Griñán recurrirá la condena del ‘caso ERE’ por errores en los hechos probados

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha anunciado a la Audiencia de Sevilla su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la pieza política del 'caso ERE' —que le supuso una condena de seis años de cárcel por malversación y prevaricación continuadas— por infracción de ley, error en los hechos probados o falta de claridad, entre otros motivos.

La sentencia consideraba a Griñán y a su antecesor, Manuel Chaves, “plenamente conscientes” de la ilegalidad de las decisiones adoptadas sobre el fondo de los ERE. A Griñán le imputaron que como exconsejero de Economía y Hacienda ignorara las alertas sobre irregularidades de la Intervención General, que el expresidente aseguró no haber recibido nunca. En un escrito presentado este miércoles ante la Audiencia, el abogado de Griñán, el exfiscal José María Calero considera que la sentencia es "no ajustada a derecho y contraria a los intereses" del exdirigente andaluz.

El recurso de casación que Griñán presentará ante el alto tribunal entre febrero y marzo considera que se produjo una "infracción de ley, error en los hechos probados derivados de documentos obrantes en la causa, quebrantamiento de forma por falta de claridad, contradicción en los hechos probados e infracción de precepto constitucional", según su escrito. Es decir, el expresidente considera que los hechos probados no tienen encaje legal como hechos delictivos, que existen documentos que los desmienten, que la sentencia tiene errores graves de redacción que la desacreditan y que se han vulnerado derechos fundamentales como su presunción de inocencia.

El escrito señala que el tribunal de la Audiencia cometió supuestamente un error en la apreciación de las pruebas basadas en los presupuestos de la Junta de 2005, en su apartado del estado de gastos, así como la comparecencia de Griñán ante el Parlamento para presentar los Presupuestos de 2005 y 2007, la retención del crédito del interventor general en 2004 y los informes de la Intervención General entre 2005 y 2009.

Además, el expresidente considera que no fueron bien valoradas las pruebas basadas en la comunicación de la interventora general de la Junta en 2012 sobre "la ausencia de menoscabo de fondos", los informes del Consejo Consultivo sobre el proyecto de ley de Presupuestos y el informe de la Cámara de Cuentas de Fiscalización de ayudas entre 2001 y 2010. En total, Griñán estima que el tribunal valoró de manera errónea una docena de pruebas entre informes, respuestas parlamentarias y comunicaciones.

En paralelo al error de apreciación de las pruebas, el expresidente fundamenta su recurso de casación por falta de claridad en el relato de hechos probados, "manifiesta contradicción" y por no respetar su presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, tal y como establece la ley.

Tras la presentación de los escritos de las defensas, ahora la Audiencia de Sevilla emitirá un auto en el que asume los recursos y todos los documentos solicitados para que sean revisados, y posteriormente el Supremo emplazará a las defensas a interponer sus recursos en un plazo de entre 15 y 40 días.