El veto de Vox a la bandera arcoíris en las instituciones, un nubarrón para el PP

La celebración del Día internacional del Orgullo LGTBI+, este viernes, ha supuesto un nuevo episodio del peaje pagado por el PP a cuenta de su relación con Vox. Algunos ayuntamientos y gobiernos autonómicos donde ambas formaciones gobiernan juntas, o en las que el PP depende del partido de Santiago Abascal, han optado por no lucir banderas arcoíris, representativas del colectivo. Tras la connivencia mostrada por ambas formaciones para impulsar el revisionismo histórico bajo las llamadas “leyes de concordia”, Vox vuelve a arrastrar a los conservadores a una posición incómoda —e incluso contradictoria con la dirección de Génova— en un momento de tensión por el reparto de migrantes y por el pacto con el PSOE para renovar Consejo General del Poder Judicial.

La línea del partido nacional choca con las decisiones tomadas por los dirigentes territoriales del PP que dependen, en mayor o menor medida, de Vox. Mientras el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, compartía un mensaje en su cuenta de X con el que mostraba su “compromiso con el respeto a todas las personas a ser y sentir lo que quieran y como quieran”; varios ayuntamientos y gobiernos autonómicos donde el PP y gobierna en coalición con la ultraderecha se han visto envueltos por la polémica.

En Baleares, donde la conservadora Marga Prohens gobierna en solitario, pero cuya agenda legislativa está subyugada al apoyo ultra, el Parlamento balear ha vuelto a ser foco de controversia después de que la pasada semana el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), rompiese la fotografía de tres víctimas del franquismo. La sede parlamentaria de las islas ha amanecido este viernes con una bandera arcoíris por el día del Orgullo, y la reacción de Vox ha sido inmediata. El grupo parlamentario del partido ultra y el propio presidente del Parlamento han presentado ante los juzgados un recurso contra la decisión de colocarla, además de reclamar su retirada inmediata por considerar que incumple la ley. Este movimiento supone una grieta más en relación entre ambos partidos en Baleares, cuya salud es clave para la estabilidad del gobierno de Prohens.

La ausencia de bandera en el Ayuntamiento Valencia también ha desatado la polémica, sobre todo, después de que la alcaldesa María José Catalá (PP) argumentase el pasado miércoles que el Consistorio no pone banderas LGTBI+, como tampoco ocurre en los días internacionales de algunas enfermedades como el ELA, el cáncer o el Alzhéimer. Ante las críticas por esa comparación, Catalá aseguró que se habían malinterpretado sus palabras, abogando por la neutralidad de las instituciones valencianas ante lo que es, según ella, una batalla social y no política. “La diversidad y la libertad para amar en esta ciudad no corresponde a nadie y hacemos mal los políticos cuando queremos patrimonializar banderas que ya no son de la política, sino de la sociedad”, defendía.

Las palabras de Catalá, en cualquier caso, han marcado el pleno del Ayuntamiento de este viernes, que ha sido bronco. La oposición (Compromís y PSPV) ha acusado a Catalá de “homófoba” y ha cubierto sus bancadas con la bandera arcoíris, provocando la respuesta de Vox. El portavoz de la formación ultra en el Ayuntamiento, Juanma Badenas, ha asegurado que su formación solo apoya “unidades de convivencia naturales” y ha pedido la retirada de “banderas que no corresponden a este lugar”. En esta ocasión, la alcaldesa ha determinado que no hay ninguna normativa aplicable para retirar la enseña en esa parte del hemiciclo.

Una situación similar se ha vivido en el Ayuntamiento de Toledo, donde los populares también gobiernan con Vox, y donde también se decidió no colgar la bandera en el balcón por segundo año consecutivo. En señal de protesta, los concejales del PSOE instalaron una en su bancada este jueves, forzando al alcalde Carlos Velázquez Romo (PP) a solicitar a la policía que la retirase y a retrasar el pleno hasta que no ha sido eliminada.

El PSOE ha optado por una estrategia similar en Castilla y León, primera comunidad autónoma donde Vox y PP alcanzaron un acuerdo de gobierno. Los socialistas han colgado la bandera arcoíris tanto en el Ayuntamiento de Valladolid como en las Cortes. Inmediatamente, el presidente del parlamento castellano y leonés, Carlos Pollán (Vox), requirió a los socialistas que la retirasen, acusando a la oposición de “infantilismo” y de convertir la política en un “espectáculo”.

Apoyo al colectivo en Extremadura

Extremadura ha sido la excepción de los gobiernos autonómicos gestionados por PP y Vox. Este viernes, la asamblea extremeña ha amanecido con la bandera arcoíris y la presidenta de la Junta, María Guardiola (PP), ha marcado perfil propio perfil con respecto a sus socios al compartir este viernes una publicación en su cuenta de X en apoyo al colectivo LGTBI+. “Sin miedos. Sin máscaras. Sin prejuicios. Porque todos merecemos sentirnos libres de ser quienes queramos ser. Hoy, y siempre, sacamos los colores por una Extremadura diversa y tolerante, sin odio, y con el respeto y la igualdad como pilares”, reflejaba el mensaje.

Madrid tampoco ha estado exenta de polémica. El Ayuntamiento no luce la bandera arcoíris desde que el alcalde José Luis Martínez Almeida (PP) sucediese a su predecesora, Manuela Carmena, aunque en esta ocasión, las críticas del colectivo se han centrado en el diseño de los carteles que cuelgan de las farolas y marquesinas de la ciudad con motivo del Orgullo 2024. Ese cartel no hace mención alguna al colectivo ni a sus reivindicaciones. Tampoco, a la bandera arcoíris, sino que aparecen una serie de elementos que estereotipan al colectivo: tacones, preservativos, o copas. Almeida también vetó los conciertos del Orgullo Vallekano, aludiendo al ruido y molestias que pudieran causar a los vecinos.

En el Gobierno autonómico madrileño, las posturas de la presidenta Isabel Díaz Ayuso han supuesto un paso atrás en materia de derechos LGTBI+, no solo respecto a sus rivales políticos, sino también con respecto a la expresidenta Cristina Cifuentes, de su misma formación. En diciembre, el Ejecutivo de Ayuso modificó la ley trans regional aprobada en 2016 por Cifuentes, obligando a los menores transexuales a pasar por un examen médico y por un acompañamiento psicológico durante su proceso de transición, además de eliminar los contenidos relativos a las personas trans en los currículos educativos.