El presidente del Parlamento balear, de Vox, rompe la foto de una víctima de la Guerra Civil y expulsa a dos diputadas socialistas

El Parlamento de Baleares ha aprobado este martes, con los votos a favor del PP y Vox, la toma en consideración de una proposición de ley presentada por la ultraderecha para derogar la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos autonómica. Se trata del primer paso para revocar definitivamente esta norma, aprobada en 2018 por los grupos de izquierda de PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos, que además contó con el apoyo del PP en gran parte de su articulado. Un PP al que los grupos políticos de la oposición acusan de “rendirse” a los postulados de un partido “neofranquista” al que, afirman, han pagado “un peaje”.

Las principales entidades de memoria de las islas han calificado la jornada de “triste” por lo que consideran un nuevo paso atrás en derechos que ya estaban adquiridos. El debate ha acabado en bronca después de que el presidente de la Cámara, el ultraderechista Gabriel Le Senne, haya arrancado las fotografías de varias mujeres represaliadas durante la Guerra Civil que la diputada del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, tenía apoyadas en su mesa durante el debate. Garrido y su compañera de partido, Pilar Costa, han abandonado el pleno después de ser expulsadas por Le Senne.

“La llamo al orden”, ha dicho antes Le Senne, que le ha pedido a Garrido retirar los retratos de la mesa, a lo que la socialista se ha negado afirmando que eran “mujeres asesinadas por tropas falangistas”. El presidente del Parlamento ha cogido la foto de una de ella, la sindicalista y militante comunista Aurora Picornell, cuyos retos fueron encontrados en una fosa común en 2022, y la ha arrancado, rompiéndola, del ordenador portátil de Garrido, a la que ha ordenado abandonar la sala mientras ella le reprochaba que no podía tocar su ordenador. Le Senne ha justificado la medida en que “la mesa tiene que ser imparcial” y ha ordenado la expulsión de la segunda diputada socialista miembro de la mesa, Pilar Costa, que se ha negado en un principio a abandonar su escaño. “Ruego a los servicios de seguridad que vengan”, ha dicho el presidente, ante lo que Costa ha decidido finalmente abandonar el pleno.

Horas después de los hechos, los grupos de izquierda PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Podemos han pedido la dimisión del presidente de la Cámara. Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado en un mensaje en X que ha dado instrucciones a los “para que se analice lo ocurrido y emprender, si procede, las acciones que sean oportunas conforme a la Ley de Memoria Democrática y otras”. Torres ha calificado el incidente de “aborrecible, violento, antidemocrático e inhumano”.

El acuerdo conjunto de PP y Vox para Baleares, que los populares suscribieron a cambio de que la ultraderecha brindase su apoyo a la candidata a la presidencia Marga Prohens, ya recogía el compromiso de ambas formaciones de derogar la ley de memoria democrática con el objetivo, según estipulaban en el texto, de evitar la “manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas”. La proposición de ley impulsada por Vox y aprobada este martes en el Parlamento defiende que “nunca ha habido un relato consensuado sobre la segunda república, la guerra civil y el franquismo” y sostiene que “un pasado lleno de aristas” requiere de aproximaciones “plurales, desapasionadas y generosas”. “Una sociedad democrática y pluralista no puede permitir que el poder político fije relatos cerrados, simplificadores o maniqueos sobre acontecimientos tan poliédricos”, reza el texto.

La ultraderecha afirma en el documento apoyado por el PP que la ley de memoria “no persigue los valores de respeto, libertad y tolerancia” al decretar, en su opinión, “la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles, moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos”.

La proposición estipula que todos los procesos en materia de memoria democrática que se hayan iniciado a la entrada en vigor de la derogación decaigan de manera automática, excepto las exhumaciones, que quedan reguladas en la Ley de Fosas, que se mantendrá en vigor. Durante el debate parlamentario, en el que los diputados de los grupos de izquierda han exhibido en sus escaños fotos de los represaliados, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha acusado al PP de atacar “los principios más básicos de la democracia”. La presidenta Prohens ha afirmado que la mejor manera de hacer “con dignidad” que las víctimas recuperen a sus familiares es “no intentar politizar o monopolizar esos actos como hacían ustedes”.

Protesta de las asociaciones

A las puertas del Parlamento se ha congregado un centenar de miembros de la plataforma Memoria Democrática para protestar por la iniciativa del PP y Vox. Los asistentes portaban una pancarta con el lema “Sin Memoria no hay Democracia” y han mostrado carteles en los que se podían ver los retratos de muchas de las personas fusiladas y enterradas en las fosas comunes de las islas durante la Guerra Civil y el Franquismo. En declaraciones a la SER, Guillem Mir, nieto de un republicano fusilado durante el franquismo y miembro de la plataforma, ha hablado de un día “triste” en el que se da un paso atrás en los derechos adquiridos. “Es como si se volviera a enterrar a las víctimas, a borrarlos de la memoria colectiva otra vez, a esconderlos de la memoria familiar, es un paso atrás de lo que se había conseguido” ha lamentado. El Gobierno de Baleares defiende que el mantenimiento de la Ley de Fosas permitirá continuar con las exhumaciones. Sin embargo, la plataforma Memoria Democrática acusa al Gobierno balear de no haber realizado ninguna actuación bajo esta ley más allá de las ya licitadas por el gobierno anterior de Francina Armengol. “No han hecho nada, se cuelgan la medalla y no han adoptado ninguna iniciativa”, afirma Mir, quien opina que el Gobierno regional del PP dilata los procesos, no ha reunido las comisiones de fosas y pone a cuentagotas las piedras de la memoria. “Son hipócritas, mentirosos y malas personas”, concluye.