El juez califica a Ábalos como “intermediario” de la trama del ‘caso Koldo’ para sus problemas en Baleares

El juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, asegura en un auto conocido este jueves que el exministro socialista José Luis Ábalos hizo de “intermediario” de la trama a la que supuestamente pertenece Koldo García, su antiguo asesor en el Ministerio de Transportes. Ábalos, según esta tesis, medió hace apenas un par de meses para intentar solucionar el problema que tenía la red corrupta en Baleares, donde el Gobierno autonómico, ya en manos del PP, reclamaba a la empresa Soluciones de Gestión la devolución de 2,6 millones por un contrato de mascarillas defectuosas firmado en 2020. Esa reclamación la había iniciado en 2023 el anterior Ejecutivo balear, presidido por el PSOE —había hecho un apercibimiento a la empresa en marzo y había activado formalmente la reclamación en julio, estando ya en funciones—, pero tenía que llevarla a término el nuevo Gobierno de Marga Prohens, del PP.

Ábalos, que es aforado ante el Tribunal Supremo por su condición de diputado, no se encuentra imputado en la causa (para ello, la investigación debería enviarse al alto tribunal) ni su nombre sale en la querella presentada en septiembre de 2023 por la Fiscalía Anticorrupción.

El Gobierno de Baleares, que entonces presidía la socialista Francina Armengol, compró en abril de 2020 casi un millón y medio de mascarillas FFP2 a Soluciones de Gestión —la empresa que está en el centro de toda la trama investigada—, y pagó por ellas 3,7 millones de euros. Pero cuando las mascarillas llegaron, resultaron ser de tipo quirúrgico (con mucho menos nivel de protección), así que el Ejecutivo balear las guardó en un almacén porque no podían ser destinadas al personal sanitario. No fue hasta tres años después, en marzo de 2023, cuando el Gobierno de Armengol apercibió a la empresa, avisándole de que tomaría “las medidas oportunas” ante el incumplimiento de contrato. El 6 de julio de 2023, con el Gobierno ya en funciones —el PSOE había perdido las elecciones de mayo—, los socialistas cuantificaron el supuesto fraude cometido por Soluciones de Gestión: 2,6 millones. El procedimiento de reclamación ya tenía que completarlo el nuevo Gobierno, del PP, y fue este el que comunicó formalmente a la empresa la reclamación el 24 de agosto.

Según explica ahora el juez Ismael Moreno en su resolución, el 7 de diciembre de 2023, cuando apenas faltaban dos meses para las detenciones de los principales implicados, Koldo García telefoneó al empresario Juan Carlos Cueto, uno de los supuestos cabecillas de la red, y le informó: “Todo va por buen camino”. Seguidamente, el excolaborador socialista añadió: “Utilizaré mis medios para poderte poner en contacto”. Una semana después, el 14 de diciembre, García comunicó que el asunto del expediente de Baleares estaba “más que hecho”. “La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante [de la Guardia Civil] han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo”, señala el juez, que cita un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, adelantado esta mañana por El Mundo.

El magistrado continúa así: “En este sentido, el 10 de enero de 2024, Koldo se reúne, entre otras personas, con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana, entre las 21.15 y las 22.20 aproximadamente, conforme queda reflejado en el oficio policial. Esta reunión de Koldo con Ábalos tiene un especial interés para los hechos investigados, habida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior entre Cueto y Koldo, en la que Cueto le pedía que, antes de que se fuese de viaje a Perú el 11 de enero de 2024, le dijese algo a un tercero. De hecho, Koldo le informaba a Cueto de que una de las cosas a tratar con una de las personas que se reunirá al día siguiente —cuando se reúne con Ábalos— era esa. Se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL”.

