Terrorismo, órdenes de detención y la inhabilitación de los condenados por el ‘procés’: claves de la redacción final de la ley de amnistía tras las enmiendas

La enmienda a la ley de amnistía que han pactado el PSOE y los independentistas para los delitos de terrorismo aúna, al menos sobre el papel, los intereses que habían defendido cada uno de ellos en las últimas semanas y para los que, hasta ahora, no habían encontrado una fórmula que contentara a todos. El PSOE ha insistido en que delitos especialmente graves, como el de terrorismo, debían quedar fuera de la medida de gracia (aunque aceptó, desde el principio, que solo se excluyeran cuando hubiera sentencia firme). Mientras tanto, los independentistas exigían que la amnistía beneficiase a los implicados por terrorismo de los CDR o la plataforma Tsunami Democràtic, entre ellos, el expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El texto pactado cumple los requisitos de ambas partes al dejar fuera de la amnistía las formas más graves de terrorismo, lo que facilita al PSOE los argumentos para defender este cambio, mientras sigue garantizando la medida de gracia para los miembros de los CDR —los Comités de Defensa de la República, surgidos para defender la secesión tras el referéndum ilegal del 1-O— y de Tsunami —la plataforma que impulsó las protestas tras la sentencia del procés—, ya que los delitos de terrorismo que se atribuyen quedan supuestamente incluidos en la proposición de ley.

¿Qué delitos podrán ser amnistiados y cuáles no? La propuesta del PSOE y sus socios implica amnistiar todos los hechos vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum de 1 de octubre de 2017 cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. También, todos los que se hayan llevado a cabo “en el contexto del denominado proceso independentista catalán”, aunque no se encuentren relacionados con esas consultas. Se quedan fuera los actos de terrorismo que hayan causado, “de forma manifiesta y con intención directa”, muertes, torturas o trato degradante. También quedan fuera los actos dolosos contra las personas que hubieran producido muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad. Además, se excluyen los delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

¿Cómo afecta la enmienda pactada entre el PSOE y los independentistas a los delitos de terrorismo? La proposición de ley registrada en noviembre por el PSOE implicaba amnistiar todos los delitos de terrorismo, salvo cuando hubiera sentencia firme. La enmienda supone amnistiar todos los casos de terrorismo, incluso cuando hubiera sentencia firme, excepto aquellos que, “de forma manifiesta y con intención directa”, hayan causado violaciones graves de derechos humanos (muerte, torturas o trato degradante).

¿Por qué eso blinda a Puigdemont y Rovira? La redacción anterior ya garantizaba, en principio, la medida de gracia para todos los investigados en CDR y Tsunami, ya que estos casos están muy lejos de tener sentencia firme. Pero existía el riesgo de que el Tribunal Constitucional o la justicia europea cuestionaran esa diferencia de trato entre las causas sobre las que haya sentencia y aquellas sobre las que no. El nuevo texto pretende esquivar este problema al no definir el alcance de la amnistía por el momento procesal en que se encuentre el caso, sino por los hechos cometidos. Al limitar la exclusión de la amnistía a actos terroristas que causen muertes o torturas de forma manifiesta e intencionada se pretende garantizar también que la medida de gracia beneficie a Puigdemont, Rovira y el resto de encausados por terrorismo. En la causa de Tsunami Democràtic, en la que se investigan las protestas contra la sentencia del procés, el juez Manuel García-Castellón sí vincula movilizaciones con la muerte de un ciudadano francés por un infarto en el aeropuerto de Barcelona. Sin embargo, en el caso de que los tribunales confirmaran esa relación —rechazada por informes judiciales, de los Mossos y de los servicios de emergencia— difícilmente se les podría atribuir intencionalidad.

En el caso de los CDR, las acusaciones contemplan para varios implicados delitos el de pertenencia a organización terrorista, penado con ocho años de prisión; tenencia, depósito, fabricación de sustancias o aparatos explosivos, castigado con hasta 11 años; y el de estragos, de carácter terrorista en grado de tentativa, con ocho años de cárcel.

¿Cuándo podrá Puigdemont volver a España sin arriesgarse a ser detenido? El expresidente catalán podrá, en principio, viajar a España en cuanto la amnistía entre en vigor, y eso no cambia con la enmienda registrada este martes. El PSOE y los independentistas han hecho retoques en la ley para asegurar que las medidas cautelares se alzarán en cuanto se apruebe la norma, pese a que el procedimiento penal quede suspendido “por cualquier causa”. Con esta fórmula, tratan de garantizar que las medidas cautelares se podrán levantar de forma inmediata aunque los jueces que tienen que aplicarla planteen objeciones ante el Tribunal de Justicia de la UE (la proposición de ley solo recogía esta previsión para los casos en los que los jueces acudan al Tribunal Constitucional). El texto no precisa que este cambio afecte a las órdenes de detención, como la que tiene vigente Puigdemont en España, pero fuentes jurídicas señalan que estas órdenes suelen considerarse una medida cautelar, aunque dependerá de la interpretación del juez. No obstante, si los jueces acuden al Constitucional o a la justicia europea, los procedimientos penales quedarán suspendidos, lo que, en la práctica, según estas fuentes, impediría al Supremo detener al expresidente catalán si entra en España.

¿Hasta cuándo seguirá inhabilitado Oriol Junqueras? La condena de inhabilitación que pesa sobre el exvicepresidente de la Generalitat decaerá cuando se apruebe la ley, pero ni la proposición de ley ni las enmiendas precisan si ese efecto se mantiene en el caso de que se presenten cuestiones de inconstitucionalidad o ante el TJUE. Las fuentes jurídicas consultadas se inclinan por interpretar que si el Supremo da este paso, la inhabilitación seguirá vigente hasta que haya respuesta. Junqueras, no obstante, podría pedir medidas cautelares para que no se suspenda la aplicación de la amnistía mientras el Constitucional o Europa resuelven sobre la cuestión planteada por el Supremo.