La Junta no se plantea cesar a su director de Pesca sobre el que la Oficina Antifraude ha abierto expediente sancionador

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha confirmado que en el director general de Pesca y Acuicultura de la Junta, José Manuel Martínez Malía, concurren indicios de incompatibilidad por haber compaginado su condición de alto cargo de la administración con la de apoderado de una empresa pesquera en la que estaban empleados sus hermanos y no haberse inhibido en los procedimientos de ayudas a la misma, tal y como constató en un primer informe preliminar dictado a principios de enero. La OAAF decide hora “incoar el correspondiente procedimiento para depurar las posibles irregularidades”, si bien rebaja la trascendencia de su alcance al considerar que son “de menor entidad atendidas las circunstancias de inexistencia de daño a las arcas públicas y de subsanación posterior a instancias del afectado”.

Este último razonamiento es el que ha esgrimido el Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno para no plantear el cese de este alto cargo, como le ha reclamado el PSOE. “El asunto se ha quedado en una cuestión meramente administrativa. No ha habido afección a las arcas públicas”, señalan las fuentes de la Junta consultadas. La OAAF fue impulsada en octubre de 2021 por el propio Ejecutivo autonómico como una herramienta para luchar contra el fraude y la corrupción política. Su cometido es investigar de oficio o mediante denuncia previa actuaciones fraudulentas que la ley que la regula define como “engaño intencionado para obtener beneficios mediante el uso ilegal o irregular de fondos o patrimonio público”. También actuaciones corruptas (“abuso de poder, aprovechamiento irregular del uso o la información derivadas de las funciones atribuidas”) o conflictos de intereses.

Martínez Malía accedió a su cargo, dependiente de la Consejería de Agricultura, en 2019, con la llegada del PP a la Junta. Hasta el pasado julio fue apoderado general de la sociedad Pesquerías Quintino, S.L., y socio de Carabina y Farruco, S.L. hasta octubre de 2021. En ese período ambas embarcaciones recibieron subvenciones de la administración autonómica cuya concesión dependía del propio director general de Pesca. El PSOE, que fue quien presentó la denuncia ante la OAAF, señaló un posible conflicto de intereses por la tramitación de esos fondos y el no haberse abstenido en las resoluciones finales de ese procedimiento.

En su última resolución, fechada este mismo lunes, se determina que solo “resultaría proyectable la precitada causa de incompatibilidad” a partir del 2 de julio de 2021 —cuando entró en vigor la reforma de la ley de incompatibilidades de altos cargos de la Administración andaluza, y que incluye entre los supuestos el “apoderamiento”―. Una incompatibilidad que el oficio circunscribe por tanto a la embarcación sobre la que ostentaba ese cargo, Pesquerías Quintino. “La persona investigada aparentemente ha incumplido el régimen de incompatibilidades únicamente en lo concerniente a su deber de adaptar su situación patrimonial societaria a partir del momento en el que se produjo la reforma legal”.

A continuación, la OAAF desarrolla por qué minimiza la gravedad de los hechos. “O, dicho de otro modo, sencillamente se demora en el cumplimiento de su obligación tipificada como infracción en materia de incompatibilidades que, aunque pudiendo ser calificada normativamente como grave, sin duda alguna tiene menor entidad al haberse corregido a instancias de la persona investigada”. El oficio también destaca que tanto en el caso de Pesquerías Quintino como en el de Carabina y Farruco sí “pesaría la causa de inhibición” porque Martínez Malía era titular del 50% de la primera sociedad y del 25% de la segunda.

Por estos motivos, que “constituyen infracción administrativa”, la OAAF procede a incoar el procedimiento sancionador legalmente previsto “para depurar las posibles irregularidades de menor entidad atendidas las circunstancias de inexistencia de daño a las arcas públicas y de subsanación posterior a instancias del afectado”. Este último informe de la entidad, dependiente del Parlamento andaluz, contrasta con la dureza del emitido a principios de este mismo mes en el que instaba a la Consejería de Agricultura a que valorara “la necesidad de implantar protocolos de detección temprana y prevención y/o cualesquiera mecanismos eficaces para velar por la ausencia de conflictos de intereses y causas de incompatibilidad de los altos cargos”. Entre ambas resoluciones la OAAF ha recibido las alegaciones por parte del director general de Pesca señalado.

Por otro lado, la Oficina traslada a la Consejería de Justicia de la Junta las actuaciones relacionadas con la posible existencia de un conflicto de intereses en la concesión de ayudas a los tripulantes de las dos embarcaciones, entre los que se encontraban los hermanos del director general.

El PSOE ha reclamado el cese o la dimisión inmediata del alto cargo de la Consejería de Agricultura. “La resolución lo inhabilita para seguir ni un minuto más al frente”, ha afirmado la portavoz del grupo socialista en el Parlamento regional, Ángeles Férriz. Desde el PP, en línea con la Junta, se ha tratado de rebajar la trascendencia del oficio de la OAAF sosteniendo que “la oposición de izquierdas ha hecho con este asunto un nuevo y espantoso ridículo”, según ha señalado el portavoz del PP en la Cámara, Toni Marín.