La Junta de Andalucía congela su Memoria Democrática

15 de marzo de 2017. El PP y Ciudadanos se abstienen en la votación de la Ley andaluza de Memoria Democrática, una norma que sale adelante sin ninguna oposición. 18 de enero de 2019. El popular Juan Manuel Moreno toma posesión como presidente de la Junta de Andalucía gracias al pacto de investidura firmado con Cs y Vox en el que se comprometía a sustituir la ley de memoria y “promover” otra de concordia. Durante su primera legislatura, el dirigente del PP consiguió sortear la presión de la ultraderecha para cumplir con su acuerdo, alegando que quería para la nueva ley el mismo grado de consenso que tuvo la anterior, algo inviable en un Parlamento en el que estaba el PSOE y Adelante Andalucía. Con la mayoría absoluta nada ha cambiado. Pero ese adverbio circunscribe su negatividad no solo al mantenimiento de la ley del 17, sino a su nulo desarrollo reglamentario y parálisis en su aplicación, tal y como han denunciado las asociaciones memorialistas y la oposición de izquierdas. Una indiferencia que este 14 de junio, declarado en Andalucía como Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura, es más evidente porque el Gobierno andaluz no lo va a conmemorar de manera oficial.

“El no desarrollo de la ley es como si se hubiera derogado”, afirma Antonio Manuel Mateos, portavoz de la Federación Andaluza de Memoria Democrática. “Se trata de una derogación política, no parlamentaria, pero sí real y eso es más doloroso porque aparentemente sigue existiendo, pero en la práctica está paralizada y también las expectativas de mucha gente, muchas víctimas”, abunda Luis Naranjo, presidente del Foro por la Memoria Histórica. “El PP está siendo más inteligente en Andalucía que en otras comunidades que sí han eliminado las leyes de memoria, pero en la práctica nos está negando los derechos reconocidos por Naciones Unidas a las víctimas y a los familiares”, añade. “No formamos parte de su ámbito de preocupación e interés, porque la memoria no es un negocio”, justifica Mateos.

Uno de los ejemplos de ese limbo es el II Plan de Memoria Democrática, el documento que rige la acción del Gobierno andaluz en esta materia durante cuatro años. El actual se extiende entre 2023 y 2027, pero estamos a mediados de 2024 y aún no se ha aprobado el borrador de solo 17 páginas (por las 140 del primer plan, diseñado por el anterior gobierno socialista), presentado el pasado 8 de marzo por la Consejería de Cultura, competente en políticas de Memoria. Las asociaciones memorialistas consideran que ese documento no es realista, no solo porque no va acompañado de una memoria económica o porque la partida que se destina para su ejecución es un 47% menor que la consignada para el primero —9,5 millones frente a los 5 del actual―, sino porque buena parte de su contenido se apoya en la participación de la ciudadanía y las entidades memorialistas y en la atención a las víctimas, que apenas han sido escuchadas desde que el PP llegó a la Junta.

“Teniendo en cuenta la falta de compromiso de la derecha andaluza con las víctimas y con las políticas de memoria en este tiempo, es complicado pensar que vayan a tomarse en serio los objetivos que se plantean en el II Plan”, explica Mateos. “Ese documento es una burla. La implicación del movimiento memorialista ha sido nula, limitada a cuestiones burocráticas como la reunión del Consejo de Memoria Histórica y Democrática, que ahora ha pasado a tser meramente informativo, cuando antes era un elemento esencial para la puesta en práctica de políticas de Memoria”, explica Naranjo, que fue director general de Memoria Democrática entre 2012 y 2015. “En este tiempo no nos ha recibido ningún responsable de la Junta, ni el presidente, ni el consejero o el viceconsejero. Los proyectos que teníamos comprometidos se han venido abajo”, denuncia Rafael Morales, presidente de la Asociación La Desbandá, que lleva el nombre de una de las mayores matanzas de la Guerra Civil.

Morales poner el ejemplo de su proyecto de establecer un centro de interpretación de la Desbandá en el Fuerte de Carchuna (Granada). “Hasta el año pasado contábamos con fondos de la Diputación de Granada, pero desde que cambió al PP, hemos optado por acudir directamente a la Secretaría de Estado de Memoria”, cuenta. En ese fuerte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Torres, anunció en febrero que el camino del horror entre Málaga y Almería que da nombre a la Desbandá y en el que fueron asesinados casi 6.000 civiles, será declarado Lugar de Memoria Inmaterial.

