El PSOE se opone a citar a jueces en las comisiones de investigación como exigen Junts y ERC

La comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña —las supuestas maniobras policiales del Gobierno de Mariano Rajoy contra dirigentes independentistas—, acordada entre el Gobierno del PSOE y Sumar con sus socios de Junts y ERC, ha empezado sus trabajos en el Congreso este martes, pero con algunas líneas rojas de partida muy claras. El PSOE ha fijado el criterio de que no permitirá que se cite a esas sesiones a jueces en ejercicio. Los partidos independentistas lo habían solicitado, para intentar demostrar que en España se ha producido lawfare (persecución judicial por motivos políticos) contra los líderes del procés. ERC, que ha pedido hasta 62 comparecencias, incluye en ellas a las cúpulas del PP en toda su historia. El PSOE y Sumar limitan ese alcance, pero aun así piden citar a comparecer a numerosos altos cargos de la etapa del expresidente popular Mariano Rajoy, tanto del PP como de su Gobierno. La comisión sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils no ha llegado a iniciar sus trabajos.

En la lista de comparecencias solicitadas por ERC se incluye a los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy; muchos de sus ministros; responsables al máximo nivel en el partido; exlíderes del PP como Pablo Casado y su actual presidente, Alberto Núñez Feijóo; exsecretarios de Estado, exdirectores del CNI, fiscales, jueces, abogados, diplomáticos, presidentes de la Audiencia Nacional, miembros de la Guardia Civil o del Ejército, exmandatarios del Barça, comisarios, agentes privados o exjefes de gabinete. También demanda el partido independentista todo tipo de documentación, alguna de ella comprometida o delicada. Junts, por su lado, subió la apuesta y contempló hasta 93 comparecencias ahí, 12 periodistas, más de 40 cargos judiciales y policiales y muchos miembros de ejecutivos del PP.

El PSOE no tardó en responder para frenar esas exigencias y su portavoz, Patxi López, precisó que su partido había tramitado con Sumar otra lista diferente, sin jueces ni fiscales y una pretensión distinta sobre la documentación a recabar. López explicó así que en las comisiones no aceptarán que haya jueces porque, según establece la ley, “no pueden comparecer para informar de causas en las que han formado parte, juzgado o instruido”.

En cuanto a las comparecencias, el PSOE y Sumar las reducen a 22, centrándose sobre todo en el Gobierno de Mariano Rajoy y su equipo en Interior: el exministro Jorge Fernández Díaz; los exsecretarios de Estado de Seguridad Francisco Martínez e Ignacio Ulloa; la exsecretaria general del PP Dolores de Cospedal; varios mandos operativos policiales; el periodista Pedro Águeda; y Rafael Redondo Rodríguez, exsocio del comisario jubilado José Manuel Villarejo. No solicita, sin embargo, que comparezca el propio Villarejo. ERC sí pide que se le llame y también a jueces como Manuel García-Castellón. Los socialistas apuntan que al final saldrá adelante su lista de comparecientes, aunque podrían conceder alguna petición menor de Junts o ERC.

En el caso de la comisión prevista para investigar los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, en su primera reunión fue incapaz de consensuar un plan de trabajo. Los miembros de la comisión volverán a verse la semana que viene. ERC y Junts pretendían indagar al detalle la presunta conexión con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki es Satty, considerado el cabecilla del grupo y que murió la víspera del atentado en la explosión de una casa de Alcanar (Tarragona) donde la célula terrorista preparaba los explosivos. López precisó, para esos dos casos, que el PSOE examinará todos los documentos que se reclamen con “detenimiento, rigor y cautela, y no de cualquier manera”, porque muchos podrían estar clasificados como secretos.

Sobre la comisión Pegasus, que pretende investigar el posible uso de programas informáticos para espiar a políticos y periodistas en relación al procés, ERC registró hasta 97 comparecencias y el PSOE redujo las suyas, que serán más que probablemente las que salgan, a una decena.

Alegaciones a la Comisión de Venecia

También en el Congreso, la Mesa aprobó este martes remitir a la Comisión de Venecia —el órgano consultivo del Consejo de Europa, un organismo internacional no comunitario— sus alegaciones al borrador de informe sobre la ley de amnistía que se conoció hace un par de semanas. El PP ya ha enviado las suyas. La Comisión de Venecia tiene previsto reunirse este viernes para emitir su veredicto final sobre la amnistía. A esa sesión asistirán el presidente del Senado, Pedro Rollán, y su vicepresidente, Javier Maroto, ambos del PP. La Mesa del Congreso, con la mayoría del PSOE y Sumar, enviará como representante a la socialista Isaura Leal.

La Mesa de la Cámara baja concluye en sus alegaciones que en la ley se han incluido todas las recomendaciones expuestas en el borrador de la Comisión de Venecia y en concreto la justificación de que la intención de la amnistía es resolver el conflicto político en Cataluña; también afirma que no hay ninguna intención de interferir en la división de poderes al aclarar que “los jueces no comparecerán ante las comisiones de investigación parlamentarias, ni tienen obligación de hacerlo”; y finalmente se argumenta que la tramitación urgente de la ley —cuestionada por la Comisión de Venecia en su borrador de informe— se ha solventado por la vía de los hechos porque, al final —entre otras cosas, porque el PP va a alargar la tramitación en el Senado—, el debate se va a alargar seis meses.