El exviceconsejero andaluz de Salud fichado por Asisa fue clave en la estrategia de privatización de la Junta

El fichaje del antiguo número dos de la Consejería andaluza de Salud, Miguel Ángel Guzmán, por la aseguradora privada Asisa apenas tres meses después de dejar su puesto ha abierto una nueva crisis en la gestión de la sanidad pública por parte de la Junta de Andalucía, que ya estaba siendo muy criticada por el colapso en la atención primaria, unas listas de espera desbordadas, contratos a dedo con la privada para atajarlas y la huelga indefinida de los letrados del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuya actuación es esencial para gestionar esas adjudicaciones. El Gobierno andaluz ―que asegura que desconocía el salto a la privada del exviceconsejero―, ha abierto una investigación interna para determinar si su contratación vulnera la ley de incompatibilidades de altos cargos. Pretende así atajar las críticas de toda la oposición que ven en la conducta de Guzmán un ejemplo de la connivencia del Ejecutivo del popular Juan Manuel Moreno con el sector privado sanitario. El exviceconsejero informó la tarde de este jueves en un escueto comunicado que aplaza su fichaje por la aseguradora hasta que se conozca el informe que está elaborando la Junta de Andalucía sobre su posible incompatibilidad.

Antes, acerca del fichaje, fuentes del Gobierno andaluz señalaron que “se trata de una decisión personal que no implica a la Junta”, aunque reconocen que existe malestar por que Guzmán haya decidido fichar por una aseguradora privada con tanta celeridad y creen que se ha equivocado al dar ese paso y sugieren que Guzmán debería renunciar al cargo.

Durante los años que Guzmán ejerció cargos de alta responsabilidad en la Consejería de Salud no han parado de sucederse controversias relacionadas con el deterioro de la gestión del sistema andaluz de salud y con la firma de contratos y conciertos con la sanidad privada. “No es la primera vez que altos cargos han pasado a ser directivos de la sanidad privada, pero aquí se trata de una persona que ha tenido responsabilidad en la asignación directa de presupuestos a Asisa, lo que explica por qué ahora le contrata”, opina Sebastián Marín Recio, portavoz de Marea Blanca en Andalucía, que el próximo domingo ha convocado manifestaciones en todo Andalucía en defensa de la sanidad pública.

Cuando se conoció la dimisión de Guzmán, en diciembre de 2023, la interpretación fue unánime: con su salida el Gobierno lo señalaba como uno de los máximos responsables del caos en la gestión sanitaria y del deterioro de la sanidad pública andaluza. “Nuestro mayor recelo no es que ahora se vaya a la privada, sino que venía de ese sector, y su gestión ha demostrado que teníamos razón”, explica Antonio Macías, responsable de Sanidad de UGT-A.

21.668 contratos a dedo y amago de privatizar la atención primaria

Guzmán se incorporó a la administración autonómica en 2019 como gerente del SAS y en 2022 pasó a ser viceconsejero de Salud, a las órdenes de Catalina García. Durante el desempeño de ambos cargos, la consejería amplió la contratación exprés autorizada durante la pandemia casi un año más de lo que se indicaba en la instrucción de la Consejería de Hacienda de 2021, en la que se advertía sobre el “carácter residual y excepcional” de estas adjudicaciones. Entre 2020 y 2022 se firmaron 21.668 contratos de emergencia por valor de 1.600 millones de euros. 43,67 millones fueron a parar a 11 centros propiedad del Grupo HLA, en el que Asisa decidió agrupar en 2016 a los hospitales que gestiona, que llevaban la firma de Guzmán como gerente del SAS. En este tiempo también se realizaron renovaciones extemporáneas de un concierto con una de sus clínicas por valor de 5,2 millones de euros.

Fuentes del entorno del exviceconsejero sostienen que el grupo HLA no es lo mismo que la aseguradora Asisa, que es donde él se incorporaría, para justificar que no existe incompatibilidad. A la espera de que concluya la investigación de la Consejería de Justicia ―que asegura que estará lista antes de que termine la semana―, los interlocutores del Gobierno andaluz precisan que el puesto como director médico en Andalucía de Asisa que va a desempeñar Guzmán a partir del próximo lunes no implica relación alguna con las administraciones públicas o el SAS. Sus tareas, indican, se circunscriben a la valoración de los seguros a particulares y del cuerpo médico de Asisa.

En 2022, la consejería publicó una orden de tarificación en la que actualizaba los precios de los conciertos con la sanidad privada, abría las puertas a la privatización de la atención primaria y permitía que los centros sanitarios públicos pudieran ser utilizados por profesionales del sector privado. La disposición soliviantó a partidos políticos, sindicatos y sociedad civil, hasta el punto de obligar al Gobierno andaluz a rectificar y eliminar esos dos preceptos de la orden para conseguir firmar un acuerdo por la Atención Primaria con los principales sindicatos.

En octubre de 2023 y después de un año sin publicar las listas de espera, la consejera de Salud, Catalina García, anunció dos macroconciertos por 734 millones con la sanidad privada a lo largo de cuatro años para reducir sus cifras, que habían crecido de manera alarmante en ese período. La Junta explicó que inauguraba así un nuevo modelo de contratación para agilizar los conciertos con los hospitales privados; sin embargo, la impugnación de uno de los pliegos, obligó a paralizar los trámites en noviembre. En febrero de este año, ya con Guzmán fuera de la Junta, García anunciaba un tercer plan de choque de 283 millones, del que el 45% se dedicarían a contratos a dedo con el sector privado para reducir las listas de espera en un 18%, mientras se resolvían los problemas para sacar adelante los macroconciertos.

En la Junta de Andalucía son conscientes de que la gestión de la sanidad puede pasarles factura en las urnas, pero confían en que los últimos planes de choque reduzcan las listas de espera aunque en el PP insisten en que el problema depende del distrito sanitario en el que se viva.