La Audiencia de Barcelona confirma procesar a 46 policías por las cargas del 1-O
El tribunal rechaza los recursos de acusaciones y defensas y avala la decisión del instructor
La Audiencia de Barcelona ha ratificado la decisión del Juzgado de Instrucción 7 de procesar a 46 agentes de la Policía Nacional por las cargas durante la celebración del referéndum del 1-O en la ciudad. En un auto, el tribunal rechaza todos los recursos que se presentaron contra el procesamiento de los policías y valida la decisión. El instructor los procesó en enero de 2023, al acabar la investigación sobre las cargas en distintos colegios de la ciudad. De esta forma, el tribunal rechaza procesar a más agentes -como pidieron las acusaciones de Irídia, ANC y Òmnium- ni archivar la causa para los procesados, como pidieron las defensas.
En el auto que ahora confirma el tribunal, el instructor concluyó que en el IES Pau Claris “claramente los responsables del operativo policial no cumplieron sus obligaciones de supervisión de la acción de los agentes bajo su responsabilidad, ya que, como se ha dicho en resoluciones anteriores en este juzgado y por diversos autos de la Audiencia de Barcelona, la actuación policial fue claramente desproporcionada en general”. En este colegio se ha identificado al policía que saltó desde una escalera para dar una patada sobre un hombre y están procesados tres agentes que aparecen en vídeos lanzando escaleras abajo a varias personas.
Sobre la Escola Mediterrània, donde hubo 20 denunciantes y entre los heridos un hombre de 82 años, el juez relata a partir de las imágenes de la jornada: “Los agentes se dirigen de forma directa hacia la multitud y, sin mediar palabra, advertencia o requerimiento alguno, empiezan a empujar a las personas allí congregadas, iniciando una situación violenta de gran confusión que va aumentando hasta el punto de observarse personas empujadas al suelo, una persona con la cara ensangrentada y un agente golpeando con su defensa en la cara de las personas que ya están desalojadas”.
El juez ha constatado que el responsable del dispositivo incumplió la normativa policial al ordenar actuar de esta forma, y añade que “en este colegio se llevó a cabo una auténtica carga policial, que por su modo de llevarse a cabo y su falta de anuncio resultó en diversos resultados lesivos”. Procesa al jefe de este dispositivo, y a siete policías más, entre los que destaca de uno su “actuación especialmente grave”: golpeó con la porra en la cara a varias personas ya desalojadas, dio patadas a una persona que intentaba levantarse del suelo y golpeó en la cara a otra persona que intentaba ayudarle.
En las Escoles Pies de Sant Antoni, las imágenes muestran “una actuación especialmente violenta y desproporcionada de los agentes”, que golpearon sin aviso previo ni ninguna negociación, cuenta el juez. “Puede verse a agentes dando puñetazos, patadas, agarrando del cuello, lanzando personas al suelo e incluso golpeando con porras a gente que ya no se encuentra en la puerta del colegio ni tiene una actitud agresiva hacia los funcionarios”, y el juez subraya que el equipo que intervino en este centro es el mismo que fue al IES Pau Claris y a la Escola Mediterrània.
El juez procesa a varios policías por la actuación en el IES Víctor Català: un agente dio una bofetada a un votante, dos levantaron a una persona alzándola por una pierna y luego uno de ellos levantó a un anciano del suelo tirándole de las orejas. El instructor añade una “especial mención” al policía que aparece en un vídeo dando un puñetazo en la cara a un hombre, y además de a ellos también procesa a un agente por tirar a una persona al suelo y luego golpearla, además de pisar intencionadamente la mano de una persona que está sentada en el suelo.
En el CEIP Prosperitat, 11 personas denunciaron lesiones, entre ellas un hombre que denunció “que fue arrojado por los agentes por unos escalos y sufrió una lesión en la oreja que necesitó puntos de sutura”, como muestra su informe médico. El hombre se ha querellado contra el policía y el juez ha decidido procesar al agente y al jefe del dispositivo en el colegio porque “como es de ver en las imágenes grabadas, se aprecian claros déficits en la actuación con respecto a la normativa y protocolos” policiales, y destaca que los policías no negociaron ni advirtieron de las cargas sino que usaron la fuerza a los pocos segundos de llegar.
“En algunos casos resulta claramente innecesaria, teniendo en cuenta la presencia de personas de diversa índole entre la multitud, sin ninguna actitud agresiva y con personas de avanzada edad entre ellos”, agrega el juez sobre el uso de la fuerza policial.
En el CEIP Ramon Llull, donde se recabaron una veintena de denuncias, el juez procesa a un policía por coger a una persona del cuello y arrastrarla. Diez personas denunciaron actuaciones policiales en el CAP El Guinardó: el caso se archiva para el jefe del dispositivo porque no consta que diera ninguna una orden concreta para las cargas, pero el juez procesa a un policía por haber intervenido sin intentar antes una mediación o hacer una advertencia.
