El Poder Judicial insta por unanimidad al Parlamento a que se abstenga de llamar a declarar a jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad este jueves pedir al Poder Legislativo —Congreso y Senado— que se abstengan de citar a jueces ante las comisiones de investigación ya constituidas o que puedan constituirse en el futuro para hablar de los asuntos que tramitan en sus juzgados. En una declaración aprobada en pleno, el consejo avisa de que no autorizará la comparecencia de juez alguno que sea citado por las Cámaras para dar cuenta de sus actuaciones, estimando que tales citaciones pondrían en riesgo la independencia judicial. La resolución responde a la pretensión anunciada por los partidos independentistas que sostienen al Gobierno, ERC y Junts per Catalunya, de llamar al Congreso a jueces a los que acusan de lawfare (guerra judicial contra el adversario político). El Ejecutivo de Pedro Sánchez rechaza apoyar esas peticiones de comparecencias, de modo que previsiblemente estas no prosperarán.

La resolución del CGPJ —aprobada por unanimidad, es decir, con el acuerdo del bloque conservador y el progresista, generalmente enfrentados— comienza mostrando respeto a la autonomía de las Cámaras, al tiempo que advierte de los riesgos que tendría para la independencia judicial admitir las comparecencias parlamentarias de los jueces. Después, expone su postura en cuatro puntos.

El pleno acuerda, en primer lugar, “instar” al Congreso de los Diputados y al Senado a que “se abstengan de citar a jueces y magistrados para que declaren ante las comisiones de investigación constituidas en ellas sobre hechos que hayan conocido en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional”. Se añade que, del mismo modo, los jueces y magistrados “no podrán revelar por escrito, o de cualquier otra forma, hechos o circunstancias de las que hubieran tenido conocimiento por razón de su ejercicio profesional”.

En segundo lugar, el Consejo advierte de que los jueces y magistrados que, “a pesar de lo anterior, fueran convocados a una comisión de investigación, deberán ponerlo en conocimiento inmediato de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, remitiéndole copia de la citación recibida”. Y, en tercer lugar, establece que esa comisión permanente “denegará la autorización de comisiones de servicios a los jueces o magistrados para que comparezcan a declarar ante las mencionadas comisiones de investigación sobre hechos de los que tengan o hayan tenido conocimiento con ocasión de su actividad jurisdiccional”. Por último, el Consejo resuelve comunicar su acuerdo a las presidencias del Congreso y del Senado y a la Red Europea de Consejos de Justicia.

Cinco años con el mandato caducado

“El recordatorio de que cada poder ha de circunscribir su actuación a su ámbito respectivo”, señala la declaración, “ha de completarse con el llamamiento a que se proceda cuanto antes a la renovación de este Consejo y se ponga fin a la anomalía constitucional en la que nos encontramos, cuya duración ha rebasado con creces el límite de lo tolerable”. El PP bloquea la renovación del CGPJ desde noviembre de 2018.

Vocales de ambos sectores, conservador y progresista, atribuyen la necesidad de esta declaración a las múltiples consultas procedentes de jueces y magistrados sobre la eventualidad de que fueran llamados por el Congreso, y sobre la respuesta que a juicio de su órgano de gobierno deberían dar ante tal requerimiento. Algunos vocales de ambos sectores no consideraban indispensable este nuevo comunicado, y se remitían para justificarlo a las manifestaciones del propio presidente provisional del Consejo, Vicente Guilarte, sobre la improcedencia de las citaciones parlamentarias a jueces. Pero finalmente se aprobó volver a pronunciarse a la vista de que esta vez se iba a evitar el choque entre ambos bloques dada la relativa facilidad con que se obtuvo el acuerdo en los puntos esenciales de la declaración.

Guilarte medió para lograr el acuerdo entre sectores. El grupo conservador aceptó moderar los primeros borradores. En este sentido, atendió a la demanda del sector progresista para que en esta ocasión se evitara entrar en críticas de carácter político al Gobierno o los partidos independentistas, centrando la declaración en las normas a las que deben atenerse los jueces para no comparecer en comisiones de investigación parlamentaria en relación con asuntos que hayan conocido en el ejercicio de su labor jurisdiccional.

La aplicación de medidas disciplinarias o penales a los jueces que se desvíen en sus funciones —expone el Consejo— es responsabilidad del propio órgano de gobierno del Poder Judicial o de los correspondientes juzgados y tribunales cuando se trate de delitos. Las comisiones de investigación no reúnen, por tanto, las “condiciones” legalmente exigibles para establecer dichas responsabilidades, por cuanto los integrantes de dichas instancias parlamentarias tienen una “función representativa” que “se desenvuelve en el plano estrictamente político y está orientada y limitada, en lo que aquí importa, a la exigencia de responsabilidades de esa naturaleza”.