El Gobierno trata de frenar las demandas independentistas de sus socios

Las elecciones catalanas del 12 de mayo son mucho más que unos comicios autonómicos. Lo que hay en juego trasciende a quién gobierna la Generalitat. Cataluña es crucial para la política española y la gobernabilidad y estabilidad del país. Todas las encuestas auguran que el PSC revalidará su posición como fuerza más votada, un indicador del cambio político tras los agitados años del procés, pero el independentismo sigue acaparando casi la mitad de los escaños. Tras una legislatura al choque entre Esquerra y Junts, los dos partidos esperan imponerse en el pulso por la hegemonía en el electorado independentista. La lucha por ser segundo ya es enconada cuando aún falta mes y medio para las elecciones —antes, el 21 de abril, se tienen que disputar las vascas—, pero la sensación que cunde es que cada voto será necesario. En una pugna tan igualada, con Carles Puigdemont haciendo campaña para su reelección como president desde más allá de los Pirineos y Oriol Junqueras afirmando que volverá a la cárcel por el referéndum de autodeterminación “si es necesario”, los dos partidos han apostado por subir todavía más los decibelios a la reivindicación independentista.

Los socialistas, conscientes de que puede alterar sus posibilidades de volver al Palau, apelan a la amnistía como punto y final del procés y a la mejora de los servicios púbicos para pasar página del debate identitario. En este contexto se inscribe la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la admisión de una iniciativa legislativa popular para declarar unilateralmente la independencia, que la mesa del Parlament tramitó el pasado 20 de febrero.

La irrupción en escena de Puigdemont, que la semana pasada anunció que el 12-M optará por ser el candidato de Junts a liderar el Govern, alteró el guion de la precampaña catalana, en la que los focos estaban puestos en la gestión debido a problemas acuciantes como la peor sequía en décadas o los precios de la vivienda. ERC partía con la idea de vender su obra de gobierno, esperando que medidas como la gratuidad de las guarderías convenzan a los electores. Pero Puigdemont, huido desde 2017 de la justicia española en Bélgica, recuperó en su puesta de largo cierto tono épico sobre la posibilidad de “acabar el trabajo” de la independencia, aunque también intentó justificar sus pactos con el PSOE en el Congreso dentro de una estrategia de “confrontación inteligente” con el Estado. El PSC trata de abstraerse de todo ese ruido y mantiene como hoja de ruta el refuerzo del autogobierno con planes como la construcción de desaladoras, rebajar las listas de espera en sanidad y dejar de estar a la cola de los informes PISA en educación.

El líder de Junts no dejó de repetir en Elna (Francia) algo que hasta está escrito en su acuerdo de investidura con el PSOE y que no deja de ser más que un elemento declarativo: que son válidos los mandatos surgidos del referéndum ilegal del 1-O. Pero la puesta en escena, combinada con un relato legitimista —”ahora que se abre la oportunidad de restituir la presidencia destituida por el artículo 155″— dejó clara la receta con la que los neoconvergentes aspiran a imponerse, al menos, a sus exsocios del Govern. La coincidencia temporal entre el adelanto electoral y la presentación de la propuesta de financiación singular para Cataluña —que también se inscribía en los pactos de investidura— terminó de recalentar un ambiente ya de por sí cargado por las negociaciones con los independentistas.

ERC, que sufrió mucho durante la investidura para lograr quitar el foco de Puigdemont, ha optado por subir el volumen en la carpeta nacional. La secretaria general de la formación, Marta Rovira, aseguró el fin de semana, en una entrevista a El Periódico de Catalunya, que ya se estaba hablando del referéndum con el PSOE, en la mesa que ambos partidos tienen para coordinarse y que es distinta de la que existe entre gobiernos. Ferraz lo niega rotundamente, remarcando así la que ha sido la gran línea roja en el intento de salida dialogada a la crisis de soberanía en Cataluña. Rovira, también fugada de la justicia española —en su caso, en Suiza—, evitó detallar el avance de ese supuesto debate sobre la votación independentista. Junqueras, presidente de ERC, también hizo lo suyo para agitar los ánimos sobre el referéndum: “Con apoyo suficiente de la gente debemos ser capaces de hacer esto. Y si fuera necesario que algunos tengamos que volver a la cárcel, volveremos. Claro que lo haremos”, dijo en una entrevista a Nació Digital sobre el referéndum. “El PSOE no está en ninguna negociación que hable de rupturas, de referéndum y de divisiones. No nos van a encontrar nunca en fórmulas que dividan. Entre Esquerra y Junts hay una batalla para ver quién es más independentista o para ver quién es más maximalista en sus posiciones”, reaccionó el principal partido del Gobierno a través de su portavoz, Esther Peña, en La Hora de la 1, de RTVE.

El PSOE ha constatado que ERC y Junts se retroalimentan y da por hecho que, en esa lucha por la primacía secesionista, se expondrán muchas demandas independentistas. De ahí que el PSC se aplique en la búsqueda de la centralidad y atraer el 12-M a los votantes, de todas las ideologías, que quieren pasar página del debate identitario y están preocupados por la agenda social y económica que quedó eclipsada por el procés. La decisión del Gobierno de recurrir al Constitucional la iniciativa legislativa popular —que prosperó por la abstención de ERC y el voto a favor de Junts y la CUP en la Mesa— es un gesto con el que se busca atraer a los votantes descontentos del bloque constitucionalista, como ya hizo Salvador Illa en las autonómicas de 2021, al tiempo que defiende la amnistía para convencer de nuevo al electorado independentista más pragmático, como ya sucedió en las generales del 23-J.

A seis semanas de las elecciones catalanas, el Consejo de Ministros de este martes aprobará la tramitación al Constitucional, que adelantó El Mundo. De esta forma, la resolución se paralizará automáticamente, a diferencia del recurso planteado por los socialistas catalanes, los únicos que votaron en contra a aceptar la tramitación. Los letrados del Parlament emitieron un informe, no vinculante, en el que advertían de que la iniciativa desbordaba las competencias autonómicas. La presidenta del Parlament, Ana Erra (Junts), fue así más lejos en términos de confrontación que su antecesora, Laura Borràs. El simbolismo del paso que emprenderá el Gobierno no se le escapa a nadie.

Los socialistas también han reiterado su negativa al referéndum, cuando además ni siquiera se ha aprobado la ley de amnistía. “No optamos ni ahora ni en el futuro por opciones que dividan a la sociedad. Nosotros estamos sentados para hablar de normalización, para hablar de servicios públicos, para hablar de crecimiento, para hablar de pasar página y eso es además lo que personaliza Salvador Illa para los próximos comicios en Cataluña”, apostilló Peña. “No está sobre la mesa”, dijo por su parte la portavoz del PSC, Núria Parlon, que también descartó que esa votación pueda ser moneda de cambio de necesitarse los votos independentistas para formar Govern, informa Marc Rovira.

El PP no se lo cree y acusa a Pedro Sánchez de “activar” el procés. “A lo que estamos asistiendo hoy es a la vuelta al punto cero del proceso independentista”, aseveró su portavoz, Borja Sémper, en la sede nacional de partido tras la reunión del comité de dirección. Fuentes de la dirección popular tacharon de “coartada” el recurso de inconstitucionalidad que aprobará el Consejo de Ministros, informa Virginia Martínez. De momento solo hay una certeza: todos los partidos ya se han zambullido en la campaña de las catalanas, aunque no empiece formalmente hasta el 26 de abril.