El PP mantiene la incógnita de si llevará al Constitucional el conflicto por la amnistía pese a la indicación del Congreso

La rápida y contundente respuesta dada por el Congreso sobre el conflicto de atribuciones impulsado por el PP en el Senado —gracias a su mayoría absoluta— ha acrecentado aún más la guerra institucional entre ambas Cámaras. La Mesa de la Cámara baja, presidida por el PSOE, ha aprobado este martes un informe de sus servicios jurídicos en el que se tacha de “improcedente” el choque aprobado por el pleno de la Cámara alta y en el que se rechazan las pretensiones de los populares. La formación de Alberto Núñez Feijóo utilizó esta inédita herramienta parlamentaria para atacar la ley de amnistía desde otro flanco. Pero principalmente para prolongar el ruido frente a la medida de gracia de cara a la galería y para actuar de parapeto frente a Vox, que le pedía directamente paralizar la tramitación de la norma. Sin embargo, la dirección del PP sigue sin aclarar si culminará el proceso denunciando el conflicto ante el Tribunal Constitucional. Los populares guardan silencio y en su lugar vuelven a acusar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de ejercer la “arbitrariedad” en sus funciones. Por su parte, los socialistas denuncian la “estrategia dilatoria” del Partido Popular y les retan a llevar la causa ante el tribunal de garantías. Todo en medio de una pugna sin precedentes.

El Congreso disponía de un mes para contestar al conflicto de atribuciones aprobado por pleno del Senado el miércoles pasado, con 144 votos a favor (los de PP, Vox y Coalición Canaria). También podía guardar silencio. Pero la respuesta efectiva, y negativa, ha llegado en el menor tiempo posible, durante la rutinaria reunión que celebra la Mesa de la Cámara baja los martes. En el informe aprobado por el órgano de gobierno, los letrados del Congreso califican el conflicto de “injerencia” e instan al PP a acudir al Tribunal Constitucional. Miembros del Partido Popular reconocían en privado la semana pasada las dudas sobre si era pertinente denunciar a la Cámara baja ante el tribunal de garantías, pues existe miedo a recibir un primer varapalo del Tribunal Constitucional previo a un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía cuando ya esté vigente.

En público, la formación de Feijóo se excusó alegando que no podía tomar esa decisión hasta conocer la respuesta concreta de la Cámara baja. “El Congreso tiene un plazo de 30 días para responder. Vamos a ver cómo responde y cómo argumenta su respuesta. Cuando llegue ese momento, ya anunciaremos los pasos a dar por el Partido Popular”, dijo la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. Pero la contestación es ya un hecho y la dirección popular sigue evitando pronunciarse al respecto. “Sin novedades que comunicar”, indicaron fuentes de Génova este martes. El vicesecretario Elías Bendodo tampoco respondió en rueda de prensa a la pregunta concreta sobre si el PP acudirá o no al tribunal de garantías tras el informe contrario aprobado por la Mesa de la Cámara baja.

Mientras mantienen la incertidumbre, fuentes parlamentarias populares han denunciado este martes que la Mesa de la Congreso no tiene “competencias” para contestar al requerimiento hecho por el Senado. El PP y el presidente de la Cámara alta, el popular Pedro Rollán, interpretan en base al artículo 31 del Reglamento que solo el pleno de la Cámara baja tiene potestad para contestar, pues el requerimiento fue hecho por el pleno de la Cámara alta y no por su Mesa. Y denuncian que se “hurta” a los diputados de su derecho a “debatir” sobre la cuestión en un nuevo pleno sobre el conflicto de atribuciones en el Congreso. Junto a esas quejas, tampoco aclaran si el calendario parlamentario sigue su curso. El Senado dispone de otro mes para denunciar a la Cámara baja ante el Tribunal Constitucional tras recibir su respuesta.

En esa línea, demorar la decisión por parte de los populares de llegar hasta el final alimenta la teoría de los socialistas. El PSOE sostiene que el PP actuó de “farol” al plantear el choque institucional y le reta a dirigirse ya al tribunal de garantías. “Le invitamos a que lo haga porque estamos seguros de que todo lo que hemos hecho y todo lo que se ha realizado por parte del Congreso de los Diputados es correcto”, dijo este martes el vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, el socialista Alfonso Gómez de Celis, tras la reunión del órgano de gobierno. Fuentes de la presidencia de la Cámara baja niegan además que no tengan “competencia” para responder al Senado. “Es evidente que esto no se puede elevar al pleno porque no hay ningún cauce reglamentario para ello. La Mesa tiene una competencia general para todas aquellas cuestiones que no se encomienden a ningún otro órgano por aplicación del artículo 31.1.7 del Reglamento”, indican dichas fuentes. Entretanto, la ley de amnistía sigue su tramitación en el Senado sin freno.