¿Gafas para todos? Una proposición de ley en Andalucía abre el debate de la pobreza visual

Lo primero que hace Salma nada más levantarse es ir a por sus gafas. Tiene dos años y este otoño el oftalmólogo, tras detectarle estrabismo, comprobó que también tenía hipermetropía y astigmatismo –3,5 y 4 dioptrías en cada ojo―. Llevarlas puestas, como dice su madre, Pepa Fajardo, le ha cambiado la vida: “Anda muy bien y antes se caía mucho, se queda mirándolo todo porque puede verlo nítido…” Un cambio que para su familia es prácticamente inasumible. Las gafas cuestan 288 euros, incluidos los 36 del seguro, lo que supone el 82% del salario de Fajardo. Ese sueldo es el único que entra en su casa, donde viven dos adultos y cuatro niños (su marido está en paro), y que complementan con los 850 euros que perciben gracias al Ingreso Mínimo Vital. Después de semanas tratando de dar con un modo de poder pagarlas, consiguieron costearlas gracias a un plan de financiación que le ofreció la empresa donde Fajardo está empleada.

Que los productos ópticos no sean un artículo de lujo y que sean accesibles de manera gratuita para todos los menores de edad y para los mayores en función de la renta es la iniciativa que ha empezado a tramitarse en el Parlamento andaluz a través de una propuesta de ley impulsada por Adelante Andalucía que, en virtud al articulado del Estatuto de Autonomía, tendría carácter estatal. Una iniciativa por la que se ha interesado la ministra de Sanidad, Mónica García, que la semana pasada anunció que a lo largo de esta legislatura tiene la intención de que las gafas y las lentillas se incorporen al Sistema Nacional de Salud para garantizar que los usuarios no tengan que pagarlas de su bolsillo.

La norma pretende que la salud visual sea un derecho universal y que el acceso a gafas y lentillas, que son artículos de primera necesidad, no dependa de la capacidad económica de las familias. “Desde el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas estamos intentando impulsar en todas las comunidades autónomas y en el Sistema Nacional de Salud un plan nacional de salud visual que integre la salud visual como uno de los elementos esenciales. El desarrollo cultural e intelectual de un niño y después el laboral de las personas depende de que visualmente sean eficaces y de que aprendan a través de ese sentido”, explica Eduardo Morán, presidente del Colegio Nacional de Ópticos, que está de acuerdo en que se destinen partidas presupuestarias para garantizar la salud visual.

El 61% de los españoles utiliza gafas o lentillas, de acuerdo con la Encuesta Europea de Salud de 2022 publicada por el INE. Un porcentaje que, en el caso de las comunidades más pobres como la andaluza —con el menor PIB per cápita de España y la que menos uso de gafas hace de todo el Estado―, se reduce hasta siete puntos, evidenciando que el factor socioeconómico influye a la hora de ponerse lentes y hacerse revisiones, tal y como denuncia la formación andaluza de izquierdas. En el caso de los menores, y según los cálculos realizados por la organización Visión y Vida en su informe de 2021 Radiografía de la pobreza visual infantil en España —donde elabora sus propias estimaciones, porque el INE solo recoge datos a partir de mayores de 15 años―, el 31% tiene algún problema de salud visual no resuelto. Unos porcentajes que también se agravan en función del grado de pobreza del territorio, lo que llevó a esta entidad a acuñar el término “pobreza visual”.

En el caso de la pobreza infantil, la media en España es del 8,56%, pero en Extremadura sube hasta el 11,52% (la más alta) y en Andalucía (la tercera) llega al 10,53%. “Las tasas de pobreza no paran de crecer y cada vez es más complicado para las familias llegar a fin de mes y más cuando surgen gastos imprevistos como unas gafas. Para muchas supone un artículo de lujo, no porque no lo vean necesario, sino porque tienen que priorizar entre poner un plato de comida en la mesa o unas gafas, y luego eso repercute en el rendimiento escolar”, indica Ana Sánchez, responsable de Incidencia en Andalucía de Save the Children .“Uno de cada tres casos de fracaso escolar se asocian con la mala visión”, explica Elisenda Ibáñez, óptica y coordinadora de Visión y Vida. “Algunas familias no pueden plantearse comprar gafas o cambiarse de lentes si han incrementado sus problemas visuales porque no tienen dinero. Como sociedad deberíamos darles una respuesta”, añade.

Fajardo, que está a punto de finalizar su contrato en su empresa, está pagando a plazos las gafas de su hija, después de constatar que no existía ninguna ayuda por ser familia numerosa que le permitiera sufragarlas. Vive con la angustia de que, al ser tan pequeña, la niña las pueda romper o las pierda. Que lleve gafas y un parche —ese sí financiado por la Seguridad Social― es vital para que las dioptrías no aumenten. “El seguro solo me garantiza el 30%, el resto lo tendría que pagar yo y sería volver a empezar de nuevo”, recalca. Sus gafas además son especiales por la acusada falta de visión de Salma y porque deben ser muy flexibles para que pueda manipularlas más fácilmente. Sus problemas en la vista necesitan de una revisión constante y Fajardo también teme que le aumente la graduación y con ello el gasto que implique un cambio de cristales. “Si saliera adelante la ley igual podría tener unas gafas de recambio por si a estas les pasa algo, porque como eso ocurra, se queda sin nada”, señala.

La propuesta de Adelante Andalucía contempla pequeños cambios en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud Fajardo, de 32 años, también podría beneficiarse personalmente si la norma saliera adelante. Usa gafas, pero por su trabajo en una charcutería, necesita lentillas.

La inversión no parece tan elevada. La formación andalucista lo cifra en unos 710 millones de euros: unos 260 millones para los menores y unos 450 para los mayores de edad en riesgo de pobreza. “El coste es perfectamente asumible si tenemos en cuenta que España recibirá 500 millones de euros de los fondos europeos de garantía infantil”, sostiene Ibáñez.

La importancia de la prevención

La gratuidad de las gafas es solo parte de la solución para garantizar una salud visual adecuada y de calidad. Aquí entra en juego el plan nacional al que aludía Morán y que pasa por revisiones periódicas. “La salud visual no debe depender de un pediatra, tiene que haber pautas en la Seguridad Social y lo mismo que hay un programa de vacunación también deberían pautarse las revisiones visuales. Una debería ser obligatoria antes de entrar en Primaria que es cuando los niños van a empezar a leer, dibujar…”, sostiene Ibáñez.

Cuando Fajardo empezó a notar que su hija bizqueaba fue a su pediatra, que no le vio nada en particular. Consultó a una segunda que sí la derivó al oftalmólogo y fue dos meses después, cuando le dieron la cita —”porque la tramitaron como urgente, porque si no hubiera tardado cuatro o cinco meses”, precisa— cuando le detectaron la hipermetropía y el astigmatismo. “Cuanto antes se atienden a estos problemas antes de atajan”, abunda la presidenta del Colegio Oficial de Ópticos y Optometristas de Andalucía, Blanca Fernández.