frenar la ola reaccionaria y de ultraderecha que recorre el mundo. “La mejor manera de combatir a la ultraderecha es gobernar”, ha dicho, defendiendo la idea de que “no es suficiente con tener razón, hay que ganar [elecciones] y convertir la razón en políticas que mejoren la vida de la gente”.
Tras afirmar comprender el “hastío que lleva a millones de personas a votar contra sus propios intereses, a quienes laminan los derechos, restringen las libertades y recortan el Estado de bienestar”, es decir, a la ultraderecha, ha reivindicado que “la mejor manera de combatir a la ultraderecha es gobernar. Tenemos que tener razón, pero también ganar”, ha dicho. “Quienes critican esa ambición de poder son quienes no necesitan votos para cambiar la realidad porque pueden hacerlo con su dinero”, ha enfatizado.
En este sentido, ha reivindicado la respuesta de la UE a las crisis de la pandemia y la guerra de Ucrania, una respuesta de “solidaridad no debida a los ultraliberales, sino a las propuestas de gobiernos progresistas como el de España”. Considera que el “éxito” del Gobierno español es la causa de que la internacional ultraderechista celebre en España sus cumbres. “Lo ponen en el punto mira porque su éxito es la gran amenaza” para ellos, ha afirmado, reclamando también a los partidos conservadores que den la espalda a los ultras: “Frente a la ultraderecha no debe haber colores, sino demócratas”.
Lluis Puig descarta volver a España ante la negativa del Supremo a amnistiar la malversación
El exconsejero y diputado de Junts Lluís Puig ha lamentado este miércoles la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de amnistía a los líderes independentistas acusados de malversación. “Pensábamos que se acabaría aplicando de alguna manera una justicia española, pero pinta mal. De aquí a que resuelva el Constitucional, pueden pasar meses o años y por el medio pueden pasar cosas. Pero seguiremos luchando”, ha afirmado Puig, huido de la justicia desde 2017.
Por el momento, descarta volver a España. “¿Cómo voy a volver? Estoy viviendo en países libres europeos”, ha respondido en una entrevista en RAC1. Sobre si regresará Carles Puigdemont, también acusado de malversación, ha afirmado que la decisión es suya. Puigdemont prometió volver para la sesión de investidura en el Parlamento catalán, fijada para el 26 de agosto. Puig pone en duda que llegue a celebrarse.
Puig, que no llegó a los cuatro meses al frente del Departamento de Cultura de la Generalitat, se muestra pesimista de que llegue a aplicarse la amnistía a los acusados de malversación. “No nos queda esperanza de que el delito de malversación decaiga por aburrimiento. Aún no ha empezado la cuenta atrás. No sé si al final tendré ganas de volver o no, porque encontrarme con lo que hay, cuando tenga 90 años, igual no valdrá la pena. La ilusión de volver no la puedes perder. Con la ley de la amnistía se veía una luz al final del túnel, pero ahora no sé si hay luz”, ha concluido Puig.
Sumar se desmarca del PSOE y se abstendrá mañana en la votación de la reforma de la ley del Poder Judicial
Tras dos días de intenso debate, Sumar ha decidido abstenerse en la toma en consideración de la proposición de ley para la reforma del Poder Judicial acordada entre PP y PSOE en el marco del acuerdo para desbloquear el CGPJ. La propuesta se somete a debate en el pleno extraordinario que se celebra este jueves a partir de mediodía.
La posición de los partidos que integran Sumar no era coincidente. Los más críticos, los regionalistas Compromís, Més y Chunta Aragonesista, que eran partidarios de abstenerse; mientras Movimiento Sumar, Izquierda Unida y Más Madrid abogaban inicialmente por un “sí crítico”, aunque finalmente todas las partes han logrado consensuar una postura única.
“El motivo de la abstención es que las medidas son correctas pero insuficientes. Como nos habrían gustado presentar enmiendas y avanzar más en la democratización del Estado, nos abstendremos en esta PL”, confirma la dirección del grupo.
“Desde Sumar hemos participado de la renovación de los vocales del CGPJ, pero también queremos advertir que el camino a la democratización del Estado no es con el PP del bloqueo, sino con la mayoría de la investidura”, añaden.
