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Un agente amnistiable: “No pueden meter en el mismo saco a quienes cumplimos un mandato judicial y a quienes lo desobedecieron”

Uno de los guardias civiles investigado tras participar en la retirada de las urnas en el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña reflexiona sobre cómo le afecta la nueva ley de Amnistía. Es una de las 400 personas encausadas por delitos ocurridos como consecuencia del ‘procés’

La Guardia Civil acude al pabellón polideportivo municipal de Sant Julià de Ramis (Girona) para evitar la votación.
La Guardia Civil acude al pabellón polideportivo municipal de Sant Julià de Ramis (Girona) para evitar la votación.Toni Ferragut

Jorge, nombre ficticio de un Guardia Civil del GRS (Grupo de Reserva y Seguridad, los antidisturbios del instituto armado) es uno de los 73 agentes susceptibles de ser amnistiados por la nueva Ley de Amnistía, presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados esta semana entre una enorme polémica política, judicial y social.

Él está siendo investigado en una causa del juzgado número 4 de Mataró (Barcelona) por tres presuntos delitos de lesiones, daños e impedimento del derecho de reunión, tras intervenir en la retirada de las urnas de algunos colegios el 1-O, el día que se celebró el referéndum ilegal en Cataluña. Hoy, ante la aprobación de la nueva norma, que anulará la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de más de 300 independentistas y 73 policías encausados por el procés, lo tiene claro: “Yo no voy a entrar a valorar si la amnistía está bien o no, pero no pueden meter en el mismo saco a quienes cumplimos un mandato judicial y a quienes lo desobedecieron”, resuelve.

Jorge participó en dos de los operativos policiales más complicados ante el desafío independentista catalán: el asedio a la Consejería de Economía en Barcelona, el 20 de septiembre de 2017, que recuerda como “el peor día de servicio” de su vida; y la retirada de las urnas de los colegios el 1-O, que es por lo que fue procesado. “Yo cumplí con mi deber, que es hacer cumplir la ley, pero ahora nos comparan y nos ponen a la misma altura de quienes la desobedecieron y cometieron delitos, y no: somos partes distintas en el proceso”, reflexiona.

Un proceso que ha durado ya seis años. En los que, para él, se paralizaron sus ascensos profesionales por estar encausado, quedó excluido de posibles condecoraciones por el mismo motivo, y la ansiedad y la desmotivación crecieron al ritmo del vaivén judicial de la causa. “Para los que han hecho cosas que no deben es un premio, pero para nosotros no: ¿quién me devuelve mis horas de sueño, mi descanso, mi tranquilidad mental?, ¿quién rebaja mis picos de ansiedad?, ¿quién repara la desmoralización y la desmotivación laboral que vivimos después de todo aquello?, ¿Y qué pasa con los posibles ascensos perdidos y el estancamiento de nuestra carrera profesional?”, se pregunta. “Tampoco nadie me devolvió la mochila con mis efectos personales y mi documentación nunca, ni me han indemnizado por ello”, señala.

Aquel 20 de septiembre Jorge entró a realizar el registro en la Consejería de Economía a las 8.00 de la mañana, junto a otros 11 compañeros, y no pudieron salir hasta las 8.00 del día siguiente “por el asedio de la gente que se concentró allí”, recuerda. Se calcula que se congregaron unas 50.000 personas para dificultar las labores policiales. La secretaria judicial tuvo que salir por la azotea. “Nosotros no nos íbamos a ir por la puerta de atrás. Saldríamos por donde habíamos entrado, aunque fuera en grúa”, se reivindica.

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Sus coches, aparcados en la puerta, fueron destrozados y desvalijados por los manifestantes. Su mochila desapareció. Recuerda con “impotencia” y con “rabia” aquellas horas en las que no les mandaron apoyo alguno, “habiendo 300 compañeros en el puerto”, y que los Mossos d’Esquadra se limitaron a hacerles llegar seis bocadillos para repartir entre toda la comitiva judicial del registro: “No teníamos nada allí dentro, ni dinero para comprar en las máquinas expendedoras”, relata. “Era tal el hostigamiento en la puerta de la Consejería que hacíamos relevos cada media hora”, cuenta. “Yo no sabía entonces ni quienes eran los Jordis, conocía solo a Oriol Junqueras”, dice. “Fue penoso, acabamos todos llorando de impotencia, de rabia, por lo que nos habían hecho, por lo que nos había pasado”.

Diez días más tarde, Jorge se encontraba retirando urnas en los colegios y centros electorales, que se habilitaron para la consulta ilegal y cumpliendo con la correspondiente orden judicial. “Nos acusaron por un presunto exceso de fuerza, pero los vídeos, tanto los de ellos como los nuestros, demostraron que no existió tal cosa”, asegura. “Tuvimos que forzar la cerradura y hubo forcejeos y empujones, no usamos defensas, solo los escudos, y nos tiraron mesas y sillas, pero bueno, ahí están los vídeos, por eso se archivó”, recuerda. Sin embargo, luego se reabrió tras presentarse un recurso en la audiencia provincial.

Ahora, con esta nueva Ley de Amnistía en curso, sus sensaciones son “una mezcla de vergüenza y desilusión”. “Vergüenza porque, por haber cumplido un mandato judicial, es decir, por cumplir con mi deber, se me pone a la misma altura de quienes incumplieron la ley. Y Desilusión porque llevo seis años investigado por ese motivo, por hacer mi trabajo lo mejor posible, y llegado este punto dudas de tu labor y te planteas si merece la pena. Nos han puesto a los pies de los caballos para nada. Yo soy completamente apolítico, pero lo único que se es que yo no he cometido ninguna ilegalidad. A mí la amnistía no me va a devolver nada”.

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Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".
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