Una jueza archiva la causa contra 27 agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas del 1-O

El Juzgado de Instrucción número 2 de Girona ha archivado la acusación contra 27 agentes de la Policía Nacional que participaron en las cargas policiales durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La jueza instructora, que troceó la causa inicial conjunta en varias piezas separadas, ha acordado el sobreseimiento libre de seis de ellas por entender que se trataba de “delitos leves” que han prescrito y porque, en todo caso, a los agentes se les puede aplicar el apartado 7 del artículo 20 del Código Penal, que considera exento de responsabilidad criminal a quien “obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”. Los abogados de la acusación, que denunciaron que hubo más de 200 heridos en diversos colegios electorales, han recurrido la decisión judicial, sobre la que tendrá que pronunciarse la Audiencia Provincial.

Las actuaciones de los agentes, defendidos por la Abogacía del Estado, se produjeron en las escuelas Joan Bruguera, Taialà, Dalmau Carles, Verd, Pedret y en la sede del Servicio Municipal de Empleo. En el Verd se registraron lesiones más graves, según el portavoz de los abogados voluntarios que interpusieron la querella conjunta contra los policías, Albert Carreras, quien denuncia que la jueza “les ha aplicado la eximente completa igual que al resto”. Quedan pendientes de resolver la causa del colegio Ernest Lluch y el recurso contra el archivo de la causa contra un guardia civil que lanzó presuntamente gas pimienta en la localidad de Aiguaviva (Gironès), aunque el portavoz de los abogados cree que tendrán el mismo final que las otras.

La juez de Instrucción 2 de Girona dictó el sobreseimiento libre en las seis causas hace más de un mes, a petición de la Fiscalía, después de que la Audiencia de Girona resolviera en un auto que solo se podía acusar a los agentes por delitos leves de lesiones, según informó este lunes por la noche el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La jueza argumentó que los hechos o habían prescrito o se les podía aplicar la eximente completa que prevé el Código Penal por actuar “en cumplimiento del deber”. Los policías tenían una orden judicial que les obligaba a impedir la celebración del referéndum.

Este archivo fue recurrido la semana pasada por la acusación particular ejercida por los abogados voluntarios. Estos consideran que “no es normal” aplicar una eximente completa tras siete años de instrucción. “Se debería haber hecho al inicio o se debe ir a juicio y [que] lo razone el juez del penal”, sostienen. El recurso defiende, además, que los delitos no han prescrito “porque se han ido pidiendo pruebas y diligencias al juzgado”. “La causa no ha estado parada”, argumentan. También reprochan tanto a Fiscalía como a la instructora que se opusieran a realidad muchas de las pruebas que ellos propusieron. Ahora deberá ser la Audiencia la que resuelva si confirma la decisión del juzgado instructor o estima el recurso de la acusación.

Un juzgado de Girona suspendió por primera vez la semana pasada un juicio en previsión de que se apruebe la ley de amnistía. Los próximos 12 y 13 de diciembre debían ser juzgados cuatro hombres por el corte de las vías del AVE en octubre de 2018, durante las protestas organizadas en el primer aniversario del referéndum del 1-O. Estaban acusados de delitos de desórdenes públicos, atentado, daños y lesiones leves. Se enfrentaban a cuatro años de prisión y multas por valor de 12.150 euros. Pero la defensa solicitó la suspensión del juicio esgrimiendo la futura aprobación de la ley de amnistía, solicitud a la que se adhirió la Abogacía del Estado (los servicios jurídicos del Gobierno) y a la que se opuso la Fiscalía. El juzgado resolvió suspender el juicio.

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