En estos seis años de gobierno del PP tampoco se ha avanzado apenas en el reconocimiento de nuevos lugares de memoria. Hace unas semanas PP y Vox impidieron que el Parlamento andaluz se reconociera como lugar de memoria Pico Reja, la mayor fosa común de represaliados de Andalucía, donde se han encontrado 1.786 cuerpos de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

El salvavidas de las exhumaciones

Es en materia de exhumaciones e identificación de víctimas donde se circunscriben las principales actuaciones de la Junta en materia de Memoria, pero en todos los casos, como Pico Reja o actualmente en las fosas del los cementerios de Jaén y Córdoba, ha continuado lo comprometido en convenios con otras administraciones —Gobierno, Diputación y Ayuntamiento― suscritos por el anterior Ejecutivo regional. Esa fórmula es la que se ha adoptado recientemente para acometer las excavaciones en la fosa Monumento, también en Sevilla. La Junta también ha renovado el acuerdo con la UGR para la identificación de los restos de ADN. El portavoz del Gobierno andaluz informó de que la Junta participa en 15 exhumaciones y que se han identificado 25 cuerpos.

Andalucía es la comunidad con más número de fosas comunes, 900, y donde la represión fue más dura, alcanzando a las 49.737 víctimas, de acuerdo con la actualización del mapa de fosas realizado por la Junta de Andalucía, a partir de un informe encargado en 2021.

Que el cumplimiento de la ley dependa del partido que gobierna es lo que más indigna a Paqui Maqueda, presidenta del Foro por la Memoria y quien puso voz a las víctimas -y calló a los familiares- en la madrugada en la que los restos de Queipo de Llano salieron de la basílica de La Macarena. El Ayuntamiento de Sevilla no ha destinado ni un euro a las políticas de Memoria en sus presupuestos de 2024. Su alcalde, el popular José Luis Sanz, tildó esa partida de “despilfarro”. Maqueda censura que se haya eliminado la Oficina de la Memoria o la paralización del Centro de la Memoria Histórica de Sevilla y llama la atención sobre las tareas pendientes que quedan en la ciudad como la eliminación de símbolos franquistas que aún están diseminados por sus calles. “Hay un abandono de las víctimas y de las entidades de memoria, que no vamos a consentir”, advierte.

“Falta de humanidad”

Y precisamente con los símbolos está relacionado el último desencuentro con Junta. El nombramiento de Luis Marín Sicilia para el Comité Técnico sobre símbolos contrarios a la memoria democrática de Andalucía ha soliviantado a las víctimas por haberse referido a la nueva ley de memoria como una norma escrita por “filoetarras”. Esta decisión se suma a otras polémicas como el nombramiento de Antonio Membrilla, que se había referido a la memoria histórica como “memez histórica”, como presidente del Patronato Federico García Lorca, cargo del que tuvo que dimitir; las jornadas promovidas por la Consejería de Cultura en las que se equiparaban las figuras de Alberti y Pemán o el tuit de la Junta en la que atribuía el fusilamiento de Blas Infante a “la quiebra de la convivencia”.

“Hemos pedido que cesen a Marín Sicilia. Seguro que podrían haber encontrado un perfil no solo político, sino humano, cercano a las víctimas. Porque el PP dice que hay que cumplir la ley no por justicia, ni por verdad, sino por humanidad, pero ni siquiera eso tienen”, denuncia Maqueda. “Impulsar esto no es ser muy cruel, es puro desconocimiento de lo que significa la memoria democrática”, abunda Naranjo. “No se puede ser equidistante, las víctimas no buscamos venganza, buscamos equiparación”, añade Morales. El viceconsejero de cultura asiste mañana a un acto conmemorativo en Osuna

Un ejemplo de ese desapego es que desde que el PP llegó a la Junta, el Gobierno andaluz ha dejado de organizar o de asistir a actos relacionados con 14 de junio, que la ley andaluza de memoria reconoce como Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura. El viceconsejero de Cultura sí asistirá esta mañana al cementerio de Osuna, para homenajear a las víctimas en un acto organizado esta misma semana y del que se avisó al Ayuntamiento el miércoles, un consistorio donde el PP votó en contra de que se celebrara de manera oficial este día. Una fecha que sí van a conmemorar las asociaciones memorialistas. En Sevilla, la Diputación alberga un acto a las 11 de la mañana organizado por la Federación Andaluza de Memoria Democrática y a las 20, otras asociaciones y colectivos memorialistas se concentran frente al Ayuntamiento para denunciar la parálisis y la inacción en materia de memoria de la Junta y el consistorio hispalense.