El PP y el Gobierno discrepan sobre el alcance del pacto del Poder Judicial 48 horas después de firmarlo
Feijóo eleva el tono de sus ataques al Ejecutivo para evitar críticas internas, pero se muestra dispuesto a negociar las renovaciones pendientes en otras instituciones
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, principal negociador del PSOE en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han dejado entrever este jueves, menos de 48 horas después de la firma de ese pacto, sus diferencias sobre el mismo. El acuerdo incluye en primer lugar el registro de una proposición de ley conjunta, ya presentada este miércoles por ambos partidos, que saldrá adelante previsiblemente en julio. El pacto señala además que se votarán también a la vez en Las Cortes los nuevos nombres designados como vocales. La proposición de ley establece una serie de requisitos para poder ser nombrado vocal u otros cargos, como el de fiscal general del Estado. Pero, por otra parte, establece que después, en el plazo de seis meses, sean los nuevos vocales del CGPJ quienes elaboren y trasladen al Gobierno, al Congreso y al Senado una propuesta de reforma legal para aprobar un nuevo modelo de elección del órgano con “la participación directa” de los jueces. El documento del acuerdo sellado en Bruselas prevé que los “titulares de la iniciativa legislativa”, “basándose” en esa propuesta del CGPJ, elaboren y sometan a la consideración de las Cortes “un proyecto de ley o proposición de ley de reforma de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación”.
Preguntado en TVE por cómo de “vinculante” será esa propuesta de los vocales, Bolaños ha defendido el modelo actual y ha añadido: “Sobre la base de esa propuesta, se analizará, debatirá y en su caso se tramitará. Hay diversos modelos en Europa. Si se puede mejorar el nuestro, hagámoslo, pero para mí lo esencial de ese acuerdo es que se basa en un amplio consenso. No quiero hacer ninguna interpretación. Dejemos trabajar a los vocales”. En parecidos términos había hablado el ministro la noche anterior en una entrevista en la SER.
En paralelo, en Esradio, Feijóo ha remarcado que la proposición de ley para facultar al CGPJ a elaborar esa revisión del modelo debe votarse “simultáneamente” a la lista de vocales pactada por el PSOE, algo en lo que coinciden con los socialistas. La divergencia radica en que, según el PP, el pacto obliga a que sean los jueces quienes elijan a los vocales del Poder Judicial. “El modelo del Partido Socialista no es el protagonismo de la elección de los jueces por sus pares, la nuestra sí la es”, ha afirmado el presidente del PP. “Está claro que el Consejo del Poder Judicial tiene que hacer esa reforma. El Partido Socialista acepta por primera vez que los jueces elijan a los jueces”, ha remachado luego el líder del PP en otra entrevista en La Sexta. El pacto sellado en Bruselas con la lupa de la Comisión Europea sí habla de “participación directa”, pero será el nuevo CGPJ el que, en un plazo de seis meses, redacte una propuesta que incluya esa “participación directa” sin especificar cómo se materializará. “Lo que sí, por supuesto, se puede es aceptar en su totalidad, aceptarla, en parte aceptarla parcialmente”, ha reconocido Feijóo sobre la futura propuesta de los vocales.
El PP, en todo caso, asume internamente que la expresión “participación directa” incluida en el acuerdo no supone necesariamente que, en el futuro nuevo modelo, los jueces vayan a elegir a los vocales jueces del CGPJ sin participación de las Cortes, la premisa que venían reclamando los populares desde hace años y que finalmente no han logrado. De hecho, en el sistema que está en vigor ya hay participación de los jueces en el proceso, aunque la última palabra la tenga el Parlamento. Pero el Partido Popular trata de transmitir en público lo contrario. “Blanco y en botella, jueces que eligen a sus pares. Participación directa significa: jueces eligen a sus pares. No hay más que leer la cláusula”, ha afirmado el vicesecretario de Asuntos Institucionales y negociador del PP, Esteban González Pons, en el Congreso. Y ha advertido de que la Comisión Europea tiene una tercera copia del pacto y estará vigilante para que se cumplan todos los términos.
Los populares presumen de haber logrado la despolitización de la justicia, aunque el pacto incluye el nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional de José María Macías, quien ha defendido públicamente los argumentarios del PP. En la misma radio donde el periodista Federico Jiménez Losantos celebraba el ascenso de Macías por ser “una figura de metaoposición”, Feijóo ha asegurado que ese nombramiento a propuesta de su partido “cumple los requisitos de la ley: no haber ocupado un cargo político en los últimos cinco años”.
