El fiscal general acusa al CGPJ de actuar como “un tribunal de honor” por considerarlo no idóneo para el cargo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, había guardado silencio hasta ahora sobre el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, por primera vez en democracia, el pasado 30 de noviembre, negó su aval al nombre propuesto por el Gobierno para ocupar la jefatura del Ministerio Púbico por considerarle “no idóneo”. García Ortiz no se había pronunciado hasta ahora, pero este jueves, aprovechando su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, ha cargado en términos muy duros contra los ocho vocales (todos propuestos por el PP) que suscribieron aquel dictamen. El fiscal general les ha reprochado que, pese a llevar cinco años con el mandato cumplido, se comporten como “un tribunal de honor”, hayan firmado un texto sin un “mínimo de rigurosidad” y se sitúen en un plano “completamente extrajurídico”. “Ni los jueces ni su órgano de gobierno eligen en España a los fiscales. No es ese nuestro modelo legal ni constitucional”, ha advertido García Ortiz, quien ha criticado también la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el ascenso de su antecesora, Dolores Delgado.

El fiscal general se ha convertido en uno de los destinatarios predilectos de las críticas de la oposición, que ven en él una extensión del mandato de Delgado, y le reprochan favorecer en los nombramientos discrecionales a los fiscales miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que García Ortiz pertenecía antes de acceder al cargo. La reciente sentencia del Tribunal Supremo (que anuló el ascenso de Delgado por considerar que el fiscal general había actuado con “desviación de poder”) y su rechazo a pronunciarse sobre la futura ley de amnistía, le han colocado en el centro del debate político. La comparecencia de este jueves, preceptiva antes de la toma de posesión del fiscal, estaba predestinada a ahondar en esta situación y así ha ocurrido.

En su primera intervención, García Ortiz ha respondido algunas de las críticas recibidas en los últimos meses e incluso a la sentencia del Supremo, en la que se hacen “una serie de afirmaciones” sobre las que no ha podido pronunciarse. “No he sido parte, ni como demandado, ni como interesado, ni he sido oído en el procedimiento. Unos severos términos que aprecian circunstancias subjetivas en las que mi parecer no ha sido escuchado y sobre cuyas conclusiones no puedo ejercer ningún recurso (...) aunque del contenido de la sentencia pudiera interpretarse otra cosa”, ha advertido el fiscal, que ha defendido que el nombramiento de Delgado se hizo “atendiendo estrictamente a los principios de mérito y capacidad”. “Mantengo además sin ambages la siguiente reflexión: solo la atribución de la primera categoría al Fiscal General del Estado saliente le asegura una absoluta independencia de criterio durante su mandato”, ha añadido García Ortiz, quien ha recordado que esta fue la razón que llevó a sus predecesores a proponer para su ascenso a la primera categoría a los ex fiscales generales Juan Ortiz Úrculo y María José Segarra.

Pero la respuesta más dura se la ha dado el fiscal a los ocho vocales conservadores del CGPJ que le consideraron no apto para el cargo. “Esa menguada mayoría parece haberse autoatribuido ex novo una función de fiscalización de la actuación del fiscal general del Estado, como si se tratara de un órgano jerárquicamente superior”, ha dicho el fiscal, que ha lamentado que el consejo se pronunciara como lo hizo sin darle audiencia. “Se convirtió nuevamente en un tribunal de honor al que fui sometido por ocho vocales, sin un expediente previo, sin alegaciones y sin rigor, pues acudieron a fuentes todavía desconocidas para mí”.

Algunas de las afirmaciones incluidas en ese informe, según García Ortiz, son “impropias de juristas de reconocido prestigio”. Como era previsible, dicho informe ha sido una de las armas blandidas por Vox y PP para oponerse al nombramiento de García Ortiz. El portavoz popular, Fernando de Rosa, le ha acusado de “sangrar por la herida. Atacar al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial no creo que sea la mejor carta de presentación”.

Durante su comparecencia, García Ortiz ha desgranado algunos de los retos de su nuevo mandato. Entre sus objetivos, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para atribuir a la Fiscalía la dirección de la investigación criminal, “una asignatura pendiente para la modernización judicial del país”. No parece, sin embargo, que esta norma, que ya se atascó la legislatura pasada, esté entre las prioridades del Gobierno. Este jueves, ante la misma Comisión de Justicia, el ministro Félix Bolaños no la ha descartado, pero ha advertido que debe hacerse “con consenso”, una exigencia casi imposible de cumplir ahora.

García Ortiz se ha referido también a la posibilidad de que se cite a jueces a las comisiones de investigación en el Congreso pactadas entre el PSOE y los independentistas. Y lo ha hecho situándose en la tesis del Gobierno y en la que ha acordado este jueves por unanimidad el CGPJ: “Las comisiones de investigación no tienen como misión revisar las decisiones de los tribunales. El ordenamiento jurídico lo prohíbe.”.