Investigaciones parlamentarias: entre la búsqueda de la verdad y el ajuste de cuentas

En la brutal contienda política, las comisiones de investigación parlamentaria son las nuevas armas de destrucción del contrario. El PP quiere exprimir hasta la última gota del caso Koldo con una indagación en el Senado paralela al sumario judicial. Y la izquierda replica con otra en el Congreso para extender la indagación a la compra de mascarillas por todas las administraciones, también las populares. Unos amenazan con hacer desfilar a Pedro Sánchez y otros a Alberto Núñez Feijóo. Al mismo tiempo, en la Cámara baja están en marcha otras tres comisiones exigidas por los independentistas, una de ellas que volverá sobre un asunto recurrente: la guerra sucia de la policía bajo el mando del PP contra el secesionismo catalán.

Analistas, tertulianos y no pocos políticos critican que un instrumento parlamentario, previsto en la Constitución para arrojar luz sobre “cualquier asunto de interés público”, se haya convertido en un pretexto para el espectáculo y la confrontación. También lo lamentan personas involucradas en algunas de las 23 investigaciones abiertas en el Congreso desde la primera, en 1979, sobre las finanzas de RTVE. Pero la mayoría cree a la vez que su trabajo resultó útil para conocer a fondo acontecimientos que sacudieron el país - del 11-M a la crisis financiera o el accidente del tren Alvia en 2013 en Santiago- y proponer medidas correctoras.

El veneno de la colza. El envenenamiento masivo por la venta de aceite de colza adulterado motivó la primera investigación conjunta Congreso-Senado de la democracia. Después de ocho meses de trabajos -entonces aún eran secretos- y de interrogar a 184 personas, el pleno de la Cámara baja aprobó el 9 de junio de 1982 una batería de medidas para mejorar la seguridad alimentaria. Por UCD, el partido gobernante, le tocó defender las conclusiones a un joven diputado todavía en activo hoy, en las filas del PP. José Manuel García-Margallo, que no había participado en la comisión, se encargó de replicar a algunas críticas por la falta de colaboración de las Administraciones –”ha habido que sacar con sacacorchos algunas informaciones”, se quejó el socialista Javier Sáenz de Cosculluela- y anunció que se remitiría el informe a la Fiscalía para depurar responsabilidades. Margallo se muestra rotundo al defender la vigencia del instrumento: “Es una de las funciones del Parlamento: controlar al Gobierno y dirimir responsabilidades”.

Llega la transparencia. Las comisiones proliferaron en la primera mitad de los noventa, cuando los escándalos asediaban al Gobierno de Felipe González. En 1994 se abandonó el carácter secreto de las sesiones. Con el PP en el Gobierno, el caso más sonado fue el Gescartera, una agencia de valores que tenía vínculos con altos cargos populares y dilapidó los ahorros de 4.000 clientes. Después de tres meses de investigación, la mayoría absoluta del PP impidió en 2001 señalar responsabilidades políticas en la Administración. Aun así, Juan Fernando López Aguilar, que ejerció como portavoz socialista, cree que mereció la pena, entre otras cosas, porque “ya reveló entonces que Rodrigo Rato [ministro de Economía] manejaba dinero en el extranjero”.

López Aguilar, hoy eurodiputado, evidencia que estas comisiones son “un instrumento político”, en el que “la mayoría tiene la sartén por el mango para decidir la agenda, la lista de comparecientes y las conclusiones”, y que, por tanto, no hay que esperar de ellas una “verdad judicial”. Pero el también exministro de Justicia las defiende como “caja de resonancia de asuntos de interés público” y medio para detectar defectos en la legislación y proponer reformas consiguientes. Él mismo presidió en el Europarlamento la comisión que investigó el espionaje masivo en Europa de la Agencia de Seguridad Nacional de EE UU. Allí, explica, la diversidad de grupos políticos impide que una mayoría se imponga y facilita un “diálogo racional para llegar a conclusiones racionales”. Aquí, en cambio, las investigaciones se usan “de forma vengativa”.

Aznar contra el mundo. La comisión sobre la matanza del 11-M se prolongó más de un año entre 2004 y 2005 y dejó algunas de las imágenes icónicas de las investigaciones parlamentarias en España: la presidenta de la asociación de víctimas, Pilar Manjón, envuelta en lágrimas y reprendiendo a los diputados –”¿de qué se ríen, señorías?”- o el expresidente José María Aznar enfrentándose a todos con su “ego desbordado”, en palabras de Gaspar Llamazares. El entonces líder de IU también guarda un recuerdo especial de la comparecencia del comisario general de Información de la Policía, Jesús de la Morena, que “se lo tomó muy en serio y no se casó con nadie”.

“Se dio voz a las víctimas y a los investigadores. Y se propusieron medidas para mejorar la coordinación entre policías o para controlar el papel de los infiltrados”, valora el veterano político. Esa función de elevar recomendaciones para no repetir errores es, según él, una de las mejores aportaciones de estos comités parlamentarios que, además, favorecen “una cierta catarsis” ante acontecimientos traumáticos. Ahora, “en un contexto de polarización y contaminación partidista”, las comparecencias se plantean para infligir al convocado “la pena de telediario”.