El acuerdo final es muy parecido al esquema que ambos partidos ya tenían en 2022, aunque la firma se ha demorado todavía un año y medio más. Feijóo ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le llamó cuando el magistrado Carlos Lesmes dimitió en octubre de 2022 precisamente para intentar forzar a los dos principales partidos a llegar a un acuerdo sobre la renovación del CGPJ que presidía, y que a partir de ese momento empezaron a negociar. El PP se echó finalmente para atrás aquel año. El líder de los populares también se desvinculó del acuerdo previo firmado por el entonces secretario general del partido, Teodoro García Egea, y Bolaños. “Desconozco las propuestas [de magistrados] anteriores porque no me vinculaban, lo que me interesaba era el proyecto de ley y no los nombres”, ha declarado Feijóo este jueves.
El ministro de Justicia confía en que el acuerdo sirva para abrir “una nueva etapa en la relación” con el primer partido de la oposición. Preguntado sobre si están negociando las renovaciones pendientes en otros organismos, como el Banco de España, la CNMC o RTVE, Bolaños ha respondido: “No hay conversaciones en este momento, pero tiene que haberlas”. Feijóo ha confirmado que el PP está abierto a continuar hablando con el PSOE para renovar esos otros organismos con el mandato caducado o a punto de hacerlo, aunque advierte de que reclamará lo que, a su juicio, les corresponde como “primer partido” del país tras ganar las elecciones generales de 2023.
En los últimos días, para aplacar críticas internas y externas por pactar con el PSOE, el líder popular ha elevado el tono de sus ataques al Gobierno, y el miércoles, por ejemplo, declaró que España está en “riesgo democrático” por las políticas de Pedro Sánchez. Bolaños tacha de “estrambóticas” y “bobadas” esas intervenciones y defiende el reciente pacto del CGPJ como una oportunidad “para abandonar el clima tóxico de crispación, odio y exageraciones”.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien hasta hace unos días exponía en público sus reticencias a ese acuerdo con el PSOE para renovar el órgano de gobierno del Poder Judicial, ha afirmado este jueves en Antena 3: “Estoy más tranquila, aunque desconfío muchísimo de todo lo que viene haciendo al Gobierno. Es un éxito sin precedentes lograr que entre en razones [el PSOE] y que pueda haber contrapesos en este órgano tan importante”. Ayuso felicitaba así a Feijóo. El líder popular mantuvo conversaciones con la presidenta madrileña, así como con otros líderes autonómicos del partido, en los días previos al acuerdo, aunque no le transmitió la decisión final hasta que el pacto ya estaba firmado, informa Juan José Mateo. “Con sumo cuidado y respeto”, añadió Ayuso, “el presidente nos ha consultado, ha valorado, y ha tomado una decisión valiente”.
Cruce de reproches por los ERE y el Fiscal General del Estado
Feijóo ha censurado, por otro lado, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERE de Andalucía: “Que el Constitucional haya enmendado la plana al Tribunal Supremo y haya exonerado a militantes del PSOE no tiene precedentes”, ha dicho el líder de los populares, deslizando la posibilidad de que su partido recurra la decisión en Europa. También ha vuelto a pedir la dimisión del Fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz, que se enfrenta a una querella por un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con el escándalo que afecta a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.
Bolaños ha insistido este jueves en que lo único que hizo la Fiscalía fue desmentir un bulo, el que había lanzado el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, al asegurar que la Fiscalía se había echado para atrás por orden “de arriba” en el ofrecimiento de un pacto fiscal a Alberto González Amador, cuando lo que había ocurrido realmente es que el novio de Ayuso, a través de su abogado, había admitido los delitos y ofrecido un acuerdo de conformidad para tratar de evitar la cárcel. “Lo que hizo [el fiscal general del Estado]”, ha subrayado Bolaños, “fue contar la verdad, aclarar una información falsa”. “Pongamos las cosas en su sitio. El delito no está ahí, está en otro sitio, está confesado. Esto es una persecución, y tiene precedentes. Cuando la Fiscalía persigue delitos sufre cacerías. Ya pasó con las fiscales de la trama Gürtel”.
