El impulso de la comisión de Justicia abre la puerta a un inminente pacto del PSOE y Junts sobre la amnistía

Pedro Sánchez se marcha este martes a un viaje oficial a Brasil y Chile, un periplo de más de 20.000 kilómetros que concluirá el viernes, con la sensación de que la legislatura quedará encarrilada mientras él esté allí. El acuerdo entre el PSOE y Junts sobre la ley de amnistía es cuestión de horas, según diversas fuentes de ambas formaciones. La decisión del Congreso de fijar para el jueves, a las 11 de la mañana, la reunión de la Comisión de Justicia es otra prueba de lo encauzadas que están las negociaciones, según comparten en ambos partidos. Las sensaciones que transmiten los dos grupos son evidentes: quedan detalles, pero las posiciones se han acercado muchísimo y solo falta cerrar el texto definitivo y presentar el acuerdo para que se vote el jueves en comisión; y después, en el pleno.

Pese a meses de deshielo, el recelo entre ambas partes permanece, y el menor malentendido podría tumbar una ley de la que depende la legislatura. Pero esta vez nada indica que vaya a ser así, al contrario de lo que sucedía hace un mes, cuando Junts ya avisaba varios días antes de que si no aprobaban sus enmiendas votaría en contra de la ley, como finalmente hizo.

El PSOE insistió durante semanas en que no convocaría la comisión de Justicia si no tenía una garantía de éxito. De hecho, se estudió incluso técnicamente la posibilidad de posponerla más allá del jueves. Pero la decisión de reunirla indica que las cosas están maduras para evitar el riesgo de fracaso, aunque se ha dejado para el último día posible, con el objetivo dar más tiempo a rematar la presentación del acuerdo. Sin margen para el error, nadie descarta que los pormenores del pacto se conozcan esa misma mañana de jueves, dándole así un mayor dramatismo, algo que es frecuente en este tipo de negociaciones.

Solo hay dos certezas. La primera: el PSOE necesita salir cuanto antes de la crisis que les ha ocasionado el escándalo de corrupción del caso Koldo, y la única salida de momento es aprobando la amnistía y abriendo así paso a los Presupuestos que consolidarían la legislatura. La segunda es que Junts necesita la amnistía porque difícilmente su mundo entendería que la tumbara definitivamente. Lo que aún no se conoce es en qué ha cedido cada uno para llegar a un acuerdo muy complejo, del que no han trascendido detalles, aunque sí la idea de que los socialistas han aceptado reformas en la ley para ofrecer mayores garantías a los independentistas de que los jueces no podrán hacer que la amnistía quede en nada.

Los socialistas insisten hasta el último minuto en que no tocarán el capítulo de la norma referido a los delitos de terrorismo, aunque no aclaran qué cambios introducirán en el texto a petición de Junts. Todo indica que la negociación ha incluido más garantías, pero sin abarcar cualquier tipo de terrorismo, que era lo que pedía Junts. Esa condición resultaba inviable para el PSOE, ya que habría hecho posible que la justicia europea o el Tribunal Constitucional anularan la ley y, por tanto, se diera paso a un enorme fiasco que dejaría sin amnistía a todos los implicados en el procés, no solo a los dirigentes más conocidos. Lo más seguro es que, en cuanto se conozcan los detalles, como sucedió con las enmiendas en la última ocasión, el PSOE dirá que son cuestiones técnicas sin mayor relevancia y Junts asegurará que ha logrado cambios sustanciales.

La aprobación de la amnistía se truncó el 30 de enero, cuando Junts —temiendo que su líder, Carles Puigdemont, quedara fuera de la medida de gracia— decidió votar en contra de la ley que había pactado con los socialistas, y la devolvió así a la Comisión de Justicia. El origen del choque fue la negativa del PSOE a incluir las nuevas enmiendas que Junts exigía para que la amnistía amparase expresamente todos los delitos de terrorismo. Era su forma de garantizar el blindaje de Puigdemont y Marta Rovira (ERC) ante la investigación del juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami, que veía en la actuación de ambos dirigentes en 2019 indicios de un delito de terrorismo con “violaciones graves de los derechos humanos”, lo que los habría dejado fuera de la amnistía. Junts exigió entonces una nueva redacción de la ley, pero el PSOE se opuso, argumentando que, en su opinión, tanto Puigdemont como Rovira quedaban incluidos. En medio de ese enfrentamiento, el Tribunal Supremo abrió la semana pasada una causa penal por terrorismo a Puigdemont.

“La última votación ha abierto un periodo de reflexión que nos atañe a todos. Espero que, fruto de esa reflexión, el próximo jueves podamos ser capaces de sacar una ley de reconciliación”, observó este lunes Esther Peña. La portavoz de la dirección federal del PSOE sentenció, remontándose a la votación de hace un mes en el Congreso, en la que Sánchez sufrió su primera gran derrota parlamentaria, que los socialistas no cambiarán los apartados de la ley que tienen que ver con los delitos de terrorismo. “El PSOE ha tomado una posición firme y clara, no tenemos previsto hacer ninguna modificación. Nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con seis grupos parlamentarios, y entendemos que el jueves [la ley] puede conseguir el apoyo mayoritario para aprobarse en la Comisión de Justicia”, zanjó. Fuentes del partido remarcan que la ley habría podido peligrar si hubieran aceptado esas exigencias de Junts, porque el Tribunal Constitucional y la justicia europea podrían tumbarla. Lo que el partido socialista no aclara es si ha aceptado otro tipo de cambios en la ley y en qué consistirían.

