El Constitucional deja en suspenso la norma que derogó la ley de memoria democrática de Aragón

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la ley de Aragón que derogó la legislación sobre memoria democrática del anterior Ejecutivo autonómico, presidido por Javier Lambán (PSOE). La admisión a trámite implica en este caso la suspensión de la nueva norma aragonesa. En su impugnación, el Gobierno apeló al artículo 161.2 de la Constitución, que establece dicha suspensión de forma automática cuando lo solicita de forma explícita el recurso, firmado por el presidente del Ejecutivo.

La admisión a trámite implica que la suspensión de la nueva ley aragonesa se entiende iniciada desde la fecha de interposición del recurso (29 de mayo de 2024) para las partes del proceso, y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros. En su demanda, el Presidente del Gobierno alega que la ley podría vulnerar los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, “por la derogación de los preceptos relativos al estatuto de las víctimas”.

La impugnación sostiene también que la norma impulsada por el nuevo Ejecutivo aragonés —presidido por Jorge Azcón (PP), en coalición con Vox—, podría ser contraria a competencias estatales con relación al artículo 149.1.1 y del deber de colaboración así como el 149.1.30 de la Constitución. El primero de estos preceptos establece que “El Estado tiene competencia exclusiva sobre (…) la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. El segundo, a su vez, deposita en manos del Gobierno distintas competencias en diversas áreas con el fin de “garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya anunció la interposición del recurso en cuanto se aprobó la derogación de la legislación anterior, y apeló a esas vulneraciones de la Constitución y los derechos de las víctimas del franquismo. Sin éxito, el Gobierno había instado al Ejecutivo autonómico a revisar la derogación de la ley de memoria que aprobó el pasado 15 de febrero.