Patrimonio Nacional deslegitima a la demandante y solicita retomar las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros

Patrimonio Nacional ha presentado este miércoles en la Audiencia Nacional las alegaciones a la medida cautelarísima adoptada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 para suspender las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros (antes conocido como Valle de los Caídos) tras aceptar el recurso presentado por la nieta de una mujer enterrada en el mausoleo. El escrito de la abogada del Estado, de 42 páginas, recuerda que los restos de la abuela de la demandante, asesinada en 1936 en Madrid, según la asociación Abogados Cristianos, que la asesora jurídicamente, “están plenamente identificados y localizados y no son objeto de las actuaciones de exhumación que está llevando a cabo el equipo forense”, ya que se hallan en una capilla diferente y no hay ninguna actuación allí prevista. Dichos restos corresponden al número de registro 26.291 de los más de 33.800 enterramientos en el valle. El osario donde reposan dichos restos contiene 16 cuerpos identificados con nombre y apellidos y, según atestiguan los documentos entregados a la familia por Patrimonio Nacional, “debido a la inundación que se produjo en ese nivel de enterramientos en 1990, fueron trasladados a la Capilla del Pilar”.

El escrito añade que, “en la ponderación adecuada de los intereses en juego prevalece el interés general, a la vista del gravísimo perjuicio que para el interés público se derivaría de la demora en la ejecución de los trabajos de exhumación”. Hasta 160 familiares, algunos de ellos de edad muy avanzada, han solicitado al Gobierno la entrega de los restos, enterrados en el mausoleo sin su consentimiento, tras haber sido exhumados de fosas comunes durante la dictadura. El auto del juzgado que acordó la suspensión cautelar de las exhumaciones también confunde los términos, ya que paraliza las “inhumaciones” (acto de enterramiento), es decir, lo contrario a lo que se está haciendo.

El escrito recuerda, asimismo, que las exhumaciones se están realizando en ejecución de una “resolución judicial firme”, la del auto del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) de marzo de 2016, en cumplimiento de la ley de memoria democrática, vigente desde octubre de 2022, y de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Asimismo, explica que la intervención forense se desarrolla conforme a “protocolos reconocidos internacionalmente”. Se buscan y se inspeccionan únicamente las cajas donde fueron inhumadas las víctimas reclamadas por sus familiares, rotuladas según su lugar o fosa de procedencia. El resto se deja en el mismo sitio que ocupaban, y los trabajos forenses aprovecharán, además, para adecentar aquellas que estén deterioradas por el paso del tiempo. Una vez localizadas las cajas donde yacen los restos de los familiares buscados, se extraen muestras para su identificación genética, de forma que el traslado de los fallecidos fuera del complejo únicamente se produce una vez que se hayan identificado genéticamente los restos y siempre que esa labor resulte viable con carácter previo a la extracción.

De hecho, el equipo forense que trabaja desde el pasado junio en las criptas para tratar de satisfacer la voluntad de esas 160 familias ha extraído ya para su identificación 270 muestras óseas correspondientes a víctimas de ocho municipios de Aragón y Cataluña. Entre ellos se cree que están los restos del padre de Manuel Lapeña, que falleció en septiembre de 2021, a los 97 años, sin haber visto comenzar los trabajos, pese a que desde 2016 contaba con una sentencia favorable a las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros. Su hija Purificación ha continuado su lucha.

En total, desde el inicio de los trabajos, el equipo técnico, dirigido por el forense Francisco Etxebarria y asistido por agentes de la Policía Científica, han localizado 24 cajas de nueve pueblos diferentes. Las 12 víctimas correspondientes a Aldeaseca (Ávila) ya han sido entregadas a sus familiares. Entre ellos, el padre de Fausto Canales, que dedicó 20 años de lucha ante todas las instancias (acudió a la Audiencia Nacional, a Estrasburgo y a la justicia argentina) hasta lograr recuperar los restos.