Fuentes socialistas insisten en que, a principios de enero, cuando se produce esa reunión, el PSOE ya no gobernaba en las islas Baleares. El equipo del anterior Ejecutivo de la socialista Armengol sostiene que apercibió a la empresa en marzo de 2023, advirtiéndole de que iba a tomar medidas para iniciar la reclamación del dinero de las mascarillas compradas en 2020, informa Lucía Bohórquez. En mayo de 2023 se celebran las elecciones autonómicas y el PSOE pierde el Gobierno balear. El 6 de julio, el todavía Ejecutivo socialista, en funciones, firma un informe para abrir la reclamación y estima en 2,6 millones de euros el dinero que se tiene que devolver. El 7 de julio toma posesión el nuevo Gobierno de Marga Prohens, del PP. Y, el 24 de agosto, este notifica formalmente a la empresa la reclamación. El expediente ahora está en fase de estudio de las alegaciones de Soluciones de Gestión S. L., que rechaza devolver el dinero.

Los problemas de la trama corrupta en Baleares —que tiene que hacer frente a una reclamación millonaria de la administración— se iniciaron, por tanto, con un Gobierno del PSOE, pero están, desde agosto, en manos de uno del PP. En uno de los escritos del sumario, el juez Moreno subraya la “influencia” de Koldo “prevaliéndose de la situación derivada de su relación personal”, no solo con “autoridades” sino también con “funcionarios públicos”.

Reuniones y relación en activo

El magistrado de la Audiencia Nacional sostiene que Koldo García mantenía una cercana relación con los cabecillas de la trama: los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama (este último, presidente del Zamora Club de Fútbol). No solo durante su etapa como asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes (2018-2021), sino años después de que se adjudicasen los contratos bajo sospecha. Seguían hablando y viéndose, según el sumario. En este sentido, el juez incide en que Cueto “no solo informa a Koldo de lo relativo a estos contratos, sino que también recurre a él para influir en aquellas cuestiones que guardan relación con ellos”.

“Así, en relación con la ayuda que le había pedido por la reclamación de la Administración pública balear a Soluciones de Gestión de casi tres millones de euros, debido a una cuestión relativa al estado de las mascarillas que en su día suministró a ese organismo, en este periodo de investigación Koldo García ha influido para que un tercero —desconocido— se ponga en contacto con Cueto y puedan llegar a un acuerdo”. Así lo asegura el magistrado, que instruye la causa por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y cohecho. La querella de Anticorrupción se dirigía inicialmente contra siete personas, pero la lista de imputados ha crecido. La Guardia Civil arrestó la pasada semana a una veintena de sospechosos: entre ellos, el hermano y la esposa de Koldo García, Joseba García y Patricia Uriz respectivamente, por haber actuado presuntamente como testaferros para ocultar las mordidas de su familiar.

Las intervenciones telefónicas han resultado clave para cercar a la presunta red corrupta y apuntar a la antigua cúspide de Transportes. En su auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el instructor Moreno detalla que “se han observado nuevas conversaciones que reafirman la influencia que estaría ejerciendo Koldo García para que la reclamación de Baleares no prosperase a través de dos personas distintas”: “Y, por lo tanto, favorecer así a Soluciones de Gestión y a su titular real, el investigado Cueto. De manera literal, Koldo García afirma: ‘que voy a hacer una cosa… voy a rebotarla’. Extremo al que Cueto pregunta: ‘Pero… ¿Tiene sentido lo que vas a hacer?… pregunto… porque si vamos a dar palos de ciego…”, según reza la resolución judicial.

Las conversaciones revelan, según el magistrado, que Koldo García remitió a “terceras personas” las alegaciones de Soluciones de Gestión para echar por tierra el expediente administrativo abierto en su contra por la Administración balear: “Se han observado numerosas conversaciones telefónicas a través de las que se aprecia un cambio de enfoque en Soluciones de Gestión, en el caso de que por parte de la Administración balear se produjese un silencio administrativo a su recurso planteado en el seno de la reclamación efectuada”, afirma el magistrado. El juez también menciona una llamada donde Cueto informa al apoderado de la compañía bajo sospecha, Íñigo Rotaeche, de que, “en principio, la Administración balear no tenía intención de continuar con la reclamación: ‘Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino [en referencia a Koldo García]… Él y su exjefe… y parece ser que el otro ha dicho que sí… porque le han dado otro favor a cambio’. Del devenir de la intervención telefónica en curso se referiría a José Luis Ábalos”.