El PSOE andaluz quiere llevar al Gobierno de Moreno a la comisión de investigación del Congreso

El PSOE de Andalucía quiere que el grupo parlamentario socialista en el Congreso pida la comparecencia de varios miembros del Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno (PP) en la comisión de investigación sobre las contrataciones de material sanitario durante la pandemia. Así lo ha confirmado este miércoles la portavoz parlamentaria de los socialistas, Ángeles Férriz, aunque aún no está decidido qué personas concretas serían citadas.

Los socialistas andaluces utilizarán esta vía para que el Ejecutivo de Moreno dé cuenta de los contratos de emergencia sanitarios firmados al amparo del decreto ley del 16 de marzo de 2020 para adquirir miles de bienes, servicios y suministros “para luchar contra los efectos del coronavirus” a través de procedimientos excepcionales que agilizaban los trámites pero a costa de menos controles. La contratación exprés se acabó en mayo de 2021, pero en el caso de Andalucía este método se siguió utilizando hasta marzo de 2022, desoyendo una instrucción de junio de 2021 de la Consejería de Hacienda, dirigida entonces por el hoy vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en la que destacaba el “carácter excepcional y residual” de la medida.

La semana próxima el pleno del Parlamento andaluz debatirá una iniciativa del PSOE en la que pide la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia desde 2020 hasta la actualidad para comprobar su efecto en las listas de espera, los materiales que se adquirieron y si “ha habido menoscabo de fondos públicos”. Salvo sorpresa mayúscula, la propuesta contará con el rechazo del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara autónoma. En paralelo, el PSOE que dirige Juan Espadas ha encargado a un despacho penalista de Sevilla la presentación de una denuncia ante los tribunales sobre esos contratos.

La portavoz parlamentaria de los socialistas andaluces, Ángeles Férriz, ha aludido también este miércoles al fichaje por parte de la empresa aseguradora Asisa del que fuera viceconsejero de Salud de la Junta hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, como director médico en Andalucía. “El Gobierno andaluz parece más una banda que otra cosa. Esto es un patrón de conducta, una macrocausa del señor Moreno”, ha dicho Férriz. “¿Qué tienen que tapar más? Esto es la punta del iceberg de un Gobierno para urdir un sistema para beneficiar a sus amigos”.

Contratos por valor de 5,2 millones

Mientras crece el revuelo político en torno al fichaje del ex número dos de Salud por Asisa, él se muestra tranquilo y sorprendido por la polémica, según fuentes de su entorno. Guzmán, precisan, confía en que el informe que está elaborando la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública descarte que haya incompatibilidad en su contratación por la aseguradora privada y zanje la controversia. Esta mañana, el consejero, Antonio Nieto, ha anunciado que, “ante la repercusión” que está teniendo esta situación, se ha abierto una “actuación informativa para analizar qué efectos tiene la ley de incompatibilidad de altos cargos de la Administración andaluza en este caso”.

Nieto ha puntualizado que el objetivo de la norma es que “ninguna persona aproveche su pertenencia a un Gobierno de la Junta para tener ventaja”, pero que tampoco persigue que eso “sea un castigo que le impida desarrollar una tarea profesional, porque eso implicaría que quien formara parte de Gobierno estaría prácticamente inhabilitado para cualquier otra actuación en el futuro”. A esa investigación interna que analizará todos los contratos suscritos por Guzmán podría sumarse la investigación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, tras la presentación también hoy de una denuncia por parte de Adelante Andalucía para que se investigue si el paso de Guzmán al sector privado vulnera la ley de incompatibilidades.

La formación andalucista ofrece en su escrito una relación de licitaciones y contrataciones por parte del SAS (Servicio Andaluz de Salud), del que Guzmán fue gerente entre 2019 y 2022, a hospitales pertenecientes al grupo hospitalario HLA, en el que Asisa decidió agrupar todos sus centros en 2016. Adelante recoge la licitación y adjudicación en 2015 a la Clínica Santa Isabel de dos lotes por importe total de 5.227.003,87 euros, dentro de un contrato para la prestación de asistencia sanitaria que se siguió prorrogando hasta el 14 de febrero de 2023 “a pesar de que la fecha límite era el 30 de abril de 2019″, indican en su escrito. En la denuncia, el partido también enumera las adjudicaciones de emergencia para derivar a pacientes a la sanidad privada entre enero de 2021 y junio de 2023 rubricadas por Guzmán, por un total de 242,7 millones, de los que 43,67 millones se distribuyeron entre 11 centros del Grupo HLA Asisa.

Por su parte, Por Andalucía, en su denuncia ante la OFA presentada a lo largo de esta tarde, destaca que en el registro público de Declaraciones de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de los altos cargos de la Junta aún no se ha publicado su declaración, que debe realizarse dentro de los dos meses posteriores a su cese, un cese, que ni siquiera aparece consignado en ese registro.

El entorno del exviceconsejero insiste en que la Junta “nunca, ni con el PSOE ni con el PP, ha firmado directamente un contrato ni con Asisa ni con ninguna otra aseguradora”, y que “nunca ha existido una vinculación directa con esa compañía ni se va a tener”. Los interlocutores también desligan a la aseguradora de los hospitales que gestiona a través del Grupo HLA: “Él no va a trabajar en el grupo HLA, sino en la aseguradora. No son los mismos trabajadores”, ponen como ejemplo. Guzmán tampoco se ha planteado renunciar a su nuevo puesto de trabajo, al que se incorporará el próximo lunes, según estas fuentes.

Al fichaje del exviceconsejero de Salud por una aseguradora, desvelado el pasado lunes por la SER, se unen otras denuncias de los socialistas sobre cargos públicos del Gobierno de Moreno que supuestamente han incurrido en incompatibilidad, como el director general de Pesca y Acuicultura, José Manuel Martínez Malia. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el pasado 27 de marzo una resolución “por la que se ordena la publicación de la declaración de incumplimiento” por parte de Martínez Malia de la ley de Incompatibilidades de altos cargos de Andalucía. Este director general concedió ayudas públicas a dos sociedades pesqueras de hermanos suyos y de las que fue socio, según la Oficina Antifraude andaluza. Los socialistas también lanzan sospechas sobre el aumento de los contratos de patrocinio de la Consejería de Turismo, que pasaron en un año de 16,8 millones de euros a 64,3 millones.