“En absoluto puede considerarse una advertencia previa suficiente el hecho de acercarse a la multitud con un altavoz y, sin solución de continuidad ni espera de ningún tipo, comenzar a lanzar a las personas de forma violenta fuera del lugar, de un modo claramente lesivo para algunas personas”, argumenta el juez al procesarlo.
También está procesado el responsable del dispositivo en el CEIP Els Horts, por una actuación “claramente desproporcionada e innecesaria”, y otros tres policías están procesados por presuntamente lesionar a dos mujeres en el CEIP Marenostrum.
También hay policías procesados por la actuación en el CEIP Àgora, donde el juez constata que hubo cargas usando la porra “de forma indiscriminada”.
En el CEIP Dolors Monserda, el juez procesa a un policía por presuntamente lesionar a cuatro personas y otros dos por presuntamente lesionar a una persona, además de al su superior jerárquico: “No nos encontramos ante casos aislados o puntuales, sino que la actuación de los agentes investigados no pudo pasar desapercibida a dicho responsable y aun así no consta que intentara evitarlo o que diera las órdenes oportunas para que los hechos no ocurrieran”, justifica el juez.
Respecto al CEIP Pau Romeva, un policía está procesado por una “actuación claramente dolosa, dirigida únicamente a causar lesiones al denunciante presuntamente como represalia por un insulto anterior”.
En la Escola Infant Jesús, donde hay cinco denunciantes, el juez destaca “la especial circunstancia de que una vez iniciada la actuación policial, se optó por no entrar en el colegio y no se requisó material alguno, interpretando los responsables policiales que el auto dictado por el TSJC sólo autorizaba entrar en colegios de titularidad pública y no privada, como es el caso, dándose cuenta de esta circunstancia cuando ya se había iniciado la actuación”. Por eso, el juez considera que la actuación policial no tenía una finalidad concreta, “lo que supone en cierta manera una actuación policial gratuita y, por ende, mucho menos justificable”, Y procesa al responsable del operativo y a uno de los agentes.
Dos delitos incluidos en la ley de amnistía
La decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de confirmar el procesamiento de los 46 policías por el delito de lesiones leves o contra la integridad moral -ambos incluidos entre los que serían perdonados por el proyecto de ley de amnistía- desmonta parte del argumentario que los sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil han esgrimido hasta ahora para oponerse frontalmente al proyecto desde que se conoció las negociaciones entre el Gobierno y Junts. En sus críticas, los representantes de los agentes aseguraban que, según estaba redactado el texto, estos policías nacionales y 27 guardias civiles procesados también por lesiones por su actuación en colegios de Girona durante el referéndum ilegal en Cataluña del 1 de octubre de 2017 quedaban fuera de la medida de gracia y serían juzgados, mientras que los que provocaron los altercados quedaría exonerados.
Los sindicatos -que también alegaban que la simple aprobación de la norma sería un “menosprecio” para los agentes resultaron heridos tanto aquel día como en los altercados que se produjeron en octubre de 2019 tras conocerse la sentencia que condenaba a los líderes independentistas por el procés- habían mantenido esa desconfianza hacia el proyecto de ley hasta hoy, pese a que en una reciente reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este les había asegurado que ningún agente sería juzgado si finalmente se aprobaba la medida de gracia. De hecho, este jueves, el sindicato Justicia Policial (Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional) y la plataforma de agentes de la que surgió, Justicia Salarial Policial (Jusapol) han realizado una protesta cerca de la sede de Interior en Madrid, a la que han acudido medio centenar de personas, para, junto a diversas reivindicaciones laborales sobre la jubilación y los salarios, insistir en su rechazo a la ley de amnistía. Sus dirigentes criticaban, por un lado, que la ley de amnistía excluía a los policías procesados y, a la vez, reclamaban que no se les incluyera en la norma al considerar que no habían cometido ningún delito.
Jupol y Jusapol son las dos organizaciones p9oliciales que lideran la ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez, alentados en ocasiones por los partidos de la derecha. En los últimos dos años, ambas junto a Jucil (Justicia para la Guardia Civil), han organizado tres grandes manifestaciones en Madrid, dos de ellas para influir en una ley política, la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana ―conocida como ley mordaza. En su campaña para las elecciones sindicales, donde Jupol sufrió un fuerte varapalo al perder la mitad de su representación, el sindicato se atribuyó el supuesto éxito de haber frustrado la reforma de la ley mordaza, cuando en realidad fue el desacuerdo de los partidos de izquierda en el Congreso lo que abocó al fracaso la modificación de la norma.
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