Las administraciones replican la fórmula de Pico Reja para la exhumación de Monumento, la fosa franquista más grande de Sevilla
El Ayuntamiento de Sevilla se suma al acuerdo de intenciones entre el Gobierno, la Junta y la Diputación, de unos 1,8 millones de euros, tras haber tildado de “despilfarro” la inversión en Memoria Democrática
“Es una gran noticia que nos hayamos puesto de acuerdo”. Así resumía el presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Javier Fernández, la importancia de la firma por parte de los representantes del Gobierno de España, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la entidad que dirige del protocolo inicial para acometer la exhumación de Monumento, la mayor fosa franquista de la ciudad hispalense. Las cuatro administraciones reeditan así la fórmula de colaboración que se puso en marcha para los trabajos de la vecina fosa de Pico Reja, que, tras extraer 10.076 restos de seres humanos, 1.786 represaliados, la han convertido en la mayor fosa común de España y la segunda de Europa Occidental, después de la Srebrenica, en Bosnia Herzegovina.
Este acuerdo, que ahora deberá concretarse en un protocolo que luego dé paso al convenio definitivo, ha sorprendido gratamente a las asociaciones memorialistas que habían denunciado en los últimos meses la paralización de las actuaciones en la fosa Monumento por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Las entidades habían llamado la atención de cómo, con la llegada al poder de José Luis Sanz (PP), el consistorio había desviado a otras obras la partida presupuestaria reservada por el anterior equipo de Gobierno (PSOE) a ese enterramiento por entender que la memoria democrática era competencia autonómica y que destinar esos fondos a exhumaciones implicaría “un poco de despilfarro”, según señaló el alcalde.
Finalmente, el consistorio se ha sumado al proyecto ―alegando que no querían liderarlo, pero sí a acompañarlo― que se calcula en torno a los 1,8 millones de euros, según han confirmado a este diario fuentes conocedoras del acuerdo, que licitará el propio ayuntamiento, por encontrarse en su término municipal el cementerio, y al que el resto de instituciones transferirán sus respectivas aportaciones. Los trabajos se extenderán, según esas mismas fuentes, a lo largo de tres o cuatro años.
2.613 represaliados
“Esta fosa es de una complejidad absoluta”, advierte el historiador José Díaz Arriaza. Según sus cálculos, en Monumento, que estuvo activa entre septiembre de 1936 y enero de 1940, se enterraron a 7.440 personas, entre ellas 2.613 represaliados del franquismo. Una cantidad muy superior a las iniciales con las que se empezó a trabajar en Pico Reja, donde se esperaba hallar a 850 víctimas de la represión y otras 253 personas muertas por otras razones. El equipo de arqueólogos pronto constató que esas cifras eran muy inferiores a lo que se iban a encontrar después —más de 10.000 cadáveres y casi 1.800 asesinados durante la Guerra Civil y la dictadura― y esa experiencia es la que lleva a pensar a Díaz Arriaza que lo que arroje Monumento desborde las previsiones de partida.
“Pico Reja estaba más controlado porque allí en principio había personas asesinadas por bando de guerra y consejo de guerra, pero en Monumento el perímetro es mayor porque hay fallecidos por consejo de guerra y fallecidos en prisión y esos son más difíciles de investigar porque no tienen signos de violencia y no se puede saber si proceden de la cárcel o de hospitales”, explica sobre la complejidad de los trabajos a los que se enfrentará el equipo de arqueólogos y técnicos que tenga que realizar las exhumaciones. “Además, como pasó con Pico Reja, las fechas de los enterramientos podrían cambiar”, abunda.
“Esto no es una cuestión de unos y otros, sino una cuestión de humanidad y de derechos humanos”, ha señalado el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez, tras la firma del acuerdo. El viceconsejero de Turismo y Cultura, Víctor Fernández, también ha querido enfatizar la importancia del acuerdo entre cuatro administraciones de distinto color político. “Este es un problema que supera las cifras, ya que se trata de familias que necesitan tener los restos de los suyos y devolverles la dignidad”, ha asegurado.
El 21 de febrero del año pasado se cerró la fosa de Pico Reja. Los tres años de trabajos sacaron a la luz no solo a más víctimas de las esperadas, sino “la morfología” de cómo fue la represión franquista. “Es una indiferencia que no hemos visto en otras fosas y escenifica la semilla del odio que iba a germinar después, el sadismo que supone no tener a las víctimas como personas dignas de consideración y seguir removiendo sus cadáveres con restos de otras personas que también eran los parias de la sociedad”, explicó entonces a este diario Juan Manuel Guijo, el jefe del equipo de la Sociedad Aranzadi que lideró las exhumaciones. Veremos qué certezas aflorarán de Monumento.
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