Andalucía se enfrenta a la primera huelga de abogados de la Administración en España

Andalucía afronta desde este lunes una huelga indefinida de los letrados del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el cuerpo de funcionarios públicos de la Junta con mayor carga de trabajo, puesto que el SAS es una de las principales áreas de contratación y la que genera más procedimientos ante la justicia. Se trata del primer paro de abogados de la Administración que se convoca en España y con él se le abre un nuevo frente a la Consejería de Salud, que sigue lidiando con el colapso en la atención primaria mientras trata de atajar el desbordamiento en las listas de espera con conciertos a dedo con la sanidad privada.

“Queremos dignificar nuestra profesión”, indica a este diario una portavoz del comité de huelga del cuerpo de letrados del SAS, compuesto por 42 profesionales en toda la comunidad que han entrado a formar parte de la Administración tras aprobar una oposición. Explica que la estructura organizativa por la que se rigen data de un decreto de 2005 y está “obsoleta”. Llevan desde 2020 negociando con el Gobierno andaluz un nuevo decreto que actualice esa organización y que mejore su retribución económica, pero hasta la fecha solo han recibido “promesas” por parte del Ejecutivo que dirige Juan Manuel Moreno que no se han concretado en nada. El pasado mes de junio los letrados se reunieron con la Consejería de Salud y la dirección del SAS, y se les aseguró que en los Presupuestos de 2024 se habilitaría una partida para aprobar el nuevo decreto. Nada de eso se recogió en la ley que aprobaba las cuentas autonómicas y tampoco se materializó la enmienda para incluirla a la que se comprometió Salud. “Tenemos mucho desgaste, ha sido una decepción”, abunda la portavoz.

“Estamos trabajando en condiciones precarias por la falta de personal y por la baja retribución. Somos un cuerpo altamente especializado y estamos asistiendo a una fuga de compañeros a los que requieren para cubrir otros puestos y cargos en otros departamentos”, explica la letrada, que llama la atención sobre la insólita situación que se da en Andalucía, donde existe un cuerpo de letrados de la Junta y otro de letrados del SAS, que cobra un salario inferior.

La huelga indefinida, que ocupa toda la jornada laboral, paralizará el devenir de las licitaciones públicas, de los procedimientos donde su intervención y asesoramiento son preceptivos, la gestión de los fondos europeos y todos los procesos judiciales en los que está personado el SAS. “El SAS es el ente que más contratos y más pleitos genera. Con el paro, todos estos procesos se quedarán en stand by y no se podrá acudir a las mesas de contratación”, advierte la letrada consultada. ALAS, la asociación que representa a los letrados del SAS, está recopilando la información de todas las asesorías jurídicas de Andalucía para aportar datos concretos del volumen de casos que tienen que atender en los tribunales, pero la portavoz del comité de huelga señala a modo de ejemplo que en los servicios centrales de Sevilla cada uno de los compañeros puede acudir unas tres o cuatro veces al día a juicios. “A la semana podemos acudir a 20 pleitos”, señala. “Los preparamos por las tardes y durante los fines de semana”, apunta.

Su precaria situación se ha agravado, destacan, desde que el 1 de enero el SAS asumiera el control de las cinco agencias públicas sanitarias y el Centro de Emergencias Sanitarias. El comité de huelga subraya que en ningún momento se previó por parte de la consejería que esa integración incrementaba considerablemente su volumen de trabajo, ya elevado, ni se trató de incentivar a los letrados por las nuevas responsabilidades que debían asumir, ni adaptar su estructura o sus condiciones de trabajo.

“En la memoria del decreto se nos destina un presupuesto de 800.000 euros, una partida irrisoria teniendo en cuenta que si ganamos un pleito de responsabilidad patrimonial le ahorramos al SAS esa cantidad”, subraya la portavoz del comité de huelga. Desde ALAS, subrayan también cómo el presupuesto destinado a Sanidad asciende a 14.246 millones (el 30% del total de las cuentas públicas andaluzas) y no se destina ni un solo euro a mejorar la asistencia jurídica del SAS, un servicio que también es fundamental para garantizar una asistencia de calidad para los ciudadanos.

“El abandono en el que se encuentran los servicios jurídicos del SAS afecta negativamente a la sanidad pública andaluza, que viene padeciendo progresivamente una degeneración en su funcionamiento, una situación de colapso y desbordamiento preocupante no solo en la prestación asistencial, sino también en la toma de decisiones y en la gestión e implementación de actuaciones de política sanitaria eficaces, para lo que resulta obligatorio por ley contar con unos servicios jurídicos solventes”, advierten desde el comité de huelga, que también llama la atención sobre cómo su actividad es esencial para atender los intereses de los usuarios de la sanidad pública y de los profesionales sanitarios.

Los sindicatos que representan a estos profesionales apoyan las reivindicaciones de los letrados del SAS, que, entre las medidas de presión que han adoptado en los últimos meses para tratar de forzar la aprobación de ese decreto, han decidido no representar a los médicos en aquellas agresiones que no sean físicas. “Estos letrados son parte fundamental para evitar situaciones problemáticas que retrasan procedimientos, alargan procesos de adjudicación innecesariamente... y ponen en evidencia una vez más a la consejería con su desprecio constante a todo el que intenta mejorar sus condiciones para prestar un mejor servicio, esta actitud se está convirtiendo en marca de la casa”, señala Antonio Macías, responsable de Salud de UGT Andalucía.

Desde el Sindicato Médico Andaluz, su presidente, Rafael Ojeda, pone el acento en la defensa de las agresiones a los profesionales sanitarios. “Hay muy buenas palabras por parte de la consejería respecto a este problema, que ha vuelto a cifras previas a la pandemia y no se arregla, pero esta situación demuestra la falta de voluntad en nuestra defensa. Si existiera, se invertiría más en los servicios jurídicos”, señala y recuerda cómo desde su organización se está reclamando “una acción jurídica consistente por parte del SAS en materia de agresiones y que se ahonde en aspectos como la responsabilidad patrimonial de los agresores para tratar de disuadir de estas conductas”.

El pasado lunes la Consejería de Salud se reunió con los representantes de los letrados del SAS para tratar de abortar la huelga, pero su propuesta, de acuerdo con la portavoz consultada, “está vacía de contenido y supone volver al principio de lo que veníamos negociando desde hace cinco años”. La huelga, advierten, tendrá un seguimiento masivo.