División entre partidos y sindicatos por la posible amnistía a policías imputados por el 1-O

Aún no hay una propuesta concreta sobre la amnistía que puedan negociar los partidos independentistas en el Congreso, de cara votar la investidura de Pedro Sánchez, pero sí hay un punto que emerge como altamente espinoso. Se trata de si ese perdón general a las causas relacionadas con el procés también debería cobijar a los 45 agentes procesados por las fuertes cargas policiales con que intentaron impedir la votación ilegal en varios colegios y escuelas en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Los sindicatos policiales están en contra ―”no somos moneda de cambio”, repiten― mientras que en las fuerzas políticas catalanas hay posiciones divergentes.

Los representantes sindicales del cuerpo critican que supone una equiparación entre quienes quebraron el orden constitucional y los agentes obligados a restaurar la situación en Cataluña. En total, 45 policías esperan a ser juzgados y han sido acusados en su mayoría de un delito de lesiones ―a alguno de ellos se le aplica también un delito contra la integridad moral― por excederse en su tarea de reprimir el 1-O. Entre ellos, también hay mandos en el terreno que, a criterio del instructor, no hicieron nada por evitar episodios de violencia “innecesaria” y “gratuita”.

El melón lo abrió en una entrevista a este diario el exdiputado Jaume Asens, hace una semana. El abogado, por encargo de la cúpula de Sumar, es el puente con Carles Puigdemont para intentar que la amnistía, condición que ponen tanto Junts como ERC para votar a Sánchez, salga a delante. “Normalmente las amnistías afectan a todas las partes del conflicto. El límite son los crímenes de lesa humanidad y no los hubo”, aseguró Asens tras referirse a las fuerzas de seguridad del Estado.

Pero los policías no lo tienen tan claro. “Su presunción de inocencia está indemne”, sostiene Jacobo Rodríguez, portavoz del sindicato SUP, que además defiende a buena parte de los investigados. “Ha sido un calvario de cinco años”, explica, sobre la situación de los policías. Pero aun así, asegura que están en contra de la amnistía. “Confiamos en la libre absolución”, insiste, y critica que se les pretenda equiparar con personas “que han delinquido y han sido condenadas por el Tribunal Supremo”.

La mirada sobre la espinosa cuestión es similar en otros representantes de los agentes de la Policía Nacional. “Si alguien sufrió esos días fue la policía, acorralada y vilipendiada”, lamenta José María Benito, portavoz del sindicato UFP, que confía en que los agentes procesados serán absueltos. “Nos preocupa que haya jueces que los imputen”, apostilla. Y abunda en la misma idea de que no hay, hasta el momento, ningún “policía condenado al que puedan amnistiar”. “Querer equiparar a los verdugos con las víctimas es bastante grave”, concluye.

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, califica de “indecente” al Gobierno por que se “plantee equiparar la actuación de la Policía Nacional con la de los delincuentes que participaron en un golpe de estado en Cataluña”. A su juicio, es una “falta de respeto” más que solo genera “debilidad en la imagen” de la policía y una “merma en el principio de autoridad”. Y tacha de “intolerable” que Yolanda Díaz “meta en el mismo saco a los delincuentes que intentaron dividir a España con un referéndum ilegal que a los policías que acudieron allí por una orden política y en cumplimiento de un mandato judicial”. Concluye que los agentes cumplieron la legalidad vigente y “no tendrían que estar en ningún proceso judicial”.

El tema es muy sensible dentro de la población catalana y de ahí la contención que los partidos. Mucho más sabiendo que se está a las puertas de la manifestación de la Diada que organiza la Assemblea Nacional de Cataluña y suele ser el medidor de la aceptación de los postulados independentistas en la calle. El secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, recordó el pasado viernes en Catalunya Ràdio que si bien su partido impulsó causas contra esas cargas desde el Ayuntamiento de Barcelona, “por encima de todo” se ha de priorizar que “la necesidad de que la amnistía se apruebe”.

Todos los ojos están puestos ahora en Puigdemont, que mañana martes hará una conferencia en Bruselas y será la primera oportunidad en que una voz autorizada de Junts se refiera a la posibilidad de amnistiar a los policías y responsables de las cargas policiales del 1-O. En ERC también conviven diferentes voces. “Lo que es delito es apalear a los votantes. No votar. Por tanto, una amnistía lo primero que tiene que hacer es garantizar que nadie que no ha cometido ningún delito sea perseguido”, dijo en una entrevista a La Vanguardia el domingo. Sí han dicho con rotundidad que no a la amnistía desde el Colectivo 1-O, crítico con la cúpula que pilotan Oriol Junqueras y Marta Rovira.

Además, indistintamente del perdón que se pudiese conceder a los agentes encausados, los sindicatos recelan de la amnistía. “Vemos difícil un encaje constitucional”, asegura el portavoz del SUP, Jacobo Rodríguez. “Hay dos problemas graves: el encaje constitucional o encaje de bolillos, y el sentimiento de impunidad que puede generar en el futuro”, se suma José María Benito, de UFP. “Estas negociaciones suponen una falta de respeto para los cientos de policías lesionados durante los disturbios de Cataluña en 2017 y 2019″, indica Aarón Rivero, de Jupol.

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