Andalucía aprueba la ley contra el Fraude en plena polémica por la corrupción

La lucha contra la corrupción y el fraude fue uno de los principios recogidos en el acuerdo de coalición de PP y Ciudadanos para formar gobierno en Andalucía tras casi 37 años de mandatos socialistas. Dos años después de ese pacto, el Ejecutivo autónomo ha aprobado este martes el proyecto de ley contra el Fraude y la Corrupción y Protección de la persona denunciante. La futura norma contempla un régimen sancionador con multas desde los 300 hasta los 100.000 euros.

En pleno juicio en la Audiencia Nacional de la caja b del Partido Popular, el Gobierno andaluz ha acordado remitir al Parlamento un texto prometido en la anterior legislatura por los socialistas. Entonces, PSOE y Ciudadanos, su aliado parlamentario en ese momento, pactaron la creación de una Oficina contra el Fraude que nunca vio la luz por enredos jurídicos. También, según ha dicho esta mañana el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), porque “el PSOE nunca tuvo intención de impulsar una ley que pusiera fin a la corrupción”. Ese retraso fue uno de los motivos por los que se rompió la alianza de Ciudadanos con el último Gobierno socialista.

Tanto Marín como el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), se esforzaron en destacar el proyecto de ley como un antes y un después en la Junta de Andalucía. “Los socialistas nos tenían acostumbrados a escándalos diarios”, afirmó Bendodo. “La corrupción era un lastre para nuestra comunidad. Hay 6.000 millones de euros que se investigan en los tribunales, dos expresidentes de la Junta condenados y más de 500 altos cargos procesados por defraudar dinero de los andaluces. Han ensuciado el nombre de Andalucía”, resaltó Marín.

Esta andanada se produce después de que la secretaria general del PSOE, Susana Díaz, pidiera días atrás explicaciones al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, sobre si conocía la financiación irregular del PP denunciada por el extesorero Luis Bárcenas. “Es pasado, de hace más de una década. El que sea responsable de un acto delictivo, que lo pague; sea quien sea”, dijo el lunes Moreno.

En este contexto fangoso llega el proyecto de ley contra el Fraude al Parlamento andaluz. El texto prevé la creación de una Oficina que dependerá del Parlamento y cuyo director será elegido por mayoría de tres quintos de la Cámara o por mayoría absoluta en segunda votación si no hay acuerdo, por un periodo no renovable de cinco años. La Oficina investigará de oficio o mediante denuncia previa actuaciones fraudulentas que el texto define como “engaño intencionado para obtener beneficios mediante el uso ilegal o irregular de fondos o patrimonio público”. También actuaciones corruptas (“abuso de poder, aprovechamiento irregular del uso o la información derivadas de las funciones atribuidas”) o conflictos de intereses.

El ámbito de actuación de proyecto de ley abarca a todas las instituciones y entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, entidades locales, universidades públicas y personas y entidades privadas cuando hayan sido adjudicatarias de contratos públicos o subvenciones. El texto regula la protección del denunciante al que se le garantizará la confidencialidad y el “derecho a no sufrir represalias y a la reparación de los perjuicios injustificados sufridos por causa de las denuncias, con asistencia jurídica y psicológica”. En caso de ser funcionario o empleado público podrá solicitar el traslado provisional a otro puesto del mismo nivel.

Sanciones de hasta 100.000 euros

También se establece la clasificación de infracciones en leves, graves y muy graves, con multas desde los 300 hasta los 100.000 euros. Entre la tipificación de estas últimas se encuentran “el incumplimiento del deber de colaboración con la Oficina, cualquier tipo de coacción a las personas que presten servicios en la Oficina, cuando se cause un perjuicio muy grave a la persona denunciante, las denuncias falsas, tergiversadas u obtenidas de manera ilícita”.

La norma implicará cambios en la ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta. Se mantiene el régimen de dedicación exclusiva, pero se autoriza a ejercer actividades en la docencia universitaria, la investigación y la formación, y entidades sin ánimo de lucro. También quedará recogido negro sobre blanco que los altos cargos “no podrán ser titulares o autorizados de cuentas bancarias y otros activos financieros en países o territorios calificados como paraísos fiscales”.

Con esta ley (la octava que envía al Parlamento en dos años), Andalucía se suma a otras comunidades y ayuntamientos con oficinas específicas contra la corrupción, como ya existen en la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cataluña, Galicia, Barcelona y Madrid.