Salvo sorpresas de última hora, el proyecto debería prosperar el jueves en la comisión porque cuenta con el apoyo del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, PNV, EH Bildu y BNG, la mayoría parlamentaria que respaldó también la investidura de Sánchez (que contó además con el voto a favor de Coalición Canaria). Se da por descontado el voto en contra de PP, Vox, UPN y los nacionalistas canarios. El siguiente peldaño en el proceloso calendario de la iniciativa no está claro, porque tropieza de entrada con algunos escollos parlamentarios que esos grupos intentarán solventar en los próximos días. El Gobierno y el PSOE querrían que la ley, tras su paso obligado por la comisión, llegara cuanto antes al pleno del Congreso. El objetivo es que sea el jueves de la próxima semana, 14 de marzo, pero para eso debe figurar en el orden del día. Un orden del día que ya está programado y en el que, por ahora, no figura esa proposición de ley.

Normalmente, la Junta de Portavoces aprueba y da el visto bueno los martes a los asuntos que se incluyen en la agenda del pleno de la semana siguiente, pero este martes no está previsto celebrar esa reunión, por lo que se especula con dos opciones: que el pleno de la amnistía se retrase hasta la semana siguiente (19, 20 y 21 de marzo) o que la presidenta, la socialista Francina Armengol, haga uso de sus prerrogativas y fije una sesión especial y extraordinaria, como ha sucedido en anteriores ocasiones, y anticipe ese pleno para algún día de la semana que viene. Todo ese enredo está por resolver.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ultiman en este contexto y contra el reloj el pacto con Junts en medio de un apagón informativo. Lo mismo sucede con el partido de Puigdemont, donde Jordi Turull, hospitalizado hace una semana tras sufrir una insuficiencia cardíaca, desempeña un papel crucial.

En Junts defienden el silencio. “Hacerlo así nos está funcionando bien”, alegan desde el partido, reacios a revelar datos sobre sus demandas acerca del contenido de la amnistía. El argumento es cortar el grifo a posibles filtraciones para no poner en peligro el avance de la negociación. Sin cámaras ni micrófonos, son varias las fuentes del partido que admiten que el redactado de la ley está encarrilado y que, esta vez, no se esperan sorpresas a la hora de someterlo a votación en el Congreso.

Junts defiende que su voto en contra de la amnistía el 30 de enero en el Congreso servirá para darle más “robustez” al articulado y limitar, en un futuro, el margen a posibles actuaciones judiciales que pretendan poner en jaque la eficacia del alivio judicial a los encausados por hechos relacionados con el procés. Laura Borràs, presidenta del partido, lanzó el fin de semana un mensaje al Poder Judicial y advirtió que Junts continuará “sin renunciar a nada”.

El propio Puigdemont diseña, junto a su abogado Gonzalo Boye, las pretensiones de Junts para la ley de amnistía. Apenas un grupo reducido de personas de la confianza del expresident está al corriente de la evolución de las conversaciones con el PSOE. La recta final de la negociación ha coincidido con la afección cardíaca sufrida por Jordi Turull, secretario general del partido y correa transmisora entre Puigdemont y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. Tras ser intervenido quirúrgicamente dos veces la semana pasada, Turull no ha guardado reposo y se ha involucrado en el desenlace la negociación. El sábado reaccionó a unas declaraciones de Jaume Asens relativas a un acuerdo “inminente” por la amnistía, apuntando que solo Junts es competente para informar del estado de “las negociaciones con otras fuerzas políticas”.

Pero ni el Gobierno ni los partidos independentistas dudan de que el acuerdo será público pronto. “Nuestra misión es que la ley se apruebe y se aplique”, afirmó la portavoz de ERC, Raquel Sans, “optimista” con que el dictamen de la medida de gracia salga adelante el jueves. Esquerra, que mantiene negociaciones tanto con los socialistas como con representantes de Junts, insiste en que el “margen de maniobra es muy reducido” sobre un posible cambio en el texto, informa Camilo S. Baquero. “Desde ERC siempre hemos insistido en que mientras más rápido se apruebe la amnistía, mejor; hay gente que tiene la vida empantanada”, concluyó Sans. La portavoz puso como ejemplo el inicio del juicio al presidente de su grupo parlamentario, Josep María Jové, o a la consejera de Cultura, Natàlia Garriga: se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del 10 de abril para responder en la causa que investiga los preparativos de la votación del 1-O, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

Pese a las expectativas de que esta vez sí habrá acuerdo, fuentes de ERC reconocen la desconfianza que les genera Junts. La sensación extendida entre los republicanos es que la formación de Puigdemont ha dilatado la aprobación en vano, dando bandazos respecto al contenido o haciendo creer que un “redactado mágico” frenará la “deriva política” que consideran ha tomado una parte de la judicatura en su empeño de tumbar la ley, lo que supondría el fin abrupto de la legislatura.