La Fundación FAES, el think tank neoliberal vinculado al PP que dirige el expresidente José María Aznar, ya tiene su contrapeso de izquierdas. El PSOE culmina su rearme ideológico con la Fundación Avanza después de convertirse el 23-J en la excepción de Europa y resistir el embate de una ultraderecha en expansión, que gobierna en siete países de la UE, y está a las puertas de conseguirlo en Francia, con una influencia cada vez mayor, según los socialistas, sobre la derecha tradicional que asimila cada vez más postulados ultras en materia de inmigración, la violencia machista o en cómo afrontar la lucha contra el cambio climático. “Con su caudal de ideas y espíritu progresista, Avanza arrojará luz sobre asuntos complejos y contribuirá a desmontar las recetas neoliberales y los riesgos de la desinformación para la democracia”, ha reivindicado Pedro Sánchez en la presentación de la entidad, a la que ha asistido la plana mayor del partido y de Moncloa.
FAES alerta de “una crisis de legalidad” en Cataluña con políticos que reclaman para sí “la pura y simple impunidad”
La fundación FAES ha alertado de una “crisis de legalidad” en Cataluña con un grupo de políticos que reclama para sí “la pura y simple impunidad”, al tiempo que ha criticado que la decisión del Tribunal Supremo rechazando amnistiar la malversación del procés se presente como un “obstáculo a la normalización”, como pasó con la sentencia del Tribunal Constitucional con el Estatut.
El análisis de la fundación que dirige el expresidente José María Aznar (bajo el título Jueces y amnistía) señala que buena parte de la disputa jurídica procede de la reforma promovida por el Gobierno para rebajar la malversación “cuando pretendidamente no haya un enriquecimiento personal”. Según añade, las resoluciones judiciales conocidas esta semana “dan una cumplida respuesta a semejante artificio, que tendrá que corregirse cuando se apruebe definitivamente la armonización de los delitos de corrupción en todos los Estados de la UE mediante una directiva que expresamente niega la distinción entre malversación para lucro personal o por otros propósitos”. (EP)
El Tribunal Constitucional ha concedido este miércoles amparo parcial a otros cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía de la época del PSOE condenados por prevaricación y malversación en el caso de los ERE, lo que supondrá una rebaja sustancial de sus condenas. Los beneficiados por la resolución del tribunal de garantías son Carmen Martínez Aguayo (extitular de Hacienda y que fue número dos del expresidente José Antonio Griñán), Antonio Fernández García (exconsejero de Empleo), Francisco Vallejo Serrano (exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa) y Jesús María Rodríguez Román (exconsejero de Justicia y exviceconsejero de Innovación). Todos están en prisión desde enero de 2023, aunque Martínez Aguayo accedió al régimen de semilibertad (tercer grado) hace tres semanas.
La asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), de carácter progresista, ha salido este miércoles en defensa de la imparcialidad del Tribunal Constitucional, después de que esta condición haya sido puesta en duda por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En un comunicado, dicha asociación se refiere a “las imputaciones que arbitraria e intencionadamente” se dirigen al órgano de garantías, para pronosticar que “no tendrán más resultado que generar recelo y desafecto en la ciudadanía respecto a sus instituciones y del Estado de derecho que les ampara”.
El pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue un espejismo y la disputa recurrente entre el PP y el PSOE se extiende ahora a cuenta del Tribunal Constitucional. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ya avisó el martes de que no confiaba en la “imparcialidad” del órgano de garantías, que tiene dos magistrados procedentes del Gobierno y La Moncloa; y su número dos, Cuca Gamarra, ha insistido este miércoles en poner “en duda” las actuaciones de esos dos magistrados por no abstenerse en el caso de los ERE, donde el Constitucional está prácticamente vaciando de contenido las sentencias dictadas por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo contra ex altos cargos socialistas andaluces. El Gobierno y el PSOE han respondido acusando al PP de lanzar una “cacería” que sitúa a ese partido fuera del “sistema institucional”.
Hasta aquí la narración en directo de la actualidad política de este miércoles, 3 de julio. Mañana jueves continuaremos informándoles de la última hora. Les recordamos que hasta entonces tienen más información en todos los soportes de EL PAÍS. Buenas noches y gracias por seguirnos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