Abriendo las cloacas. Las actuaciones ilegales del Ministerio del Interior bajo el mando del PP, las conocidas como cloacas, han provocado hasta cuatro comisiones de investigación en los últimos años, una todavía pendiente de arrancar. La primera se creó en 2017, trabajó durante cuatro meses, y, según la entonces diputada de Podemos Gloria Elizo, resultó “muy pertinente, porque por primera vez se puso en un documento público la perversión de los medios públicos para su instrumentalización partidista”.

En otros países las comisiones tienen potestades para realizar registros e incautarse de documentos. Aquí, en cambio, Elizo dice que se enfrentaron a la falta de colaboración del Gobierno del PP. “Si se hacen bien, estas comisiones son tremendamente útiles”, sostiene. El problema, añade, es cuando se desenfoca por la lucha partidista, como muestra la reiteración en volver sobre el mismo tema. Elizo propugna reformas para evitar que se impongan las mayorías, como suprimir dentro de la comisión el voto ponderado, en el que cada diputado pesa tanto como su grupo, e imponer el individual.

El hundimiento de las cajas. Durante un año y medio, entre mayo de 2017 y diciembre de 2018, en sesiones que a veces llegaban hasta la madrugada, una comisión del Congreso examinó el hundimiento de las cajas y de parte del sistema financiero español. Por allí pasaron comisarios europeos, gobernadores del Banco de España, ministros de Economía y los responsables de las entidades. “Fue apasionante”, recuerda Ana Oramas, de Coalición Canaria, que ejerció la presidencia. Hubo comparecientes como el exministro Pedro Solbes que admitieron errores. Y cruces de acusaciones con repercusión judicial, como los que protagonizaron los antiguos directivos del quebrado Banco Popular.

“Se supo la verdad”, afirma Oramas. “Para eso sirve este instrumento: para atender una demanda social de conocer la verdad. Y luego ver si hay que tomar medidas y legislar para que no se repita lo sucedido”. Más allá de las responsabilidades penales, abunda la ahora vicepresidenta del Parlamento canario, están las políticas o la “reprobación ética” de determinadas conductas. Y eso solo puede dilucidarse en un ámbito parlamentario.

Demasiado ruido. El duelo de comisiones entre Congreso y Senado ya se produjo en 2017. La Cámara baja acordó investigar la financiación ilegal del PP y este reaccionó aplicando su mayoría en el otro brazo legislativo para escudriñar en la financiación de todos los partidos. Después de casi dos años, el Congreso ni siquiera llegó a un acuerdo para elaborar el dictamen. Por el camino quedaron imágenes como la del extesorero del PP Luis Bárcenas prestando declaración por videoconferencia desde la cárcel.

“Cuando una comisión se ocupa de un asunto que está en sede judicial, la comisión colapsa”, afirma el diputado del PNV Mikel Legarda. Aunque existe la obligación legal de comparecer, no así de contestar a las preguntas y menos cuando, como era el caso, podía comprometer la situación judicial del convocado. Legarda ya ha perdido la cuenta de las comisiones en las que ha participado y se muestra muy escéptico sobre su utilidad. “El 60% o el 70% de lo que se hace es más ruido que esclarecimiento. La mayoría se impone y a menudo las conclusiones están predeterminadas desde el principio. Y esto coadyuba al deterioro que sufren las instituciones por el comportamiento de los políticos”

Decepción de las víctimas. La creación de una comisión de investigación parlamentaria fue una larga batalla de las víctimas del accidente del tren Alvia en Santiago, el 24 de julio de 2013, con 80 muertos. El asunto salpicaba a sucesivos gobiernos del PP y el PSOE, y ambos la vetaron en 2016. Dos años más tarde, ya con Pedro Sánchez al mando, los socialistas permitieron crearla. Los trabajos concluyeron sin elaborar conclusiones por la disolución del Congreso, y a las víctimas les ha quedado un sentimiento agridulce. Jesús Domínguez, presidente de la plataforma de afectados, destaca que se recabaron testimonios importantes y se obligó a dar explicaciones a representantes de la Administración. “Pero mandaron los intereses políticos”, lamenta. Los dos grandes partidos vetaron que se escuchase la grabación del maquinista inmediatamente después del accidente quejándose de la falta de seguridad y la emisión de un documental que las víctimas sí pudieron mostrar en el Parlamento europeo. El PP obligó a comparecer por segunda vez para rectificar a un testigo que había dejado en mal lugar a la exministra Ana Pastor. Luego se sabría que Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias, gastó 14.900 euros en contratar un despacho de abogados para que adiestrase a sus cargos antes de comparecer. Lo descubrió David Reinero, periodista de Praza Pública, que durante una década rastreó todos los pormenores del caso.

Domínguez, a la luz de su experiencia y sin perder del todo la fe en este tipo de indagaciones parlamentarias, también opina que sería preciso cambiar las normas “para evitar que las mayorías puedan imponer su criterio”.