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Puigdemont y Turull imponen un cambio de poderes en Junts para desplazar a Laura Borràs de la toma de decisiones

La presidenta del partido es apartada del proceso negociador con el PSOE, tras su condena por fraccionar contratos y con un debate interno para renovar el cuadro de mandos

Junts
El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, y la presidenta de Junts, Laura Borràs, el mes pasado en Bruselas.Europa Press

El cambio de rumbo estratégico que ha impuesto Carles Puigdemont en Junts per Catalunya ha tendido la mano a nuevos aliados, impensables hasta hace bien poco, a la vez que ha relegado de los procesos de toma de decisión a casi todos los mandos del partido, incluso a aquellos que tenían peso específico a la hora de trazar la hoja de ruta. El caso más vistoso es el de Laura Borràs, a quien Puigdemont y Jordi Turull, secretario de la formacion, han apeado del control ejecutivo del partido, pese a que sigue ocupando el cargo de presidenta de Junts. Borràs quedó fuera de la negociación con el PSOE para la investidura y tampoco acudió la semana pasada a Ginebra (Suiza) para consensuar la figura del verificador. “La pelea interna existe, pero si Laura Borràs se va dando un portazo se lleva con ella al 50% de la militancia”, analiza una persona del círculo de confianza de Borràs.

La pérdida de influencia de la presidenta de Junts aflora tras su condena judicial a 4 años y medio de cárcel por trocear contratos públicos y coincide con el interés que anida dentro de la formación para que Puigdemont ocupe alguna posición orgánica. El expresident pilota el rumbo pactista que ahora abraza el partido, pero no representa ningún cargo en el organigrama, lo que le evita acudir a las reuniones ejecutivas y dar explicaciones a la militancia.

Tras el 23-J, Puigdemont le argumentó a Borràs que su condición de condenada judicial aconsejaba mantenerla apartada de la negociación con los socialistas, atendiendo a que una de las claves del trato tenía que ser definir los términos de la amnistía judicial para las causas derivadas del procés. El expresidente se apoyó en Jordi Turull y Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. “El equipo negociador siempre fueron el president, el secretario general y la portavoz en el Congreso”, manifiestan fuentes cercanas a Puigdemont. Cerrando el círculo de colaboradores, el expresident perseguía resguardar con hermetismo los términos de la negociación, incluso a costa de incomodar a Borràs o a otros altos cargos de Junts, como el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet.

La composición se mantiene cuando Junts ya da por superada la pantalla de la amnistía y trata de lograr tratos de otro calado con los socialistas. El pasado fin de semana, en Ginebra (Suiza), Puigdemont solo citó a Nogueras y a Turull para consensuar con el número tres del PSOE, Santos Cerdán, el nombre del verificador internacional. “No se hace nada a espaldas de la presidenta”, matizan desde el entorno de Borràs.

Ella misma ha discrepado de que su condición de condenada judicial pudiera interferir en ninguna negociación, y es categórica cuando desmiente que su sentencia por corrupción pueda ser una carga para el partido. De momento, ha optado por mantener el tono bajo en público, pero en compañía de colegas de la formación, Borràs saca a relucir a menudo una conversación que tuvo con Jordi Pujol, santo y seña para un sector del nacionalismo catalán. Pujol, que ha confesado que su familia tuvo en el extranjero una fortuna sin declarar, le ha reconocido a Borràs la capacidad de no verse salpicada por la “mancha” que suele dejar la corrupción.

Borràs, 53 años, tiene la afición de devorar libros uno tras otro y, luego, aprovecha sus profundos conocimientos literarios para trufar de intelectualidad las citas, en forma de indirecta o recado, que cuelga en su otra gran pasión: las redes sociales. El buen redactado que exhibe, lo mismo que el tono meloso que acostumbra a dar a su voz, no esconde un carácter volcánico y en Junts se observa con especial atención cómo valora la presidenta los pactos cerrados por el tándem Puigdemont-Turull con el PSOE, antaño considerado una especie de bestia negra para el independentismo catalán. “El partido es consciente de que si Laura Borràs dice que el pacto es bueno, la parte más exaltada de la militancia lo considerará bueno”, reconocen desde Junts.

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La líder se apoya en sus buenas dotes de comunicadora para conectar con el sector más excitado del independentismo, aquel que reniega de los métodos de la política tradicional y que defiende la necesidad de que Cataluña quiebre toda relación con España. Borràs ha llegado a escribir un libro donde se define como “Hija del 1 de octubre”, en alusión al referéndum ilegal de 2017. Al ser cesada de su cargo de presidenta del Parlament, le reclamó al partido un sueldo y un coche oficial.

En Junts, las reacciones de la presidenta cobran trascendencia para evaluar el equilibrio de fuerzas en el partido, toda vez que ella ha sido apartada del proceso negociador y se le supone libertad para valorar unos tratos que no la involucran directamente. “La presidenta ha avisado de que hay muchas posibilidades de que esto no salga bien”, admite una fuente cercana a Borràs.

Después de las elecciones, Puigdemont contactó con Turull y Borràs para pedir que dejaran en sus manos las condiciones que iban a poner al PSOE para apoyar la reelección de Pedro Sánchez. Puigdemont, que en 2017 se marchó a Bélgica para evitar ser juzgado, argumentó que se estaba ante una oportunidad histórica de forzar la negociación. Borràs había presumido durante la campaña de que ella siempre le cerró la puerta al PSOE, y recordó que cuando fue diputada en el Congreso ni siquiera le aprobó nunca las cuentas al Ejecutivo socialista. “Durante el mandato del PSOE, el Estado no ha parado de criminalizar el independentismo catalán”, sentenció Borràs en un mitin, una semana antes de las elecciones. En marzo, la presidenta de Junts fue condenada a 4 años y medio de cárcel de prisión y a 13 de inhabilitación por trocear contratos públicos para beneficiar a un conocido suyo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la condenó por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa a raíz de un caso que, según ella, es un ejemplo de lawfare, uso interesado de la justicia con finalidades políticas.



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