Policías procesados por el 1-O pedirán que se les aplique la amnistía pese a rechazar la ley

Los policías investigados por cargas desproporcionadas durante la jornada del referéndum ilegal de independencia del 1-O mantienen una relación ambivalente con la ley de amnistía. Sus representantes sindicales han rechazado en voz alta una ley que consideran humillante porque equipara, sostienen, a unos funcionarios que se limitaron a cumplir órdenes y a hacer su trabajo con los políticos que lideraron el procés. Pero la medida de gracia también está pensada para ellos. Y tras la aprobación definitiva de la ley por el Congreso de los Diputados, y con muchos de esos agentes a un paso de sentarse en el banquillo, varios de ellos solicitarán que se les aplique si los jueces no lo hacen de oficio, según han explicado distintas fuentes a EL PAÍS.

El Gobierno y los partidos negociadores del texto calculan que la ley de amnistía beneficiará a unas 400 personas. Entre ellas están los dirigentes políticos que impulsaron las consultas del 9-N (en 2014) y del 1-O (en 2017), ciudadanos anónimos que participaron en movilizaciones contra la sentencia del procés (investigados por desórdenes públicos) y también, al menos, 73 agentes que han sido investigados por delitos de lesiones o contra la integridad moral por su actuación para evitar el referéndum ilegal de 2017.

Hay multitud de causas abiertas en los juzgados catalanes pero, por su extensión, dos sobresalen por encima de las demás. Una, en Girona, involucró a 27 policías por un delito de lesiones leves y fue archivada el pasado diciembre con el argumento de que los policías obraron en cumplimiento de un deber. La otra, en Barcelona, mantiene procesados a otros 46 policías nacionales por delitos de lesiones y contra la integridad moral.

Según esa investigación, liderada por el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, los 46 antidisturbios (entre los que hay mandos y agentes) se excedieron en el uso de la fuerza en los colegios electorales de la capital catalana el 1-O. Hubo episodios de violencia “gratuita”, “innecesaria” y “desproporcionada” que van más allá de su labor ordinaria como funcionarios y que, a criterio del juez —pero también de la Audiencia de Barcelona, que confirmó el procesamiento hace apenas cuatro meses— no pueden quedar impunes.

La ley de amnistía brinda a esos policías la oportunidad de evitar el juicio y una hipotética condena, pues incluye “las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización” del referéndum, y también las orientadas a contener las movilizaciones de protesta que precisaron de actuación policial. Los 46 procesados en Barcelona lo están por lesiones pero también por un delito contra la integridad moral (torturas). Este último queda excluido, en principio, de la amnistía, pero solamente cuando “supere un umbral mínimo de gravedad”, de acuerdo con la convención de derechos humanos sobre la tortura: tienen que ser hechos que “humillen o degraden a una persona” o pretendan causar “miedo, angustia o inferioridad” de tal modo que quiebren “su resistencia moral y física”.

Ni siquiera las acciones más censurables de algunos antidisturbios el 1-O encajan en ese tipo de conductas “graves”, coinciden las fuentes judiciales sobre un proceso que está pendiente de juicio. La Fiscalía todavía no ha presentado su escrito de acusación, en el que debería definir los delitos que les atribuye y las penas que solicita a los agentes. Habrá que ver, además, qué piensan de ello las entidades que ejercen la acusación en la causa (ANC, Òmnium o la entidad pro derechos humanos Irídia) cuando el juez previsiblemente les pregunte su opinión sobre si cabe la amnistía.

Contra el perdón a los antidisturbios

Irídia ya se declaró contraria a dejar sin castigo a unos policías a los que atribuye “graves vulneraciones de derechos humanos” durante el 1-O. Se da así la paradoja de que unas entidades que defienden la amnistía para los dirigentes políticos y los ciudadanos, muy críticas además ante la posibilidad de que el poder judicial la torpedee, cuestionan que el perdón se haga extensivo a los antidisturbios.

Los jueces pueden aplicar la amnistía de oficio “o a instancia de parte”. Si el magistrado no mueve ficha, algunos de los policías procesados acabarán solicitando también ser beneficiarios de la amnistía por más que, según insisten fuentes cercanas a esos procesados, no compartan ni su contenido ni sus objetivos. Y eso que el texto les lanza algún guiño, como cuando en el preámbulo subraya que la amnistía “en ningún caso implica la criminalización de los funcionarios que intervinieron en defensa del orden público”.

Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció su intención de amnistiar a los líderes del proceso independentista, encontró la férrea oposición de los sindicatos policiales, recelosos de ser “equiparados” con los condenados por el Tribunal Supremo. “Es indecente que el Gobierno plantee equiparar la actuación de la Policía con la de los delincuentes que participaron en un intento de golpe de Estado”, señaló Jupol, el sindicato mayoritario y el más furibundo contra la iniciativa. Pero, al tiempo que criticaban la ley, les preocupaba que dejara sin amparo a unos policías que, insisten, se limitaron a cumplir órdenes de los jueces y del Gobierno.

Además del 1-O, hay otros casos con policías investigados susceptibles de ser amnistiados. Paula García fue detenida el 19 de octubre de 2019 en el centro de Barcelona mientras participaba en una manifestación contra la sentencia del procés. Estuvo en prisión provisional diez días. Sigue acusada por desórdenes públicos y atentado a la autoridad, pero se querelló a su vez contra los policías nacionales que practicaron su detención. Hay una docena de agentes investigados que, según fuentes judiciales, también pedirán acogerse a la amnistía en el caso de que la causa no se archive antes.

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