El exviceconsejero andaluz de Salud aplaza a su fichaje por Asisa hasta que se conozca el informe sobre su incompatibilidad

El exviceconsejero andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzmán, ha informado la tarde de este jueves en un escueto comunicado que aplaza su fichaje por la aseguradora Asisa hasta que se conozca el informe que está elaborando la Junta de Andaluza sobre su posible incompatibilidad con su nuevo puesto en una compañía privada, menos de tres meses después de haber abandonado la administración. La noticia de su salto al sector privado ha provocado un terremoto político en la comunidad. A las peticiones de investigación ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción presentadas ayer por Adelante Andalucía y Por Andalucía, se ha sumado este jueves la de la organización de consumidores Facua.

“Creo que lo más prudente es aplazar la decisión de incorporarme a cualquier actividad laboral”, señala Guzmán en su comunicado. Lo hará hasta que se emita el informe que están elaborando los servicios jurídicos de la Consejería de Justicia. El antiguo número dos de Salud, dice estar “convencido de haber cumplido en todo momento con la ley”, pero asegura que acatará los términos de ese informe. Guzmán había firmado su había cerrado un acuerdo verbal esta misma semana y tenía previsto incorporarse a su nuevo puesto como director medico en Andalucía de Asisa el próximo lunes, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al ex alto cargo.

El exviceconsejero sigue así la sugerencia que en los últimos días le habían hecho llegar desde el Gobierno andaluz. Este diario ha podido conocer que se le había indicado que lo mejor, ante el revuelo generado y el daño reputacional que se había generado para la propia aseguradora, lo más conveniente era que renunciara a su puesto. El entorno de Guzmán este mismo jueves a mediodía señalaba a EL PAÍS que no tomaría ninguna decisión hasta que se conociera el informe de la Junta.

El Gobierno andaluz ha asegurado que desconocía el paso a la privada del exviceconsejero y que no había recibido ninguna petición de declaración de compatibilidad por su parte, algo que el entorno de Guzmán confirma, si bien, el antiguo número dos de Salud sí consultó su situación con un abogado y con algún técnico de la Junta, aunque a título personal y nunca de manera oficial. La ley de incompatibilidad de altos cargos de la Administración andaluza no exige este requisito para desempeñar un puesto en el sector privado tras pasar por la política, pero la norma establece una serie de incompatibilidades con el desempeño de la actividad privada en empresas que hayan estado vinculadas con la administración autónoma y establece, para algunos supuestos, un plazo de dos años para reincorporarse a la vida laboral.

Ante la polémica generada y las acusaciones de corrupción por parte de la oposición, la Junta anunció que abriría una investigación de oficio para determinar si el fichaje del exvicexonsejero vulnera la ley de incompatibilidades. Para ello se están analizando los contratos que Guzmán firmó desde que se incorporó al Gobierno andaluz, primero como gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en 2019, y luego como número dos de la Consejería de Salud, a partir de 2022. Entre enero de 2021 y junio de 2023 autorizó una adjudicación de emergencia para derivar pacientes a la sanidad privada de 242,7 millones, de los que 43,67 millones se distribuyeron entre 11 centros del Grupo HLA Asisa, el conglomerado creado por la aseguradora en 2016 para aglutinar los hospitales que gestionaba. También autorizó renovaciones extemporáneas de un concierto con uno de los hospitales de ese grupo por valor de 5,2 millones de euros y acreditó como universitario a otros dos centros hospitalarios del grupo poco antes de dimitir, según adelantó El Correo de Andalucía.

Guzmán sostiene que no existe incompatibilidad ninguna porque el grupo HLA no tiene nada que ver con la aseguradora, que es dónde va a prestar servicios, y que la aseguradora Asisa nunca ha suscrito ningún contrato con la Junta. Su puesto como director médico consiste, aseguran en su entorno, en asesorar sobre el valor de las pólizas que se contratan con terceros y con los equipos médicos del grupo, lo que no implica ninguna relación con la administración pública.

Eso es lo que ahora está analizando la Junta de Andalucía. En el Gobierno no esconden su malestar no tanto por la decisión de pasar a la privada tomada por su exviceconsejero ―consideran que el espíritu de la ley no es penalizar a quien da su paso a la política sin que luego pueda ejercer un trabajo en el sector privado, tal y como han reiterado el portavoz de la Junta y el consejero de Justicia en los últimos días―, sino que no haya dejado transcurrir más tiempo desde que abandonó su cargo público.