El Congreso inicia las reformas para que sus investigaciones sean públicas

El pleno del Congreso acordó ayer, prácticamente por unanimidad -294 votos a favor, uno en contra y una abstención-, una proposición de ley suscrita por todos los grupos para reformar el Reglamento de la Cámara, de modo que las comisiones de investigación tengan carácter público, aunque con algunas excepciones que salvaguarden los secretos de Estado y derechos fundamentales de las personas.Álvaro Cuesta, en nombre del Grupo Socialista, señaló que hay que evitar que cualquier ciudadano pueda encontrarse ante el Parlamento en peores condiciones que ante un juez y adelantó las que, a su juicio, deben ser cuatro excepciones a la publicidad de las comisiones de investigación: cuando lo acuerde la propia comisión por algún motivo especial, por respeto a la intimidad y al honor de las personas, por tratarse de materias clasificadas en la Ley de Secretos Oficiales o, por fin, por ser cuestiones sujetas a investigación judicial en las que se haya declarado el secreto del sumario.

Loyola de Palacio, en nombre del PP, hizo votos porque la reforma se pudiera aplicar de forma inmediata. Rafael Ribó (IU) puso una nota de cierta discordancia al señalar que las comisiones "de hecho ya son públicas".

Por otra parte, esta mañana está prevista la reunión formal para constituir la comisión que investigará la financiación de los partidos. Anoche no estaba cerrado el acuerdo sobre la presidencia de esta comisión que, en principio, iba a recaer sobre Luis Mardones, de Coalición Canaria. Anoche se negociaba la posibilidad de que Joan González Txabarri (PNV) presida la comisión que estará integrada, junto con los dos citados, por Fernando Gimeno (PSOE), Jaime Ignacio del Burgo (PP), Joan López de Lerma (CiU) y Pilar Rahola, (ERC).

El 'caso Rubio'

Mientras, los miembros de la comisión Rubio intentaron ayer alcanzar un acuerdo sobre las comparecencias a las que los socialistas han puesto objeciones. La comisión que investigará al ex gobernador del Banco de España se enfrenta además a otro problema: las dos primeras comparecencias, las de los ex ministros de Economía Miguel Boyer y Carlos Solchaga, no podrán celebrarse mañana, como estaba previsto, ya que el Pleno del Congreso se prolongará hasta la tarde.

Juan Pedro Hernández Moltó (PSOE), Luisa Fernanda Rudi (PP), Jerónimo Andreu (IU) y Jordi Casas (CiU) discutían ayer a qué comparecencias estaba dispuesto cada uno de ellos a renunciar. El PSOE, por ejemplo, no ve necesario convocar al ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch; al presidente del CGPJ, Pascual Sala, y al ex ministro de Justicia Tomás de la Quadra.

Rubio y Juan Antonio Ruiz de Alda, subgobernador en el primer mandato de Rubio, pudieron haber invertido en 1987 en la compra de acciones del Grupo Financiero Ibercorp, que luego controló el Banco Ibercorp. Según El Mundo, Rubio invirtió 30 millones y Ruiz de Alda, 70 millones.